En lo que va corrido del año son ya cinco los municipios de diversas regiones del país que mediante el mecanismo de la consulta popular le han dicho no a las actividades extractivas en sus territorios. En todos los casos la ciudadanía ha respondido con un contundente NO del más del 90% de los votantes, dando un duro golpe a empresas y demostrando la efectividad de este tipo de mecanismos.
EL primero de los casos fue el del municipio de Cabrera Cundinamarca, el cual se opuso a las actividades que pretendía realizar la empresa ENGESA. Los dos últimos son el caso de los municipios de Pijao en el Quindío y Arbeláez en Cundinamarca, amos en contra de la minería. Pero los dos mas relevantes son los casos de Cumaral en el Meta y Cajamarca en el Tolima, el primero en contra de las actividades de exploración petrolera y el Segundo el más mediático de todos ya que afecto directamente a la multinacional AngloGold Ashanti y su proyecto de mega-minería aurífera “La Colosa”; meses después del resultado de la consulta, la empresa decidió suspender de manera indefinida las actividades en la zona.
Estos resultados son la evidencia de la creciente conciencia pública con respecto a los temas ambientales y cómo la comunidad está activando por la vida democrática los mecanismos de participación que se establecen en la constitución de nuestro país, demostrando algo poco usual n el acontecer nacional, unanimidad y consenso social en cuento a un tema. Pero en este escenario, ¿cuales son alcances de dicha expresión ciudadana y las implicaciones que puede generar este rechazo generalizado?.
En primer lugar es necesario tener claro que las actividades mineras y petroleras son una muestra muy importante de la economía del país, es más el petróleo en el 2015 represento cerca del 8,4% del PIB y las empresas mineras y petroleras son los principales aportantes al sistema nacional de regalías que financia varios proyectos de infraestructura pública, por ende son una parte fundamental de las finanzas del estado, y al verse afectadas estas actividades también se verían afectada la economía del estado, tanto así que el Orlando Velandia, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aseguro que ocasionarían la generación de más impuestos.
Este argumento económico es uno de los fundamentales de los defensores de las actividades extractivas, al que suman la potestad del estado sobre el subsuelo ya que es el ministerio de minas a nivel nacional quien otorga los títulos mineros y en su interpretación es el gobierno central quien tiene potestad del subsuelo. Pero partiendo de este argumento, la constitución de 1991 el “Estado” es el dueño del subsuelo y por ende TODOS los niveles de gobierno pertenecen al Estado, incluyendo los niveles locales como las alcaldías tienen el derecho de participar en la toma de decisiones sobre el recurso del cual también son dueños, reconociendo que los son locales quienes más conocen su territorio y además son los legalmente son los competentes para organizarlo según la normatividad del ordenamiento territorial.
El trasfondo de todo esto podría resumirse en el modelo económico del país que sin lugar a dudas es profundamente extractivita y que en muchas ocasiones ha pasado por encima del medio ambiente procurando solo beneficios económicos a unos pocos generando externalidades negativas muy graves. Muchos académicos coinciden que los aportes reales a la sociedad de las empresas mineras a su entorno de operación es muy bajo, está comprobado que no necesariamente existe una relación minería-bienestar, es más muchos de los municipios mineros tienen índices muy altos en necesidades básicas insatisfechas.
Aunque no es claro el mecanismo jurídico de implementación de los resultados de las consultas populares, el mes pasado el Consejo de Estado dio un espaldarazo a las consultas fallando en contra de una demanda interpuesta contra la consulta popular de Cumaral, en dicho fallo afirmo: “La consulta popular es una manifestación de contenido político con plenas consecuencias jurídicas, en tanto el pueblo se pronuncia sobre una cuestión importante de interés nacional, regional o local. Luego, ese pronunciamiento obliga al gobernante y debe incorporarse al ordenamiento jurídico nacional, regional o local, según sea el caso, mediante la expedición de leyes, reglamentos o actos administrativos de contenido particular y concreto”. Dando más fuerza a los efectos vinculantes de los resultados y demostrando que son prueba grande de legitimidad.
Todo esto más que un problema, debe verse como una oportunidad y un reto, ya que cuestiona los modelos de desarrollo y financiero del país, que a falta de la minería tendrá que buscar opciones diferentes. Desde mi perspectivita, que exista una unanimidad tan marcada puede ser aprovechada para generar nuevos proyectos y buscar alternativas más sostenibles y que realmente beneficien a la comunidad donde el Estado debe pensar en función de los pobladores dejando atrás la salida fácil del extractivismo, por ende este tema debe ser parte fundamental de la agenda política del país.
