¿Qué hacemos con la paz? Aún como un hecho parcial, parece que la pregunta no ha logrado ser resuelta, los ciudadanos de a pie en las ciudades no sienten mayor diferencia luego de la firma del Acuerdo, y más bien no terminan de acostumbrarse a ver los exguerrilleros dando discurso político en el Congreso.
Mientras esto ocurre, en la mal llamada “Colombia profunda” si hay cambios, exguerrilleros esperan con inmensa incertidumbre que hacer con sus vidas en las zonas de concentración, mientras otros tomaron rumbo a sus tierras, y otros tantos se fueron las disidencias. Como lo evidencia Delgado Mora la división interna de la FARC no es nueva, y no es producto exclusivo del Acuerdo de paz, es más bien la transición de liderazgos dentro de la organización que se inclinaron posteriormente por negociar y las rupturas que esto ocasionó, mientras las alternativas bélicas eran sumamente limitadas.
Entonces, ¿Está en riesgo lo hasta ahora alcanzado con el fin de las FARC como grupo armado? Sí, la prioridad ahora es cumplirle a la llamada “guerrillerada”, seguir dando garantías a los que ahora participan en política como congresistas, y proteger a sus líderes en las regiones.
¿Está presto el presidente Duque en cumplirlo? La respuesta aún no la conocemos con certeza, pero contrario a lo que se creía el nuevo presidente ha dado pistas de que prefiere evitar un problema mayor y cumplirle a la comunidad internacional dando garantías a los exguerrilleros, reformulando el lento proceso de otorgar recursos para proyectos productivos, pero al mismo tiempo haciendo reformas a la Jurisdicción Especial de paz, algo que ciertamente no conocemos a detalle, pues por ejemplo, en el punto de delitos conexos con el narcotráfico, la reforma se haría a futuro y no sobre lo pactado, como el mismo presidente ha dado a entender.
La reunión de Duque con el Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, junto con la solicitud de ampliar un año más esa misión en Colombia son pasos positivos, por supuesto, la rueda de prensa refleja las grandes diferencias entre Duque y Arnault para abordar el tema, mientras el presidente se centró en cumplir en la medida que se garantiza la seguridad y lucha contra el narcotráfico, Arnault solicitó seguir adelante con la implementación resaltando su fragilidad, y aunque el presidente promete mano dura contra los que reincidan en actividades criminales, parece estar dispuesto totalmente a no “hacer trizas los acuerdos”.
La presión internacional parece ser efectiva sobre las decisiones del presidente, pero también cabe analizar lo que significa la implementación del acuerdo para el nuevo gobierno, un posible incumplimiento que solo terminaría en una explosión social en varias regiones, rechazo internacional, y desestabilización de sus mayorías en el Congreso, es un precio demasiado alto para un gobierno que se propone cumplir muchísimas más promesas que no están en el ámbito de estos acuerdos.
Finalmente, falta ver las posibles reformas a temas relacionados con la implementación del Acuerdo, al compromiso de no detener elementos como la actual representación política del partido FARC, y sobre todo de proteger a los exguerrilleros. Todo eso sin contar el difícil camino de usar ese cumplimiento como elemento para garantizar la paz en las regiones: Llevando fuerza pública, salud, educación y justicia, tratando la política anti-drogas de forma integral, y cumpliéndole a los demás actores: a las víctimas que aún esperan en su mayoría una respuesta del Estado, y protegiendo a los líderes sociales. Lamentablemente sobre estos últimos puntos, casi nada se ha hecho o su abordaje hasta el momento parece muy ineficaz. Demos tiempo al gobierno.
