La capacidad institucional de los países ha sido determinante en el desenlace que la crisis COVID-19 ha tenido en cada territorio nacional. El matemático inglés Kucharski, anunció en una entrevista para El Espectador que “el mundo se dividirá en dos mitades según lo bien que cada país esté controlando la pandemia”, la cobertura de derechos como el acceso a la salud y la educación serán fundamentales, cuestión que para Colombia implica el reforzamiento de esfuerzos por garantizar el acceso a servicios básicos, especialmente, en los territorios en los que no existe una presencia estatal legítima, como sucede en las subregiones PDET.
Mucho se habla por estos días del impresionante logro de Nueva Zelanda que el 10 de agosto reportó cien días sin presentar casos nuevos de coronavirus por transmisión comunitaria. Sin duda, el precoz cierre de fronteras fue un factor de éxito decisivo, igual que el cumplimiento de las cuarentenas propuestas por el gobierno nacional y sus condiciones geográficas que jugaron a favor para evitar la propagación de un virus de origen foráneo. No ha sido menos significativa la iniciativa lanzada en mayo de 2019, por el gobierno de Jacinda Ardern, de destinar presupuesto para el bienestar de sus conciudadanos, priorizando mejoras en la calidad de vida frente a los indicadores económicos y centrándose en la calidad de vida de las personas.
Cifras COVID y PDET
Como el caso de Nueva Zelanda, hemos visto que los países que han mostrado una mejor efectividad a la hora de mitigar los efectos del virus y frenar su propagación han sido aquellos que cuentan con modelos institucionales más centrados en el bienestar de las personas con sistemas de salud funcionales. La ausencia de un Estado Social de Derecho que funcione, permite entender porque Colombia ocupó el puesto 100 en el total de pruebas por millón de habitantes, según, lo señala el economista colombiano Camilo Rey.
En este sentido, las herramientas políticas que contribuyan a fortalecer el Estado Social de Derecho no pueden hacer otra cosa que prepararnos para los retos actuales y futuros que trae consigo la epidemia. Avanzar en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial fortalecerá la capacidad de los municipios más vulnerables y más golpeados por el conflicto armado para sobrellevar el COVID-19.
El equipo de la congresista Juanita Goebertus, ha difundido información detalla de actualizada sobre el avance del virus en los territorios PDET. En los territorios PDET se realizan tan solo 192 pruebas por cada diez mil habitantes, pese a que el 11% de los colombianos viven en las zonas PDET y representan en 7,9% de los casos nacionales, en 155 de los 170 municipios PDET del país.
Bolívar, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia son los departamentos PDET que más casos de COVID presentan en el país, no es menos importante la situación de Chocó, Córdoba y Norte de Santander, con un sistema de salud tan frágil. Carepa (Antioquia), El Bagre (Antioquia), Miranda (Cauca), Tumaco (Nariño) y Puerto Libertador (Antioquia) son los municipios PDET que más fallecimientos por COVID-19 presentan en el país.
Los nuevos retos del PDET
La educación es el pilar con mayor número de iniciativas en los Pactos de Acción para la Transformación Regional (PATR), también, ha sido uno de los derechos más vulnerados durante la epidemia, a continuación, presentación los pilares PDET jerarquizados por número de iniciativas propuestas en los PATR:
- Educación, 7066.
- Reactivación económica y producción agropecuaria, 6041.
- Reconciliación convivencia y construcción de paz, 4540.
- Infraestructura y adecuación de tierras, 3872.
- Salud Rural, 3536.
- Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, 3325.
- Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 2680.
- Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 1748 iniciativas.
Si no se limita la propagación del virus en los territorios PDET, la letalidad sería ser muy alta, por la falta de infraestructura hospitalaria para atender los casos, afirma la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su más reciente informe sobre PDET y epidemia. En el mismo informe, FIP anuncia dos grandes debates que se han gestado sobre los PDET en tiempos de pandemia, primero, si se están invirtiendo o no los recursos suficientes para cumplir con su objetivo. Segundo, al papel de la ciudadanía en el proceso luego de la construcción de los PATR.
Los PDET requieren inversiones cercanas a los 70 billones, durante 15 años, no obstante, el costeo del Acuerdo de Paz y los PDET fue previo a la identificación de iniciativas PDET por lo que puede afectar la disponibilidad presupuestal para los PDET. Un riesgo sobre el cual FIP ha llamado la atención de manera contundente ha sido la disminución de recursos de inversión pública y privada fruto de la desaceleración de la economía nacional, enmarcada en una recesión mundial genera nuevas dificultades para la implementación de los PDET.
Con relación al segundo debate, diversos sectores de la sociedad civil han manifestado su descontento por sentirse marginados del proceso de implementación de los PDET por parte del Gobierno Nacional que ha tendido a la centralización. La participación ciudadana se ha visto menguada por la dificultad de garantizar la participación de la sociedad civil cumpliendo protocolos de bioseguridad en territorios en los que existe una pésima infraestructura de telecomunicaciones, se han reducido las visitas de los profesionales de campo para avanzar en la ejecución y seguimiento de los PDET, similar situación afronta los Planes Nacionales Integrales de Sustitución (PNIS).
La pandemia trae grandes retos, pero también grandes oportunidades de sumar a la legitimidad del proceso de implementación de los PDET.
