Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y reconocido investigador, acaba de lanzar su libro: ”Seguridad y justicia en tiempos de paz”.
El texto desarrolla con base en la más actualizada información disponible temas críticos del postconflicto y describe con meridiana claridad lo que viene ocurriendo en los territorios abandonados por las FARC que abarcan 281 municipios del país, donde se entrecruzaban presencia guerrillera y actividades ilegales.
Ávila afirma con sobradas razones que el gobierno está fracasando en su anunciada intención de copar estas áreas candentes en proceso de rápida invasión por el ELN, el Clan del Golfo y las bacrim, ahora denominadas “grupos armados organizados.”
Las FARC, que durante más de 50 años dominaron en esos vastos territorios donde el Estado de derecho nunca pudo implantarse a causa del conflicto, dejaron un gran vacío ya que, en consonancia con sus estrategias de guerra y su accionar insurgente, eran ellas las que se encargaban de regular la convivencia entre los pobladores, la administración de justicia, la seguridad y las rentas producidas por sus habitantes.
Ejercían un control despótico paralelo, al margen de la legalidad, y en contravía de la normatividad constitucional vigente en el resto de Colombia, que sin embargo resultaba expedita y eficaz para mantener a raya la conflictividad social, ahora en plena crisis eruptiva.
Frente a la anarquía criminal en ascenso el Estado paquidérmico no parece reaccionar a la velocidad que se requiere.
Para nadie era un secreto que gestionar adecuadamente el posconflicto implicaría retos mucho mayores que los de suyo enormes de la propia negociación, pero resultaba imposible prever que el panorama se pudiera complicar de manera tan extraordinaria.
La pérdida del plebiscito frenó en seco la programación oficial para poner en marcha el Acuerdo. Los campamentos destinados al alojamiento de los insurgentes todavía no acaban de construirse. La logística para hacer posible la entrega de las armas sigue estando cruda. No avanzan las reformas indispensables de una fuerza pública enorme integrada por casi medio millón de efectivos, que adecuadamente reorganizada y acompañada por una justicia operante, debería bastar para hacerle frente a los desafíos del desgobierno que produjo la partida de las FARC y que ahora demanda sin dilaciones la espiral delictiva.
Los casi 16 años que Álvaro Uribe y sus “buenos muchachos” han dedicado a envenenar por todos los medios y especialmente a través de las redes sociales a la opinión pública, en una coyuntura enrarecida de posverdades y falsedades impúdicas, han polarizado a la sociedad colombiana y pueden pasar factura en las próximas elecciones.
Tampoco ayuda la economía, impactada por la abrupta caída de los precios del petróleo que entraba su capacidad de crecer y trae malos augurios para el empleo y la generación futura de bienestar.
