El déficit fiscal del Gobierno Central además de agudo es crónico. Como es apenas lógico, según la Ley de Wagner, el gasto público tiende a crecer con el tiempo y el tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, dado que cada día debe asumir mayores responsabilidades. Pero mientras el gasto crece en proporción geométrica los ingresos para sufragarlos crecen en proporción aritmética y dicho desfase se traduce en un déficit fiscal de carácter estructural. Del 8.4% del PIB que representaba el gasto público en 1985 se pasó al 19.2% en 2015. Según el Informe en diciembre del año pasado de la Comisión de Gasto Público, creada en virtud de la más reciente reforma tributaria, la brecha existente entre el precario recaudo impositivo, que se aproxima al 14% y el gasto público, que supera los 3 puntos porcentuales del PIB, suponiendo un ingreso no tributario adicional de 2 puntos porcentuales del PIB.
Finalizando el año anterior, Colombia estuvo a punto de perder el grado de inversión de su deuda soberana. Primero fué la agencia calificadora de riesgo Standard and Pooor´s la que redujo su calificación crediticia rebajándola de ‘BBB’ a ‘BBB-‘. Entre sus consideraciones para tomar esta decisión estuvo el magro crecimiento de la economía, que cerró el año con un anémico 1.8% y el alejamiento de la meta del déficit fiscal, que se resiste a ceder, acentuada por la época de las vacas flacas del sector minero-energético, poniendo en riesgo el cumplimiento de la Regla fiscal. Y ello no obstante la “austeridad inteligente” planteada por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, la cual se tradujo en un apretón fiscal, recortando $4 billones en el Presupuesto de la vigencia 2017 y anunciando otro recorte para el 2018, de tal manera que el Presupuesto General de la Nación pasó de $181.7 billones en 2017 a $182.1 billones en 2018.
Una de las razones que adujo el Ministro Cárdenas para tramitar la reforma tributaria de 2016 fue la de “evitar perder la clasificación BBB“. Aprobada dicha reforma, S&P manifestó que “aunque esperamos que los déficits fiscales de Colombia se reduzcan, los resultados de la reforma del 2016 han estado por debajo de lo previsto y el cumplimiento de la meta fiscal ha recaído parcialmente en ingresos extraordinarios”, refiriéndose a los recursos provenientes de la multa impuesta a las operadoras de telefonía celular Claro y Telefónica por valor de $4.7 billones, equivalentes a 0.5% del PIB. En efecto el ingreso adicional por cuenta de la reforma tributaria fue de sólo 0.4% del PIB, inferior al 0.7% estimado por el Gobierno. A poco andar la calificadora de riesgo Moody´s siguió los pasos de S&P y aunque le mantuvo su calificación de la deuda soberana de Baa2, cambió la perspectiva a la economía colombiana de “estable” a “negativo”. Por su parte la firma Fitch fue más prudente, le dio un compás de espera y manifestó que “hasta que no se conozca la política del próximo gobierno” no tomarán ninguna decisión al respecto.
Para dar cumplimiento a la regla fiscal el déficit fiscal tenía un techo de 3.6% del PIB para el 2017 y 2.7% del PIB para 2018, sin embargo en el Plan Financiero actualizado del Ministerio de Hacienda se fijó como meta alcanzar el 3.1% en 2018, 2.2% para el 2019, 1.6% para el 2020, 1.3% para el 2021 y 1% para el 2022. Para cumplir con dicho cometido, según Dinero “eso significa que en los dos primeros años del próximo cuatrienio el ajuste (vía mayores ingresos y/o menores gastos) deberá ser por un monto total estructural de 2.1% del PIB ($18 billones/año en pesos de 2017”. Según ANIF, se requiere “una presión tributaria neta del orden de los $135 billones (14% del PIB), la cual implica un crecimiento del recaudo del 3.6% real (similar al del 2017)”. En concepto del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, “para cumplir la Ley (léase Regla fiscal), deberán efectuar un ajuste fiscal de 1.4% del PIB entre 2018 y 2019. Esto que suena manejable, equivale de hecho a un choque entre 7.5% y 10% del tamaño del Gobierno en Colombia”.
Según la CEPAL en América Latina y en Colombia en particular el nivel del recaudo se encuentra por debajo de su potencial, debido a deficiencias en el diseño y la administración de los tributos, amén de la evasión y la elusión tributaria, que se han convertido en una vena rota que se debe suturar. En 2017 los ingresos del Gobierno ascendieron al 15.7% del PIB, aproximadamente, superando el 14.9% de 2016, pero ello se logró gracias al ingreso por concepto de la multa a las operadoras de la telefonía celular y el 2018 se va a ver favorecido por el recaudo histórico atribuible a gestión de la DIAN, del orden de los $9.5 billones, $1.5 billones por normalización de activos. Pero aún con este incremento de la presión fiscal ni se garantiza cumplir con la meta de déficit fiscal ni mucho menos equipararse con el nivel del gasto del 19.2%.
