Aclimatar la paz y afrontar con éxito el posconflicto es una tarea titánica.
Demasiadas amenazas conspiran para sabotear el acuerdo. Sobre un telón de fondo de violencia enquistada por decenios en el corazón y en la mente de los colombianos será muy difícil que el ánimo de reconciliación plasmado en la negociación política pueda encontrar cauce.
¡Qué fácil resulta a los promotores de la guerra incendiar las redes sociales utilizando la calumnia como estrategia de agregación política!
Y que tan maleable y desprovisto de sentido crítico se muestra este electorado impulsado a ramalazos de odio por un caudillo mesiánico cuya ambición de poder no conoce límites, conveniencias nacionales ni talanqueras éticas.
Y, además, qué lamentable y anómalo espectáculo de degradación democrática constituye la existencia de una bancada parlamentaria movida por los dedos de un titiritero habilísimo, dueño y señor de los votos y por tanto de las voluntades de ese grupo de congresistas que no tuvieron que buscar su valencia en la opinión, que no están obligados a responderle al país, ni a su región, ni a un electorado que pudiese elegirlos en razón de sus propios méritos y ejecutorias al servicio de la colectividad, y cuyo único deber es el de la sumisión absoluta a quien les regaló la curul, como se ha evidenciado sin ninguna fisura a lo largo de su accionar legislativo.
Una palabra de Uribe basta para enlodar un nombre, para exacerbar los odios de tantos colombianos frustrados, para degradar y envenenar el necesario debate político del país. Lejos está del líder responsable y digno que tendría que ser.
Al fin los periodistas reaccionaron unidos en aras de la verdad y el respeto, en defensa de la vida y de la reputación de Daniel Samper Ospina, poniéndole de presente al jefe del Centro Democrático, en carta abierta, su deber inexcusable de ajustarse a unos comportamientos, plasmados en la Constitución y en la normatividad y que son los mínimos que se esperan de cualquier ciudadano decente en una sociedad civilizada.
Nadie por más encumbrado que se sienta ni por mayor poder que acumule está por encima de la ley.
En este horizonte plagado de desafíos, frente a la proximidad de un debate electoral en el que se juega la supervivencia de la paz, máximo valor de una sociedad que había batallado por más de medio siglo sin conseguirla, es preciso reflexionar sobre lo que viene ocurriendo y empezar a realizar un inventario sereno y razonado acerca de las grandes mentiras y calumnias que vienen distorsionando la realidad y envenenando la controversia que debería ser de ideas y de visiones sobre la forma de organizar una sociedad más equitativa, igualitaria e incluyente.
Con las FARC convertidas en movimiento político, quedan en pie de guerra el ELN y la criminalidad organizada y los retos casi inverosímiles del narcotráfico, la minería ilegal y una violencia intrafamiliar y social que no deja de crecer y que debe combatirse mediante políticas públicas efectivas. La violencia está mutando a velocidades de vértigo y el Estado llega tarde.
Los periodistas en su carta están poniendo el dedo en la llaga. La política no puede conducirse así:
“Es hora de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal. El límite de todos los colombianos es y debe ser la ley. Y es tiempo de que el expresidente esté a la altura del enorme poder del que ha venido abusando sin mayores consecuencias: el último ejemplo de su estrategia de estigmatizar e intimidar para imponerse en el debate público, aquello de permitirse llamar “violador de niños” al periodista Daniel Samper Ospina frente a sus más de cuatro millones de seguidores de Twitter, no es solo una infamia irreversible que habrá de tener solución en la justicia, sino también un repugnante acto de violencia que ya ha empezado a llamar a más violencia.
Twitter es la vida real. Quien comete un delito allí comete un delito en su país. Hoy, cuando en las redes sociales se ha vuelto común hostigar a los periodistas hasta ponerlos en peligro, resulta inaceptable que el expresidente siga jugando el perverso juego de rectificar cuando el daño ha sido hecho, siga legitimando socialmente esa manera temeraria de participar en la deliberación pública y liderando ese premeditado ataque contra la prensa y la libertad de expresión –ese echarle la culpa y acusar de conspirador al mensajero– que es una arremetida contra la democracia.
No se trata de reclamar, de ninguna manera, un trato privilegiado para los periodistas ni de librar al periodismo de la crítica, sino de defender el derecho de todos a hablar sin ser objeto de los abusos de quien se sabe poderoso. Una palabra de Uribe basta para enlodar un nombre, para exacerbar los odios de tantos colombianos frustrados, para degradar y envenenar el necesario debate político del país. Lejos está del líder responsable y digno que tendría que ser.
Pero él sabe todo esto: él no está reaccionando en caliente ni cometiendo un desliz, sino redoblando un comportamiento peligroso e inescrupuloso cargado de intenciones políticas. Corresponde a la ciudadanía, pues, el siguiente paso. Dar ejemplo. Exigir sin miedo, con la ley de su lado, el fin de la calumnia como estrategia. Solidarizarse con el calumniado más allá de las contingencias de la política. Decirle al calumniador que ha llegado la hora de que se detenga.”
