La decisión de la Corte Constitucional declarando inexequibles los literales H y J del Acto Legislativo 01 de 2016, el mismo que le dio luz verde al instrumento expedito para implementar los acuerdos de paz llamado Fast Track, lo limita profundamente, creando un tufillo de incertidumbre por parte del Estado en el cumplimiento de lo pactado.
El fallo acaba con el seguro de votar en bloque y que las modificaciones al texto solamente se podían modificar con el aval del Gobierno. Ahora la oposición puede dilatar el trámite legislativo, formulando múltiples proposiciones en cada artículo, requiriendo mayor tiempo que el previsto.
La Corte mantiene el Fast Track, convertido en un procedimiento lento que riñe con la vía rápida prevista en el instrumento legal para la implementación de lo acordado en La Habana. Tampoco afectó la normativa ya tramitada y trascendental como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ley de Amnistía, la ley que creó el partido político de las Farc y la que blinda el Acuerdo mismo.
Sin duda se siente el golpe, y ahora le corresponde al Gobierno ejercer un liderazgo fuerte y hacer un doble esfuerzo, propio del Gobierno Santos, para sacar adelante lo que falta por Fast Track. Los acuerdos son para cumplirlos. Y no estamos hablando de cualquier acuerdo, nada más ni nada menos que del bien superior de la paz. Tal vez en Colombia es el único país del mundo donde hay opositores a un acuerdo de paz. Acá la paz polarizó al país y muchos hacen leña electoral.
Lo que ha pasado con la Corte y lo que pasa en muchas decisiones políticas alrededor de este tema, se da porque pareciera una ingenuidad sin límites del Gobierno, que no es previsivo, no tiene malicia, actúa como si estuviera en “Dinamarca” y estamos es en “Cundinamarca”, como lo dijera un famoso político bogotano. Estamos en un país de leguleyos, donde no hay seguridad jurídica.
Les asiste la razón a las Farc en la incertidumbre que causó el fallo de la Corte, máxime cuando estamos a escasos ocho días del “Día D” (29 de mayo), fecha en que deben entregar las armas cerca de 7 mil guerrilleros acantonados en los campamentos veredales, en donde los insurgentes dejan de ser un grupo armado al margen de la ley para incorporarse en nuestra sociedad, convertidos en grupo político, reconociendo nuestro Estado Social de Derecho, nuestras instituciones y autoridades.
Buena prueba para los partidos que respaldan el proceso de paz, a quienes les corresponde disciplinar a sus bancadas parlamentarias para responder a los colombianos en el anhelo de paz. Llegó la hora del compromiso por la paz sin dilación.
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