La emergencia que se viene presentado desde abril y que se ha acentuado en los últimos días relacionado con la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango nos preocupa hondamente.
Esta emergencia, que ya ha sido declarada como calamidad pública por las autoridades responsables, aunque logre ser controlada, hoy representa enormes pérdidas económicas, pero sobre todo deja altísimos costos sociales y ambientales.
Aunque nos solidarizamos con EPM, al tiempo que reconocemos la importancia de esta empresa para el país y su economía, ello no puede ocultar que, como ocurre en muchas ocasiones en proyectos de este tipo en nuestro país, existen decisiones que son tomadas apresuradamente y sin medir ajustadamente los riesgos sociales y ambientales.
La situación de emergencia grave, que ya parece empezar a superase, debe dejar como lección que los costos sociales y ambientales deben ser evaluados desde las comunidades y desde los activos ambientales, y que este proceso, aunque pueda resultar costoso, permite tomar mejores decisiones que la simple evaluación de los costos financieros y fiscales.
La geografía de nuestro país plantea enormes particularidades que solo en el terreno y con el concurso de las comunidades y las autoridades locales pueden ser cabalmente evaluadas. Es a partir del diálogo, la concertación y los acuerdos que es posible avanzar en diseños de proyectos sostenibles que minimicen en lo posible, o al menos mitiguen, los daños que este tipo de acciones tiene sobre la ciudadanía y sus entornos.
Pero también quiero llamar la atención sobre un aspecto más general que se deriva de casos como el de Hidroituango o como el que se presentó en el pozo Lezama en Barrancabermeja hace algunos meses. Estos dos casos son ejemplos que evidencian altos niveles de imprevisión y muchas dificultades para reaccionar y mitigar los daños. Esto es especialmente crítico en relación con el tema ambiental para el que el remediar los daños resulta de enorme dificultad.
Por eso quiero insistir en la necesidad de revisar la matriz de desarrollo económico del país y sobre todo la forma desafiante, osada, con que se mira el medio ambiente, el recurso hídrico y la biodiversidad. Significa que debemos preguntarnos a cada momento por las prioridades de inversión en los proyectos, el tipo de contratación, las variables relevantes de los diseños e incluso lo que tiene que ver con aspectos tales como el licenciamiento ambiental y social de estas acciones.
De forma obstinada algunos sectores sociales del país se niegan a aceptar que realidades ambientales como el cambio climático han empezado a impactar nuestras condiciones de vida y que ello implica que en el futuro debemos tomar decisiones valientes que asuman estas nuevas realidades.
Finalmente, todo lo sucedido en los últimos meses, nos debe servir para atender las observaciones que se han hecho sobre la construcción del embalse multipropósito del Quindío, proyecto en el cual ya se han advertido algunos riesgos geológicos, sociales y ambientales, así como dificultades en los diseños estructurales.
Hacemos votos porque esta situación de Hidroituango se supere sin causar más daños y que la ciudadanía pueda retornar a salvo a sus hogares, al tiempo que nos solidarizamos con esas mismas comunidades que han sido afectadas por esta grave emergencia.
