Colombia atraviesa quizá su peor crisis en materia de justicia. Los jueces, llamados a salvaguardar el orden constitucional, no han logrado dar respuesta los graves problemas que aquejan el sistema judicial del país.
La justicia, que como bien lo refleja la imagen de la dama que lleva una balanza en una mano, una espada en la otra y sus ojos vendados, debe procurar la equidad en todas sus actuaciones, garantizar el debido proceso y dar ejemplo de total transparencia. Pero algunos de estos postulados están fallando.
Los colombianos asistimos con preocupación a una realidad judicial crítica, que se evidencia a en fallos selectivos y en decisiones desproporcionadas.
Para garantizar la convivencia pacífica de los colombianos y para preservar la institucionalidad se requiere de un sistema judicial confiable. No es conveniente, como lo revela una encuesta del DANE, publicada el año pasado, que al menos 800 mil personas prefirieron no reclamar sus derechos ante la justicia, a pesar de que estos fueron presuntamente conculcados. Las razones de este comportamiento van desde la excesiva tramitología en el sistema judicial, hasta la desconfianza que despiertan ciertas autoridades, exacerbada entre otras razones, por casos como el llamado “Cartel de la toga”, donde magistrados usaron la justicia para su aprovechamiento personal y para salvaguardar los intereses de sectores corruptos. Todo esto siembra desesperanza.
La gente aspira a que la justicia actúe de manera firme y que haya una estructura homogénea en las decisiones para casos similares. Pero la realidad nos muestra que ello no es así. Se ve con los responsables de hurto, que más se demoran en ser capturados que en quedar en libertad, una situación que se repite muchísimas veces, lo que ha válido para que el propio Presidente de la República llame a los jueces a tener una postura más recia para combatir el crimen, como es la esperanza de todos los ciudadanos.
Situación similar a lo que ocurre con los pequeños pero masivos delitos, sucede con los grandes escándalos, donde los responsables son tratados en muchas ocasiones con guante de seda, lo que despierta la indignación y la desesperanza de las personas frente a la justicia.
No se puede permitir que gane terreno la percepción de que nuestro aparato judicial es débil e inoperante. Para ello se debe retomar la discusión nacional sobre una profunda reforma al sistema judicial colombiano, la que ha fracaso en los últimos años, porque los miembros más destacados de esta rama se han opuesto sistemáticamente a ello.
El descontento de los colombianos con la rama judicial es evidente, al observarse cómo en los estudios de opinión pública este es uno de los sectores más desprestigiados, cuando hace sólo unos años, su brillo era destacado y había un respeto social por su majestad.
Se necesita una justicia pronta y eficaz. Jueces más conectados con la realidad social del país. Un sistema que promueva modelos alternativos de solución a los conflictos. Códigos más claros y precisos para que no exista una liberalidad tan grande que imprime injusticia. Promoción de los mejores para que sirvan de togados y la promulgación de principios éticos, que impidan que se repita la desoladora realidad de ver hombres de leyes convertidos en delincuentes, que tienen el poder de decidir sobre la libertad de las personas.
La tarea de todos los colombianos es promover un gran acuerdo nacional para devolverle la respetabilidad a la justicia, y que quienes hoy tienen la orientación de los tribunales y las cortes, sean los líderes de este propósito.
