Hace varias semanas empecé a denunciar, desde mi función de control político en el Concejo de Bogotá, actos irregulares relacionados con la protección de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o por el conflicto armado. Muchas de ellas son acogidas en Casas Refugio, lugares donde se les debe brindar protección y atención de manera gratuita tanto a ellas como a su núcleo familiar.
Mis denuncias tienen que ver con la Unión Temporal Fundesol-Ibero, quienes administran tres de las cinco Casas Refugio que funcionan en Bogotá, donde no han logrado demostrar experiencia en el manejo de víctimas. Hace más de 6 meses se les encargó dicho cometido y desde entonces han faltado a su deber.
Al ganar la licitación, por ejemplo, y ver que no tenían personal idóneo, recurrieron a buscar profesionales de las entidades que no ganaron. Estos mismos profesionales son quienes hoy los denuncian por su ineficaz administración, como le contaron a la Personería, en donde incluso aseguran que a las mujeres las obligan a firmar documentos en blanco relacionados con sus terapias y tratamientos, algo completamente ilegal.
Así mismo, en un hecho sin precedentes, las hicieron repetir sus historias una y otra vez, revictimizándolas, práctica contraria a la sugerida por expertos en trabajo con población vulnerable.
Como si fuera poco, Fundesol, una de las entidades de la unión temporal, tiene una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por el delito de colusión empresarial en programas de adulto mayor en Cartagena. En este nuevo contrato que le otorgó la Secretaría de la Mujer, presentaron documentación con datos confusos del representante legal, donde firmaba una persona con el número de cédula de otra. La pregunta que surge es ¿por qué la Secretaría de la Mujer no tuvo en cuenta esta situación, máxime que fue advertida por diferentes organizaciones?
La situación sigue siendo grave. Profesionales vinculados a la Unión Temporal Fundesol-Ibero han tenido que renunciar debido a las malas prácticas que se utilizan y que las víctimas continúan denunciando ante las entidades competentes, como la Secretaría de la Mujer, entidad que no ha tomado las medidas necesarias frente a los reclamos.
Estos hechos son sólo una pequeña evidencia de un problema que se está volviendo estructural: las violencias en contra de la mujer, que trascienden los hogares y se hacen presentes en los puestos de trabajo, en los centros educativos, en el mundo virtual y, en general, en todos los ámbitos donde una mujer tiene espacio.
Estudios de los organismos internacionales concluyen que la mujer es víctima de violencia, por el hecho mismo de ser mujer. Y las cifras son elocuentemente dolorosas. 128 mujeres fueron asesinadas por compañeros sentimentales o ex parejas en 2016; 95 han sido víctimas de homicidio en las mismas circunstancias durante el 2017 en Bogotá, año que también registra más de 54 mil víctimas de maltrato en todo el país. El hogar parece no ser el espacio más seguro para las mujeres.
Cada maltrato a una mujer debe ser reprochado, y justo cuando conmemoramos esta semana de la no violencia, debemos alzar nuestra voz para defenderlas, sobretodo, cuando en casos como los que estoy denunciando, el Estado permite la violación de sus derechos y facilita que sus doloras experiencias se conviertan en la base de un lucrativo negocio de particulares.
