La tutela, esa figura tan valiosa creada bajo el amparo del artículo 86 de la Constitución del 91 y que propende por proteger y garantizar los Derechos de las personas cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, hoy está en riesgo por cuenta de la reforma a la justicia planteada por el gobierno del Presidente Iván Duque.
Los liberales, no podemos permitir ninguna restricción a los alcances de la tutela, la figura más usada y querida por los colombianos no puede limitarse dejando al garete todo lo que ella implica para la defensa, sobre todo, de los ciudadanos más vulnerables que quedan a merced de los más poderosos.
Dentro del proyecto de reforma a la justicia, que por cierto, es más que necesaria sacarla adelante, debemos analizar con bastante detenimiento lo que la iniciativa plantea frente a la figura de la tutela.
La iniciativa claramente establece que, “toda persona legitimada para hacerlo tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces de la jurisdicción y especialidad que corresponda con el asunto objeto de amparo”.
Es decir, sólo se podría interponer ante jueces penales, civiles, contenciosos administrativos y agrarios que son las jurisdicciones que hoy existen. ¿Ósea, que estaremos ante un nuevo escenario donde muchos derechos fundamentales quedarían desprotegidos?, esto bajo ningún punto de vista lo podemos permitir, está en juego la protección a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que no les queda más remedio que reivindicar sus derechos a través de la acción de tutela.
Dice también el proyecto del gobierno, que quien accione la tutela debe estar legitimado para hacerlo. Aspecto demasiadamente complejo, porque fue precisamente diseñada la tutela para hacer valer de manera inmediata los derechos fundamentales de las personas.
Precisamente por estos días la Corte Constitucional recibió el expediente de la tutela número siete millones, lo que demuestra el impacto que ha tenido esta figura a lo largo y ancho del país. Pero, esa avalancha de tutelas también demuestra la incapacidad del sistema judicial colombiano de evacuar con agilidad los procesos y también la colosal vulneración de los Derechos fundamentales a los ciudadanos que hacen que finalmente acudan a interponer esta figura.
En términos generales cercenar los alcances de la tutela para evitar que más personas puedan hacer valer sus Derechos fundamentales, no está bien, no es cortés con un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales.
Reiteramos nuestra férrea oposición a esta iniciativa que ya se discute en el Congreso de la República en las Comisiones Primeras Constitucionales. La acción de tutela es el único mecanismo efectivo que hoy tienen los ciudadanos para reclamar sus derechos fundamentales.
Por eso, estaremos muy atentos a los debates del proyecto de reforma a la justicia y en particular al artículo uno de este acto legislativo que ya ha causado gran controversia en el país y que nos tiene preocupados a los demócratas que defendemos las libertades, los derechos de la gente y el Estado de derecho.
Esperamos que el gobierno nacional y que el propio Presidente de la República, Iván Duque, propicie un diálogo constructivo y abra un debate amplio, respetuoso, conciliador y garantista para que se escuchen las diversas voces, que atienda la importancia de conservar este mecanismo tal como se establece actualmente en el artículo 86 de nuestra carta política nacional.
Lo más sano para el Estado de derecho, para la democracia, y por supuesto, para los ciudadanos es que no se restrinja las bondades y alcances de la tutela, que se deje intacta está figura constitucional que tanto ha ayudado a las personas en Colombia a ser protegidos y a que se respeten y garanticen sus derechos, sobre todo de los sectores más vulnerables que cada vez más quieren arrinconar a los más desamparados.
Estaremos muy vigilantes a este debate que se abre en el Capitolio Nacional.
