Parecería que en Colombia los pájaros les tiran a las escopetas. Es el caso del Fiscal General de la Nación con respecto a la paz total del presidente Gustavo Petro.
Si bien es cierto que en el país impera la división de los poderes, un tema que en teoría es verdad, pero en la practica no tanto, también es cierto que, según el artículo 22 de la constitución nacional, “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
La paz es un derecho supranacional que está a cargo del Presidente de la República quien es el único que tiene el mando para dirigir las políticas a seguir en estos temas y por lo tanto estas son de obligatorio cumplimiento por parte de las demás ramas del poder público.
El problema radica en que hay que diferenciar según los grupos al margen de la ley con quienes se está conversando, cuáles ameritan un trato bajo los parámetros de la Justicia Internacional como fue el caso del acuerdo de paz entre las extintas FARC y el gobierno Santos y a cuáles se les dará un tratamiento de sometimiento a la justicia bajo la ley penal nacional.
Para nadie es un secreto que el Fiscal General de la Nación se ha convertido para algunos medios de comunicación en el Napoleón colombiano, y ha venido produciendo toda clase de noticias de diversa índole y una de ellas negativas que debilitan la institucionalidad que representa y el Estado de Derecho.
La Fiscalía tiene unas funciones propias que se deben respetar, pero en temas de paz, es el jefe de la rama ejecutiva el que lleva la batuta.
La paz es un derecho invaluable que fortalece la democracia, el Estado de Derecho, y la gobernabilidad, y garantiza el desarrollo.
Recordemos que la amnistía y el indulto son medidas y/o herramientas que hacen parte de los Acuerdos de Paz, y que el Jefe de Estado tiene la potestad de conceder indultos y proponer al Congreso de la República la concesión de amnistías.
Lo importante en los procesos de paz es el objetivo de garantizar a las víctimas y a la sociedad en general el resarcimiento de los daños recibidos, conocer la verdad, fortalecer la justicia, y garantizar la no repetición de los hechos.
Los distintos actores armados que se encuentran en negociación con el Estado colombiano deben ser conscientes de que no puede haber impunidad, lo que es fundamental para el fortalecimiento del imperio de la ley, para devolverle a la institucionalidad su credibilidad, y para que la sociedad civil recupere la confianza en el establecimiento.
Se debe a su vez generar confianza para el éxito de los diálogos, pero con el mensaje claro de que el Estado es el que debe de tener el control territorial del país y garantizar la justicia social, y el fortalecimiento de la ley.
En este orden de ideas, la institucionalidad y las distintas ramas del poder deben apoyar los esfuerzos del jefe de la rama ejecutiva para que se llegue con éxito a la paz total.
