LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL

El Gobierno y Congresistas han presentado una reforma constitucional mediante proyecto de Acto Legislativo para crear en Colombia una nueva jurisdicción que sería la Jurisdicción Agraria y Rural. Se suma a las otras jurisdicciones existentes: penal, civil, laboral, contenciosa administrativa, etc.

Habría una Corte, tribunales y juzgados de la Jurisdicción Agraria y Rural, procedimientos propios, jurisprudencia, etc.

Es de gran oportunidad y necesidad esta iniciativa. En Colombia hay un déficit enorme de institucionalidad específica para atender un tema tan medular en la vida social económica y política del país como es el asunto de propiedad y tierras rurales, fuente fundamental de vida, oportunidades y también de graves conflictos históricos por decenas de años.

En Colombia históricamente hubo mucha reticencia para implementar esta modalidad específica de justicia. En 1936 con la Ley 200 se crearon jueces de tierras, pero posteriormente esta función fue asumida por jueces civiles ordinarios. Solo mucho después con ocasión de la Ley de Víctimas y restitución de tierras 1448 se creó la Unidad de Restitución de Tierras y con ella escasos 40 jueces y 15 magistrados para todo el país.

Habiendo tantas necesidades de resolver conflictos sobre propiedad de tierras pero también de uso, tenencia , posesión etc, de bienes inmuebles rurales es urgente y conveniente de disponer el fortalecimiento del Derecho Agrario, de la institucionalidad agraria, de la jurisprudencia, del derecho procesal agrario. Lo que pretende esta iniciativa que deberá complementarse mediante una ley reglamentaria.

En el 80% de los municipios con PDET, los de más alta conflictividad, no hay jueces de tierras, ni centros de conciliación, ni casas de justicia. Este déficit agudiza la falta de convivencia. Los conflictos sobre inmuebles son superiores en tres veces en el sector rural que en el urbano. Y la institucionalidad y justicia está solamente presente en ciudades.

La Corte Agraria y Rural será tribunal supremo de cierre de la jurisdicción. Resolverá recursos tramitados en tribunales y dirimirá conflictos de competencia.

En resumen habrá garantía de acceso a la justicia en una especialidad muy presente en la vida de los colombianos residentes o relacionados con el sector rural que son varios millones hoy sin cercanía a la institucionalidad que les garantice el uso efectivo de sus derechos.

Sigue acertando el nuevo gobierno.