En momentos en que Colombia vive desde hace más de dos meses un estallido social de grandes proporciones, sorprende el gobierno Duque con una propuesta que pretende cercenar el derecho a la protesta, consagrada en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional, al anunciar un proyecto de ley para fijarles límites y diferenciarlas del vandalismo.
Inicialmente lo que se le viene a uno al pensamiento es que, ese proyecto, busca limitar derechos fundamentales como el de movilización, de protesta, de expresión ciudadana, de libertad de pensamiento, de libertad de expresión y de prensa y también, algo más grave, que sería el de criminalización de la protesta ciudadana.
Eso, se pondría en riesgo y el gobierno nacional en muy mal momento lo propone, si el mundo entero, el presidente Joe Biden, el Congreso de los Estados Unidos, la ONU, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch con su director José Miguel Vivanco a la cabeza, y otros organismos internacionales, cientos de ONG le han reclamado al gobierno nacional su mal manejo de la protesta pública en Colombia.
Además de haber un estallido social por fundamentos y motivos ha habido un manejo absolutamente represivo, con un comportamiento, por supuesto, indebido, de algunos infiltrados en los manifestantes que hay que reconocer y censurar, pero también de la fuerza pública cuando tuvo en sus operativos de control a civiles armados disparando armas letales y las exageraciones que las ha reconocido el mismo gobierno y la fuerza pública del ESMAD.
Ahora, la prensa internacional como The Guardian de Londres, The Washington Post de Estados Unidos y otros medios de comunicación de gran escala mundial, han reiterado la crítica al gobierno de Colombia, pero el gobierno no escarmienta, de que no esta en buen momento de reconocimiento, en primer lugar, de un buen gobierno, y de un gobierno que garantiza los principios de democracia fundamentalmente.
Por qué antes de promover una Ley Antidisturbios, no se promueve una ley anti desempleo, anti falta de oportunidades, ante negativa y desconocimiento de las oportunidades de los jóvenes, de los campesinos, de los estudiantes y los universitarios. Es porque no tienen educación que están marchando, porque no tienen trabajo, porque no ven futuro en ellos, ni en su familia. O por qué no más bien como el país y el mundo le exigen, no se hace una reforma policial estructural que garantice los derechos humanos.
El hecho de que ha habido disturbios y manifestaciones de violencia graves, no puede de ninguna manera desconocerse, que ellos están reclamando contra un gobierno, contra un Estado y una sociedad que los ha excluido durante muchos años y encontró motivo con éste paro para expresar su inconformidad, su insatisfacción y solamente han recibido del Estado y del gobierno, bolillo, garrote, represión y no una estrategia fundamental de buen gobierno, política pública, de empezar a revisar la gravísima situación que ellos promueven.
Entonces, es mejor promover, leyes, política pública, programas, planes de desarrollo e inversión para cambiar la situación que viven nuestros muchachos, nuestros jóvenes, porque la deuda es con ellos y está a cargo del Estado, de la sociedad colombiana y de todos nosotros, no podemos salirles con que además de no darles respuestas y de no administrar a favor de ellos, tampoco puedan salir a protestar, como efectivamente lo han hecho y que les ha caído más la fuerza que las respuestas.
Por eso, debemos hacer un análisis muy profundo en el Congreso de la República, reiteramos desde ya nuestra oposición a esta iniciativa que vulnera derechos ciudadanos y reconfirma que estamos ante un gobierno indolente, que poco le importa las reclamaciones sociales de sus ciudadanos, pero que sí privilegia a los mega ricos, al gran empresariado, a los industriales de éste país y que da enormes gabelas a las multinacionales.
Ojalá estas protestas sociales sirvan para que el país reaccione y se pronuncie en las urnas para cambiar el rumbo de Colombia y darle paso a gobiernos progresistas, de avanzada, que invierta en lo social, que defienda la paz y que combata el narcotráfico, la corrupción, la pobreza y el contrabando, que son los grandes males que hoy no dejan avanzar a nuestro país.
