Los colombianos nos indignamos ante las noticias recientes sobre las violaciones de las menores de la etnia Embera Katio, y de la etnia Mukak Makuk en el Guaviare. Lo que sorprende hoy son las revelaciones sobre la posible destitución del sargento viceprimero Daniel Díaz comandante del pelotón Buitre II, quien denunció a los siete soldados que violaron a la menor Embera Katio ante la Policía de Infancia y Adolescencia.
A primera vista uno se pregunta, si en lugar de destituir al sargento Díaz el Ejército debería haberlo premiarlo por haber denunciado ese delito tan execrable y violento; aterra además que al parecer el sargento haya sido amenazado por ese motivo.
La posible destitución del sargento viceprimero Díaz envía un mal mensaje al país, pues al que hace honor a la institución y a los valores de justicia se le castiga, y a los que delinquen se les premia; estos no son los únicos casos en los que el Ejército se ve vinculado a esta clase de delitos, con lo cual hace perder la confianza en la democracia, en la justicia y permea aún más la ya debilitada cohesión social.
El dañino aprendizaje que deja esta posible destitución de dicho miembro de esa institución castrense, es que se pueden seguir violando niñas y mujeres o personas vulnerables y de minorías étnicas, y no pasa nada, por el contrario, se premia. Es decir, el violar los derechos fundamentales de estos seres humanos es un juego y es permisible.
La manera como algunos colombianos miran y tratan a nuestras minorías, a nuestros ancianos y a las personas de escasos recursos económicos, es el resultado de la indiferencia del Estado, que les da un trato de ciudadanos de quinta categoría, negándoles una calidad de vida digna, sometiéndolos a la extinción de sus pueblos, de su cultura, de su territorio, y los deja en manos de los violentos al margen de la ley, sufriendo la falta de educación, de servicios públicos, de agua potable, de oportunidades de empleo y del reconocimiento y respeto que merecen.
Según la noticia que salió en Las 2 orillas de fecha 1 de julio, “son 118 los militares enredados en casos de abuso sexual a menores de edad”. La institucionalidad se comenzó a debilitar desde que se empezó a conocer el tema de los falsos positivos.
Es inconcebible que desde esa época por no hablar de hechos anteriores, el Estado haya sido incapaz de conocer quien o quienes son los autores intelectuales del descalabro de una institución tan prestante como son las fuerzas armadas colombianas, la cual por culpa de unos pocos ha venido perdiendo su credibilidad y siendo conocida por sus violaciones a los derechos humanos.
Unos pocos no pueden opacar a una mayoría que como el sargento que denunció la violación de la pequeña Embera Katio, quieren rescatar la legalidad y la institucionalidad del país.
Si el Estado no purifica el Ejército que tiene como finalidad el proteger a los colombianos y resguardar la soberanía nacional, la corrupción nos matará aún más, y asistiremos al entierro de la gobernabilidad y de la democracia, así como de la cohesión social.
La justicia debe fortalecerse, y la única manera para que ello suceda, es dar un castigo ejemplar a todos aquellos que infrinjan la ley con la comisión de esta clase de delitos. Solo con el ejemplo se educa al pueblo y los violentos aprenderán la lección.
La democracia y la seguridad de una nación, no pueden quedar en manos de los que infrinjan la ley, ni de los que solo piensan en el bienestar de unos pocos. El imperio de la ley como el ejercicio de políticas éticas y que ayuden a reducir las brechas sociales, son las que nos permitirán la reconciliación nacional.
