Siempre he sido un defensor del cumplimiento de la ley, como regla básica de una sociedad civilizada. Este tema me parece que es sumamente importante en un país donde estamos acostumbrados a la clásica frase “hecha la ley, hecha la trampa”.
Pero si algo me parece que ha sido un derrotero de la tergiversación alrededor de las grandes problemáticas de nuestro país, es la desmedida intención de algunos de leer todo problema en términos de legalidad.
Incluso en un ejemplo internacional, como lo dejé plasmado en una columna anterior, el gran dilema de la búsqueda de la independencia de Cataluña, no es solo la aplicación o no de un artículo de la Constitución, como tampoco lo que Rajoy llama “el regreso a la legalidad”, es además plantear políticas que busquen hacer un mejor diagnóstico sobre las causas de la desconexión de algunos catalanes (además de otras regiones del país) con la identidad española.
¿Qué está pasando en las regiones de Colombia cuando se vota en contra de la explotación de hidrocarburos?, ¿Será que se trata solo de un vacío legal que de un momento a otro le dio un poder extralimitado a unas comunidades?, ¿Por qué no plantearse que en esos lugares existe toda una serie de problemas sociales, económicos y culturales que pasan por la visión que se tiene alrededor de estos temas?. Preguntas que probablemente debería hacerse el Ministro Arce, quien ha buscado de todas las formas posibles detener legalmente este “problema”.
Marcha tras marcha, y paro tras paro, el país siente el surgir de una explosión social acompañada con el fin del conflicto armado con las FARC, y la necesidad de atender una exitosa tarea de implementación del Acuerdo con este grupo guerrillero. Y dentro de todos esos desafíos, considero que una de las más grandes fallas del Gobierno, fue encontrar salidas jurídicas a la paz, y no lograr encontrar salidas sociales, y de pedagogía exitosa alrededor de estos mismos temas.
Estos ejemplos, ilustran sólo parte del meollo, por un lado de pensar que solo a través de reformas legales el país superará de un momento a otro los problemas, como si legislar y ejercer autoridad para el cumplimiento de la ley, fuera la fórmula mágica para tener mejores ciudadanos, esos que ante nada piensan en alguna suerte de “bien común”, y por otro pensar que en la medida que la ley se aplica (por los medios que sean necesarios), esta actúa tal y como está escrita en los ciudadanos, como si todos se moldearán de un momento a otro a la leyes y esto hiciera funcionar a las sociedades como una especie de reloj perfectamente sincronizado.
Pues bien, nada de lo anteriormente descrito ocurre, primero, porque está probado que la ley como forma de disuasión no siempre es el arma más efectiva, y más bien termina por degenerarse en otros problemas como el “populismo punitivo” y segundo, porque las leyes como todo sistema reglado, son susceptibles de ser burladas, es decir, la coerción por sí sola no garantiza su cumplimiento y que se cumpla el fin último del espíritu con el que fueron hechas.
Pensar más allá de lo legal, es reconocer que existen problemáticas que requieren muchas otras formas de intervención lejanas de una reforma a un artículo o de una nueva estrategia para hacer cumplir alguna norma, es además reconocer que la pedagogía, y las políticas públicas a las que llamaré creativas, son herramientas más eficaces para formar ciudadanos, que obligarlos a hacer aquello que ni siquiera entienden.
Un llamado para aquellos que piden imponer la fuerza ante todo problema social, aquellos que piden solo aplicar la ley desde Madrid pensando que así se acabará el dilema independentista catalán, o que creen que la aplicación de la “justicia” con venganza a los exguerrilleros es la salida a la reconciliación, si el mundo fuera solo un desafío técnico-jurídico, seguramente ninguno de esos dilemas existiría.
