Pocas cosas enaltecen tanto como enmendar los errores que se han cometido. En el compromiso de enmendarlos descansa la vida buena y la ética. Debo reconocer, con humildad, que un gran error, un tremendo error político que cometí fue aprobar la circunscripción nacional en 1991.
En la Asamblea Nacional Constituyente voté con la idea de que este componente del sistema electoral contribuiría a la lucha contra las empresas electorales, la privatización y personalización de la política y a favor del fortalecimiento de los partidos políticos.
La intención de luchar contra la corrupción política en la sociedad civil con la institucionalización de la circunscripción nacional electoral, entronizó la tiranía de las mayorías del poder centralista en contra de la ciudadanía de las regiones periféricas. Se repite el refrán de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Repito, el remedio resultó peor que la enfermedad que se pretendía sanar, al consolidarse la tiranía de la mayoría en contra de las regiones periféricas y minarle su representación política.
Antes de la expedición de la Carta Política de 1991, en materia de representación política bicameral, la presencia política de todos los departamentos en el Senado y la Cámara de Representantes estaba garantizada. Cada departamento tenía el derecho de estar representado en el Senado con un número fijo y uno variable. La asignación de cupo fijo era el resultado de cierto respeto al derecho de la representación política de todos los ciudadanos de todos los departamentos, sin excepción.
Y este derecho de todos los departamentos, herederos precarios de algunos derechos de los Estado Federales aniquilados en 1886, era algo democrático.
Al lado de la precaria representación política -precaria porque se perdió el derecho político al autogobierno estatal- se respetaba la presencia política en el Senado de los departamentos. Hoy, algunos territorios no la tienen en el Senado porque la Carta Política de 1991 liquidó este derecho.
Igualmente, la representación política en los órganos bicamerales se regía por la regla de la proporcionalidad, en la que en forma equilibrada se aseguraba la presencia de las minorías y se permitía que distintas voces pudieran ser escuchadas. El principio de la representación proporcional hoy es inexistente y ha sido remplazado por la de la mayoría y la cifra repartidora, lo que introduce, de plano, un gran desequilibrio en la presencia de las distintas opciones políticas y privilegia a la mayoría.
El diseñar el modelo de la representación política en los órganos estatales, en especial el de Parlamento Nacional, con fundamento en igualdad de número y en la exclusión de algunos departamentos, al lado de la reglas de la tiranía de la mayoría y la cifra repartidora, sin representación proporcional democrática, se introduce de manera no democrática la derrota del pluralismo político y se empobrece la democracia. Más grave, aún, en un régimen presidencialista en un Estado tan centralista como el nuestro.
Nuestra democracia debe estar dispuesta a repensarse. En particular, a favor de la participación política de todas las opciones políticas en un diseño institucional amplio y pluralista. Un Estado es fuerte solo en la medida en que sus instituciones incluyan políticamente a todos en condiciones de igualdad, formal y material. Y, una nación cuya riqueza está en el mestizaje y el pluralismo tiene que, constitucionalmente, basarse en esto. La eliminación de la circunscripción nacional es una necesidad.
