Si la corrupción es el cáncer que corroe a la sociedad colombiana, el sistema electoral es uno de los canales a través de los cuales se alimenta y reproduce. Por eso la reforma electoral no solo es necesaria para profundizar la democracia sino que es indispensable como uno de los instrumentos para disminuir la corrupción en la política.
La forma como funciona el sistema electoral en Colombia ha propiciado el incremento de la apropiación privada de los recursos públicos –que es una de las principales manifestaciones de la corrupción- por dos vías: una, la atomización de los partidos políticos con la conformación de microempresas electoreras y, la otra, el exagerado aumento de los costos de las campañas electorales financiados por contratistas privados que después exigen el retorno de su inversión en los candidatos.
La propuesta de la Misión Electoral Especial, pactada en el Acuerdos con las Farc pero conformada por académicos y politólogos independientes, contiene varios elementos útiles y necesarios para reducir y controlar la nefasta influencia de los capitales privados en la elección de mandatarios y representantes a corporaciones públicas y, por lo tanto, en las decisiones y adjudicaciones de contratos que estos realicen cuando llegan al poder. Señalo tres de ellos.
El primero, el reemplazo del voto preferente por la lista cerrada en las elecciones a Congreso, Asambleas y Concejos. Sin voto preferente se reduce la compra de votos porque se rompe el vínculo entre el voto y el beneficio personal y es difícil que un candidato saque dinero de su bolsillo o del de sus contratistas amigos para promover una lista en lugar de su nombre propio.
A esta propuesta habría que añadir la del referendo contra la corrupción de la senadora Claudia López, de limitar a tres períodos las posibilidad de ser elegido a una corporación pública, con la salvedad que se debe limitar también el nepotismo de heredar votos y feudos electorales para que se burle la limitación permitiendo que los hijos o esposas reemplacen a los candidatos.
La segunda, el aumento de la financiación estatal de las campañas y límites más estrictos a los aportes privados. Para que no sea un saludo a la bandera se propone también el fortalecimiento de los mecanismos de control con la despolitización del Consejo Electoral y la creación de una nueva Corte Electoral que permita más celeridad e independencia en la investigación y sanción de las violaciones al régimen electoral.
La tercera, complemento necesario de las anteriores, es la exigencia de mayor democracia interna en los partidos y organizaciones políticas y la mayor responsabilidad que deben asumir en todo el proceso electoral, desde el otorgamiento de avales hasta el manejo de dineros y no violación de los topes de gastos.
Propuestas de reformas similares a esta han fracasado varias veces en el Congreso por los intereses particulares de los congresistas beneficiados de la operación del actual sistema electoral. Es de esperar que en esta ocasión, con las restricciones que impone el fast track a las modificaciones a los proyectos de ley, si se logre la aprobación de estas medidas
La reforma electoral debe llevar a la desprivatización de la democracia para que en las elecciones no impere más el principio de un peso un voto.
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ADENDA: La mejor respuesta a las críticas del católico, pero sancionado por corrupto, ex Procurador al decente Ministro de Salud por ser ateo es el mensaje del Papa Francisco: mejor ser ateo que un católico hipócrita.
