El sábado 17 de junio un artefacto explosivo camuflado en un baño del centro comercial Andino en Bogotá cobró la vida de tres mujeres y dejó a varias personas heridas. Transcurridos pocos minutos de los hechos comenzaron a barajarse diversas hipótesis en los medios de comunicación sobre quienes podrían ser los autores de tal barbarie. Cobró particular fuerza la versión según la cual los responsables serían una célula terrorista urbana denominada Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), de reciente creación y que, acorde con los organismos de inteligencia, está integrado por personas que han sido entrenados por el ELN en Venezuela para el manejo de explosivos y, además, son responsables de otros atentados terroristas con el mismo modus operandi en diferentes ciudades del país.
El 24 de junio llegó la noticia que tanto estábamos esperando: la Fiscalía General de la Nación había realizado las primeras capturas por el atentado al centro comercial Andino. Nueve jóvenes fueron puestos a disposición de un juez de garantías para formalizar su aprehensión, y ocho capturas fueron legalizadas; el noveno quedó en libertad por un error de procedimiento. En un país acostumbrado a la ineficiencia generalizada de su sistema de administración de justicia, sorprendió la agilidad en los resultados de la investigación; no habían pasado siquiera dos semanas del execrable y sanguinario acto y ya había presuntos responsables sobre quienes las autoridades afirman tener pruebas “sólidas” de su culpabilidad.
Contrario a generar tranquilidad en la ciudadanía, la noticia de las capturas causó gran controversia toda vez que las autoridades y los medios de comunicación insinuaron que el MRP “tenía origen en las universidades públicas”, y varios de los capturados eran egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Las redes sociales estallaron: en Facebook, Twitter y en los foros de discusión de los diferentes medios de comunicación se veían centenares de comentarios en los que se llegó a afirmar que las pruebas en contra de los capturados, que aún no se han dado a conocer en forma oficial, eran “ridículas”, “miserables”, “insuficientes” e, incluso, se tachó el operativo que llevó a las capturas como un “falso positivo” por parte de la Fiscalía.
Esta tesis del “falso positivo” tomó fuerza rápidamente en la opinión pública pues estamos ante una Fiscalía que aún no se recupera del descrédito obtenido con la imputación de cargos ligera e irresponsable a Sigifredo López, pretendiendo convertirlo de víctima en cómplice en el secuestro y posterior asesinato de sus compañeros diputados de la Asamblea del Valle, ni de los recientes escándalos de corrupción que afrontan diversos funcionarios de dicha entidad. Hay quienes han llegado a sugerir que con estas capturas se buscaba acallar el escándalo que ha generado la aprehensión con fines de extradición de Luis Gustavo Moreno, director anticorrupción de la Fiscalía y cuya captura venía gestionándose desde la semana pasada. Prevaliéndose del bien ganado descrédito de la Fiscalía, no es difícil que este tipo de teorías conspirativas hagan carrera.
¿Verdaderamente estamos en presencia de un “falso positivo”? Por el momento no es posible saberlo. Mucho se ha hablado sobre el perfil de los jóvenes a quienes se acusa del atentado terrorista y hay quienes defienden a toda costa su inocencia, argumentando que se trata de jóvenes profesionales, trabajadores íntegros e idealistas. El juicio aún no ha comenzado y la Fiscalía todavía no ha revelado las pruebas que tiene en contra de ellos. Que un noticiero publique un par de fotos no quiere decir que ese sea todo el material probatorio que sustenta la acusación contra los presuntos autores del crimen.
El hecho de que la Fiscalía haga una acusación no implica necesariamente una condena. Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido un proceso judicial altísimamente garantista en el cual cada uno de los sindicados podrá demostrar su inocencia, si a ello hay lugar. A partir de la imputación de cargos que haga el fiscal, el juez deberá valorar todas las pruebas, a favor y en contra, y tomar una decisión en derecho. Además, no podemos olvidar que dentro del proceso penal también interviene la Procuraduría y que eventualmente la decisión que tome el juez será revisada por un juez de segunda instancia y seguramente llegará en casación a la Corte Suprema de Justicia. El camino que inicia es largo pero nos conducirá a la verdad.
Presentarse ante un juez por una acusación de terrorismo es algo que lesiona severamente la dignidad y honra de una persona, pero todos tenemos la obligación de comparecer ante las autoridades cuando seamos llamados a tal fin. En caso de tratarse de un “falso positivo”, el país lo sabrá y los jóvenes tendrán derecho a una sustancial indemnización económica por el horror por el que los hicieron pasar; en caso contrario, de ser hallados culpables, el país tendrá justicia y las victimas, verdad.
En una sociedad acostumbrada a la justicia espectáculo tipo reality show, es necesario hacer un llamado a la calma y permitir que la justicia siga su rumbo. La culpabilidad o inocencia de una persona no la determinan sus fotos del anuario, los relatos de sus padres o amigos o las fotos que publican los noticieros. Evitemos pecar de idiotas al opinar sobre algo que desconocemos, y dejemos que sean los jueces quienes decidan. ¡Zapatero a tu zapato!
