El nuevo Congreso de Colombia tiene la obligación de seguir ahondando en la consolidación de la paz, bajo el entendido de que la paz es el más importante valor de la sociedad. La aprobación de las leyes que permitan una convivencia pacífica y que garanticen que todos los actores armados se someterán a la institucionalidad, es un anhelo de los colombianos y la esperanza de los gobiernos de todo el mundo, que han colaborado y están expectantes sobre cómo avanza este proceso, que ha permitido, a pesar de las dificultades, disminuir los horrorosos índices que deja el paso siniestro de la guerra.
Todos esperamos un Congreso deliberante, que ayude a que la paz contribuya a superar los odios y a restañar las heridas que han dejado más de cinco décadas de guerra interna. Y una forma de hacerlo, es promoviendo un modelo de desarrollo más incluyente, que sea capaz de derrotar la pobreza y la desigualdad que, sin duda, son condiciones que impiden que la sociedad pueda vivir pacíficamente.
La discusión sobre cómo bajar mucho más rápidamente los actuales índices de pobreza, se debe dar durante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno. Ese Plan debe contemplar unas metas ambiciosas para que la mayoría de los 13 millones de pobres que tiene Colombia, puedan acceder a mejor bienestar y a ser parte sustancial de los beneficios de los avances científicos y del crecimiento económico.
Los congresistas que comiencen su gestión el 20 de julio próximo, tienen la obligación moral de evaluar todas las dimensiones que explican la tragedia social de la pobreza y la miseria, y ponerse como un gran propósito no permitir que Colombia siga siendo parte del top mundial de los países más desiguales.
La estrategia por la igualdad y la inclusión, requiere la garantía de un cambio total al sistema de salud, cuya ineficiencia está demostrada, entre otras razones por la inmensa corrupción que se apoderó de ella, y donde las víctimas han sido millones de colombianos, especialmente los más vulnerables.
El Congreso también debe realizar sus aportes para contribuir a que Colombia no vuelva nunca jamás a ser vista como un paria en el mundo y se pueda, por el contrario, continuar la gran tarea de unas relaciones internacionales abiertas, respetuosas, colaborativas y solidarias, que le permitan a nuestros nacionales traspasar fronteras sin ser señalados.
También, se requiere una mayor autonomía del Congreso en la discusión de los temas económicos y presupuestales del país, para así tener la capacidad de influir en las decisiones de inversión, y no ocurra como hasta ahora, donde los congresistas son meros espectadores de las decisiones del ejecutivo y políticos mendicantes de las sobras que deja caer el Ministro de Hacienda.
Y, finalmente, entre los temas que deben ser parte de la agenda, está la lucha por hacer realidad uno de los principios constitucionales: la descentralización. Hoy cualquier inversión pública en las regiones, tiene que ser aprobada desde los escritorios de la burocracia central, sin que alcaldes y gobernadores puedan hacer uso de su autonomía. Y debido a ese centralismo, es que Colombia no tiene muchas posibilidades de alcanzar más altos niveles de desarrollo, lo cual se evidencia en regiones que siguen viviendo en medio de una relación de producción feudal y otras sumidas en el más completo olvido, con carencias que son inexplicables a estas alturas del siglo veintiuno.
Los ciudadanos tienen la posibilidad de escoger un Congreso que sea capaz de ejecutar una agenda política moderna, que brille por la inclusión, por cerrar las brechas sociales y por impulsar un desarrollo económico sostenible y equitativo. Un congreso que represente a la gente, que no sea foco de escándalos ni tampoco de corrupción.
