A las puertas de la primera vuelta de la elección presidencial, las encuestas contratadas, sobre una franja limitada de 1.000 a 3.000 personas a quienes se interroga acerca de su intención de voto, siguen dándole viento de victoria al candidato uribista. No así las que se realizan on line, involucrando miles de internautas que marcan una decisiva inclinación hacia Gustavo Petro.
Un fenómeno similar se dio en las presidenciales de los Estados Unidos, donde hasta último minuto las encuestadoras profesionales pronosticaron el triunfo de Hillary Clinton sobre Donald Trump.
Definitivamente, la candidatura de Humberto de la Calle, sin duda, el más serio, experimentado, decente y mejor intencionado de los aspirantes, no arrancó. Y Fajardo otra buena opción de centro para abrir caminos de esperanza se está diluyendo.
Vargas Lleras no marca entre los punteros. A pesar de que cuenta con una potente y bien engrasada maquinaria electoral y con una mayoría parlamentaria aplastante. Resulta rarísimo y es inexplicable porque el número de votos de carne y hueso que tiene peso predominante en nuestra cultura política y en las justas electorales es precisamente el voto cautivo que mueven las estructuras clientelistas.
Y aunque en comparación con el 2014, el abstencionismo en las recientes elecciones parlamentarias aparentemente disminuyó en 4,22 puntos, el incremento porcentual en la votación resulta irrelevante frente al hecho cierto de que 3,6 millones de nuevos votantes estaban habilitados para concurrir a las urnas.
Así que a futuro tampoco parecen acertadas las predicciones sobre una masiva movilización del voto de opinión para decidir quién será el próximo ocupante de la Casa de Nariño.
En las redes sociales y en las encuestas un vasto sector social, espoleado por quienes enarbolan las banderas del odio, expresa su preferencia por un buen muchacho, cuya única función en el tinglado electoral es la de hacer posible la reelección en cuerpo ajeno de un expresidente cuestionado al menos por la mitad del país y con algo más de 270 investigaciones pendientes en la Comisión de Acusaciones y 27 procesos en la Corte Suprema de Justicia.
En 2006 Álvaro Uribe no vaciló en destruir el balance de pesos y contrapesos que era la espina dorsal de la Constitución del 91 para introducir el “articulito” que permitió su reelección, violando en el empeño normas sustantivas del Código Penal y todos los estándares de comportamiento ético consustanciales a la tarea de gobernar.
Las transgresiones criminales fueron plenamente probadas en los estrados judiciales y por causa de ellas varios ministros del gabinete de la seguridad democrática han tenido que purgar varios años de cárcel, sin contar el número sin antecedentes en la historia de la República, de altos funcionarios juzgados y o condenados por hechos relacionados con el ejercicio de sus cargos entre 2002 y 2010.
En 2018 el quebrantamiento del artículo 197 de la Constitución se pretende materializar a través de la estratagema de elegir a Duque para que vuelva a gobernar Uribe.
Y paradójicamente la impopularidad del gobierno Santos se deriva del mayor de sus logros: la firma de la paz con las Farc, que el mundo entero le reconoce y aplaude, mientras en Colombia funciona como acicate de la más virulenta, irracional, ilimitada y perversa de las oposiciones, que en su empeño de polarizar y envenenar al país no se detiene ante nada.
A Vargas Llosa le sobran razones cuando afirma como lo hizo en entrevista a Yamit Amat “creo que con la perspectiva que da la historia, se va a reconocer que el presidente Santos hizo algo que era indispensable hacer y que tuvo mucho coraje para poder hacerlo. Creo que al final ese veredicto será positivo, porque yo tengo la seguridad de que el proceso de paz va a funcionar. Por imperfecto que sea, de todas maneras, marca un antes y un después en la historia colombiana.”
Pero aparte de la paz, esa realización superior que todos y cada uno tenemos el deber y el derecho de perfeccionar y de proteger, Santos deja como legado un gobierno equilibrado, ético, respetuoso de las libertades y de la institucionalidad democrática y no pocas realizaciones susceptibles de ser medidas que representan avances en la búsqueda de una mayor igualdad y equidad. Hay 5 millones menos de pobres en el país. La educación gratuita en los colegios públicos se extendió del grado cero al 11 y su calidad mejoró. El acceso a la educación superior ascendió en 14 puntos. Se construyeron más de millón y medio de viviendas, entre las cuales 300.000 se adjudicaron a los más pobres entre los pobres de la ciudad y del campo. La cobertura de salud se universalizó y se mejoró notablemente la infraestructura. El país aguantó a pie firme el choque externo derivado de la baja en los precios del petróleo y de los demás mineroenergéticos que constituyen su base exportadora. Evidentemente falta mucho por hacer, pero hay progresos significativos que nadie puede desconocer.
