La política social tiene dos acepciones: la primera, desde el ámbito académico, que nos sugiere que esta es una disciplina de la ciencia política. La segunda, desde la perspectiva práctica, la cual sugiere que se trata de una intervención política.
Conjugando ambos conceptos, es factible colegir que la política social está dedicada a estudiar- desde una perspectiva teórica- e intervenir públicamente, a nivel estatal- desde una perspectiva práctica- en los efectos materiales e inmateriales del desarrollo inequitativo de las sociedades actuales, las cuales son industrializadas y urbanizadas.
Luego, para ahondar en el objetivo concreto de esta columna, debemos precisar que, la política social como ciencia normativa y como actividad política- siendo aquella su doble dimensión- presenta una misión fundamental, consistente en atender los tres principales fines de la acción social contemporánea. Estos tres fines son: la justicia material, el bienestar social- formal y el orden social- normativo.
Estos fines legítimos se concretan como principios positivizados de la norma de normas, es decir, en la constitucionalización y en la protección de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política. Aquellos derechos sociales, gozan de basta protección legal, empero, la mayoría de ellos carecen de eficacia, o, en otros términos, adolecen una regulación utópica excesivamente incontrolable que reclama un constante desarrollo por parte de las autoridades administrativas.
Es acá donde identificamos el problema global de la política social: infinidad de gobernantes han creído inequívocamente que el desarrollo y la garantía de los derechos sociales se satisface mediante la consagración de disposiciones normativas, descuidando el aspecto más importante para ello: la actuación razonable y ponderada destinada a generar las condiciones que faciliten el desarrollo de la empresa privada, la inversión extranjera y la apertura de pequeños, medianos y grandes emprendimientos nacionales e internacionales.
De nada vale contar con normativa legal, principios constitucionales o jurisprudencia para enmarcar tendiente a “garantizar” la expansión de la política social, si los gobernantes de turno no despliegan con eficiencia, eficacia y efectividad las acciones oportunas y pertinentes para alcanzar dicho cometido. En materia de política social resulta ineficaz la normatividad que regula la misma, principalmente cuando las decisiones de quienes ostentan el poder no van en consonancia con las realidades del territorio.
Ciertamente, lo que nos debe quedar claro es que expandir la política social implica vincular esta con el desarrollo de la empresa privada, la inversión extranjera y el incentivo de emprendimientos de todo tipo y en todos los niveles, tanto más, cuando son potenciales generadores de empleo formal.
El crecimiento económico va ligado- directamente- a la generación de empleo formal; y quienes mejor pueden generar este tipo de empleo son aquellos ciudadanos capaces de crear empresas vigorosas.
La fórmula es sencilla: Empresas vigorosas más generación de empleo formal es igual a crecimiento económico exponencial, tendiente a satisfacer los derechos sociales esenciales para los seres humanos. Aquel que cuenta con empleo de calidad podrá acceder con mayor certeza a derechos como salud, educación y vivienda de calidad. Esto es lo que denominamos expansión de la política social.
Es cierto que los subsidios solidarios para atender a los más vulnerables son indispensables a fin de garantizar amparo y protección general. Aunque, no es menos cierto que la generación efectiva de crecimiento económico se presenta en la medida en que sea factible consolidar un escenario propicio para el desarrollo de la empresa privada y la inversión extranjera. Aquella tendría que ser la tarea de cualquier gobierno contemporáneo dado que el tema no es de normas, decretos, principios o jurisprudencia, sino de promoción de acciones para consolidar a corto y mediano plazo expansión en la política social.
La inversión social también juega un papel trascendental, pero sabemos que aquella se queda corta si no es entrelazada con el apoyo a las iniciativas privadas que contribuyen al crecimiento económico de la nación. El tema no radica exclusivamente en que el Gobierno invierta en garantía de derechos sociales, sino también en que luego de generar las condiciones propicias para crecer, los particulares (nacionales y extranjeros) puedan aportar al desarrollo y al bienestar del Estado mediante sus iniciativas privadas.
