La Constituyente del 91 acordó dos decisiones para transformar el Estado en Colombia: la autonomía de las regiones y una mayor participación de los entes territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Si bien el Gobierno Nacional recauda con más eficiencia los impuestos, no es su dueño absoluto y los debe compartir con los territorios.
Esto ocurre no solo en Colombia. En Brasil, por ejemplo, después de una larga lucha, el total del IVA fue cedido del Gobierno Nacional a los gobiernos locales y de los estados.
La Constituyente definió que el Gobierno Nacional debía transferir hasta el 46 % de los ICN a las regiones, pero la Nación ha hecho todo lo posible para que esta tranferencia de recursos no se dé y las ha mantenido en un escaso 26 %.
El Gobierno Central se ha fortalecido y acaparado todos los recursos. Dos actos legislativos o reformas constitucionaes (Ley 1176 de 2007 y Ley 715 de 2001) han dilatado la entrega de capital económico a las regiones.
El aplazamiento legal ha sido de ocho años que vencen precisamente en este 2017. Todavía hoy no se sabe como quedará el Sistema de Transferencias para que se fortalezcan más los ingresos de las regiones. Hasta ahora se han negado a los territorios una mayor participación en los ICN y se ha debilitado el cumplimiento de la Constitución del 91. Parece que todo seguirá igual.
La Nación mantiene concentrado el control del gasto y las decisiones del Estado, al robustecer solo el nivel central que, ya por su tamaño, se vuelve cada vez más ineficiente.
Si hoy se estuviese implementando la Constitución del 91 en materia de transferencias, las regiones estarían recibiendo, en su conjunto, $50 billones adicionales cada año. Son $200 billones los que han dejado de captar en 10 años, además, los territorios se beneficiarían con el 44 % de los ingresos adicionales que obtenga el gobierno de las reformas tributarias, hoy solo percibe el 25 %.
Los territorios están condenados, cada vez más, a perder participación de las transferencias, tanto como porcentajes del PIB como de los ICN.
El Sistema General de Participaciones (SGP), en precios constantes, ha aumentado, pero su incremento no ha sido acorde al crecimiento de la economía y, por lo tanto, tiene una menor dinámica y crece exclusivamente ajustada a la inflación.
El SGP se ha llenado de “cajoncitos” para enviar recursos a pequeñas actividades económicas y no se les entrega directamente a las regiones para un manejo más sólido y eso ha debilitado su uso. Hay 42 criterios ineficientes para distribuir, de manera engorrosa e improductiva, los recursos de las transferencias.
También es importante destacar que con la redistribución del SGP, las coberturas en educación, salud y agua han aumentado, pero la descentralización es ficción. Es muy poco lo que los entes territoriales se fortalecen, ya que solo actúan como pagadores.
El futuro nos obliga a buscar criterios de distribución más eficaces y no continuar con los “cajoncitos” y utilizar mejor el criterio de inversión por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el planteado en la Constituyente del 91.
El resultado final que buscamos es que se regrese a la fórmula prevista en la Constituyente que, repito, le daría $50 billones anuales adicionales a los entes territoriales. Esto obligaría a disminuir el tamaño y las funciones de un Estado Central cada vez más macrocefálico.
La construcción del Estado Regional es una lucha que no avanza porque el centralismo ha puesto muchas talanqueras.
