El país exige desde hace años una reforma sustancial y estructural al sistema jurisdiccional, toda vez que la Constitución Política de 1991 no pasó la prueba frente al funcionamiento de este. Y ello es un motivo de peso suficiente para preocuparse y rasgarse las vestiduras. Cuando en un país no hay una recta administración e impartición de justicia sólida, pronta, eficaz y oportuna no encontraremos nunca paz, tranquilidad, ni convivencia pacífica en la sociedad. La justicia está por encima de todo, prevalece incluso, ante cualquier anhelo de paz.
Las consecuencias de un mal funcionamiento en el aparato judicial conlleva a grandes conflictos entre los administrados, pues bien sabemos que el proceso judicial es la manifestación más pacífica y civilizada dentro de la sociedad.
Para contar con un sistema jurisdiccional-procesal sano debemos modificar innumerables aspectos, pero, principalmente, es menester comenzar por aquellos sujetos inescrupulosos- jueces o magistrados- que han hecho de la justicia un espectáculo soez en el que la corrupción y la comercialización de fallos han sido móviles para satisfacer agendas políticas y enriquecer sus alforjas. Encontramos escándalos como el cartel de la toga y la congestión jurisdiccional, entre otros, que se traducen en situaciones lamentables que nos motivan a mencionar las siguientes propuestas para contribuir con la mejoría de nuestro aparato judicial.
- El precedente judicial tiene que ser obligatorio: así evitamos ese denominado activismo de los jueces que, le permite al operador excederse en sus funciones. Terminamos, muchas veces, soportando la voluntad arbitraria de un juez por consecuencia de sus razones y posturas ideológicas, anteponiendo sus creencias sobre sus verdaderas funciones.
- Es menester ampliar a través de la ley 640 del 2001 el requisito de procedibilidad de la conciliación extraprocesal a muchas más situaciones. Así lograríamos dirimir mayores causas sin tener la necesidad de incurrir en un proceso jurisdiccional, tortuoso, largo y congestionado para el aparato jurisdiccional.
- Suprimir totalmente las potestades electorales de los magistrados. Con esto derrotamos el denominado Lobby con el que algunos funcionarios obtienen prebendas, beneficios y canonjías en las que prima el denominado ‘Yo te elijo, tú me eliges’. Además, dejarían de estar condicionados esos funcionarios que no pueden obrar conforme a derecho debido a su favoritismo con el que los ha elegido. En este punto es en el que consideramos que ha fallado la Constitución de 1991.
- Crear un organismo tipo jurisdicción que conozca en su totalidad únicamente las acciones de tutela. Así contrarrestamos la potestad de la Corte Constitucional para elegir a dedo las acciones que discrecionalmente considera pertinentes para estudiar. Con este nuevo organismo mejoraríamos el proceso de selección de tutelas puesto que el mismo incrementaría y no serían unas pocas sino muchas las que se estudiarían. Además, evitamos la comercialización de fallos vía tutela, como infortunadamente ocurrió hace unos años en la Corte Constitucional.
- Fortalecer el sistema de concurso de méritos toda vez que el mismo es vital para considerar que los jueces y magistrados han llegado a ejercer sus cargos por sus cualidades profesionales, técnicas y científicas. Y no por favoritismos políticos en el que juega un papel importante el denominado Lobby. Con esto también fortalecemos la imparcialidad y la independencia como principios baluartes de la actividad jurisdiccional.
- Es menester prohibir de tajo, expresamente en la norma y jurisprudencia, que tanto operadores jurisdiccionales, como apoderados presenten intervenciones en medios de comunicación sobre los procesos que llevarán o están llevando. Esto es importante para que prevalezca la reserva sumarial necesaria para darle trámite del proceso oportuno y con garantías al administrado. No es factible permitir filtrar información de los procesos a los medios, como bien lo hizo algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el caso del llamado a indagatoria a Uribe. Ello genera inseguridad jurídica, falta de credibilidad y desconfianza legitima en las funciones instituidas de cualquier tribunal.
Estos seis puntos, entre otros no mencionados por cuestiones de espacio, son aspectos vitales con el que nuestra justicia mejoraría sustancialmente, pues es importante darle prioridad a la situación. Ahora bien, habrá que analizar qué tanto les interesará a las altas cortes someterse a esta reforma.
