Es lamentable que exista dentro del Estado colombiano un Estado más poderoso en manos de los delincuentes que no solo vulneran los derechos fundamentales de los colombianos en algunos departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca y Valle del Cauca entre otros, sino que imponen sus propias reglas y formas de gobernar.
Lo más triste de todo ello es que el gobierno tenga el cinismo de mostrar unos buenos resultados en la lucha contra las bandas y los grupos alzados en armas, cuando las Naciones Unidas le solicitaron en distintas épocas de manera insistente implementar políticas públicas efectivas para controlar estos grupos ilegales y parar la violación de los Derechos Humanos en algunos de los territorios del país.
Lo peor de todo es que la delincuencia se ha fortalecido de tal manera que penetra la institucionalidad y que impide que el Estado tenga éxito en su lucha. Claro que lo que se observa es la falta de voluntad política, pues las Naciones Unidas han solicitado un sinnúmero de veces el cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que este incremento de la violencia se debe en una gran parte a la no ejecución correcta de estos acuerdos, y a la falta de control del Estado en las poblaciones abandonadas por las ex -FARC.
Es inconcebible y aberrante escuchar en las noticias que en el departamento del Cauca y en otras zonas del país existan redes de prostitución en las que se obliga a las niñas de 10 años en adelante a prostituirse so pena de matar a su familia.
Parece que algunos gobiernos olvidaron la constitución colombiana en la que dice que es obligación del Estado controlar su territorio y garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos y de los residentes en el país, así como proporcionarles calidad de vida.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para la ONU señaló recientemente según la noticia del diario El Tiempo de fecha 26 de julio titulada Michelle Bachelet expresó su apoyo a la ‘paz total’ del gobierno Petro, que “es deber del Estado proteger a la población de la violencia, y hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso instamos al Gobierno a que adopte políticas públicas para responder eficazmente a la violencia y prevenirla, en cumplimiento de las obligaciones de Colombia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha venido de manera permanente alertando al gobierno, informando y solicitándole controlar y erradicar la violencia en los territorios, así como proteger a la población civil en estas zonas, pero al parecer esto no ha tenido eco.
En su reciente informe que es escalofriante dio recomendaciones tanto al gobierno Duque como al presidente electo para que se implemente una serie de medidas urgentes a fin de dar solución a esta grave situación de orden público.
Quiera Dios que el presidente electo que ha dado señales de que le importan los colombianos que padecen la violencia, tenga la respuesta necesaria y acabe con ello no solo los asesinatos de líderes en general, sino que se haga presencia con inversión social y pie de fuerza.
Es hora de que se dejen los discursos mentirosos y se entre a la verdadera acción, pues todos los colombianos tienen el derecho a la protección estatal y el territorio debe estar bajo control del Estado.
Como se diría en el argot popular, hasta el momento “mucho tilín tilín” del actual gobierno, y cero resultados; y si por el contrario los grupos y las bandas al margen de la ley han aumentado enormemente.
Hasta el momento nos preguntamos quien gana con el incremento de la violencia en el país, o para que les sirve a las fuerzas armadas tener tantos pergaminos y entrenamientos, y contar con tanto personal, si no son capaces de controlar el territorio colombiano y acabar con los delincuentes.
