Recientemente hemos conocido a través de los medios de comunicación noticias que nos han puesto a pensar sobre cómo funcionarias del establecimiento contribuyen a debilitar la institucionalidad.
Importantes representantes tanto del poder legislativo como del ejecutivo minimizan los delitos, y además dejan la impresión de que si estos son cometidos por personas del común, son importantes y graves; pero si los realizaron personas de la institucionalidad o de determinada esfera social o del establecimiento, el mismo delito puede tener una connotación distinta y menos importante. ¡Hasta donde hemos llegado!
En el caso del escándalo que se produjo a través de los medios de comunicación, cuando se conocieron los antecedentes judiciales del hermano de la señora vicepresidenta, se tuvo solidaridad con ella, pues nadie responde por los errores de la familia, ni está exento de esta clase de situaciones; pero lo que es lamentable es el hecho de que la Sra. Ramírez en sus declaraciones a la prensa dijera que su hermano se involucró en un negocio fácil y, en consecuencia, fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes, con lo cual no está siendo consecuente con declaraciones que dio en el pasado, en el sentido de que el narcotráfico es un crimen y que no hay narcotraficantes buenos y narcotraficantes malos, sino que todos son malos, y más si en ese delito se vincularon personas para ser usadas como mulas.
Con ello parecería ser que si esta conducta es cometida por cualquier persona que está involucrada incluso en el micro tráfico es un crimen, pero si lo ejecutó su hermano es “un negocio fácil”. Es decir, las perspectivas cambian y la dimensión del delito también.
Así mismo en días pasados se dio a conocer por los distintos medios de comunicación la violación que al parecer cometieron siete soldados a una niña indígena de 11 años perteneciente a la comunidad embera-katíos.
Por su parte la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal en noticias La FM del pasado 25 de junio dijo sobre el particular: la violación a niña embera-katío podía ser «falso positivo contra el Ejército», con lo cual minimiza los derechos de la menor por su condición como tal y de mujer.
Parecería que piensa que los derechos de la pequeña de esa comunidad no tienen la misma importancia que los derechos de otros niños. Esa actitud deslegitima el principio general del derecho que dice que la justicia es para todos por igual, y en tal sentido debe de aplicarse.
La Sra. Cabal con sus comentarios, esta favoreciendo de manera indirecta a los victimarios y no a la víctima que es lo lógico en estos casos, y más aún si es una persona vulnerable.
Es vergonzoso que personas públicas como las que he puesto de referencia en el presente artículo, le resten importancia a los delitos tipificados en nuestro código penal, dependiendo de las circunstancias, de las víctimas y de los victimarios.
¿Será que el mundo se volvió al revés? Con estas actitudes se deslegitima la democracia y se debilita la justicia, cuando estas funcionarias públicas deberían fortalecer la institucionalidad y dar ejemplo de respeto hacia la justicia y la democracia como una manera de ayudar a la cohesión social, y a devolverle al establecimiento la confianza que todos deberíamos tenerle, en lugar de realizar acciones como las que se mencionan, con las cuales se pierde dicha confianza.
