La movilización y protesta son derechos consagrados en la constitución nacional. Mecanismo idóneo de participación popular para cuestionar medidas proferidas por los gobiernos que afecten el interés colectivo. El Estado debe brindar las garantías para ejercer ese derecho.
La vida y la integridad personal también son derechos consagrados por la carta política a favor de los ciudadanos y es deber del Estado velar por ellos protegiendo el bien más preciado del ordenamiento constitucional que es la vida.
Traigo a colación estos derechos fundamentales ante la disyuntiva en que se pueda encontrar el estado para garantizar el cumplimiento de los mismos.
Y lo planteo de esa manera ante el inminente paro nacional convocado por las centrales obreras como reacción al desconocimiento de las normas laborales y a la reforma tributaria que afecta notoriamente a las clases medias y populares. Y por otra el deber que le asiste al estado de garantizar y proteger la vida de sus ciudadanos y más aún cuando hay una pandemia mortal.
Pero en este caso, protesta versus vida , cuando se encuentran derechos constitucionales fundamentales confrontados le corresponde al Estado priorizar su protección y debe por ende escoger cuál de esos derechos prima sobre el otro.
No dudo en que el derecho preferencial es la VIDA y por ello el estado desplegará todas las acciones legales para garantizarlo .
Lo planteo de esa manera ya que el salir a protestar, legítimo derecho , por calles y plazas de Colombia implica el desconocimiento de normas proferidas sobre la pandemia del COVID en cuanto al aislamiento social para evitar los contagios y que conllevan en gran medida a la muerte. Manifestarse colectivamente en esta coyuntura implica un gran riesgo para la vida , una sobrecarga al sistema de salud y un acto descabellado de irresponsabilidad. Por ello el gobierno debe reunirse con los promotores de la protesta y manifestarles la inconveniencia de hacerla en este momento utilizando la movilización, cundo se pueden utilizar otros mecanismos de protesta que no impliquen riesgo a la vida e integridad personal de los colombianos.
En ese orden de ideas el estado deberá preferir la protección a la vida y por lo tanto persuadir a los manifestantes sobre su inconveniencia en este momento y neutralizar la protesta que implique movilizaciones populares que incrementen el contagio y por ende la muerte.
Sensatez es lo mínimo que se exige en momentos de angustia y muerte.
