De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la Policía Nacional es un “cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. (Art. 218).
En los últimos años la fuerza pública ha venido ajustándose a ser mas humanista sin que ello signifique haber dejado de lado el uso de la fuerza y la seguridad, en un país que hoy parece retroceder al concepto retrógrada de la doctrina de la seguridad nacional.
Bajo la lógica del Posacuerdo se generaron inquietudes sobre la necesidad de recuperar la esencia propia de este cuerpo policial, que dejara de lado el rol asumido por mas de medio siglo de conflicto armado. La transición vendría acompañada no sólo de una nueva narrativa de una política de gobierno en derechos humanos en concordancia con las obligaciones de un Estado social de derecho.
Hoy los territorios mas vulnerados por la violencia esperan la llegada de un estado ausente por décadas. Pero esta llegada requiere creación de confianzas y ese es uno de los nuevos roles que la Policia Nacional se encontraba estructurando, abriendo una puerta de certidumbre a la llegada de esa anhelada institucionalidad. Este cuerpo civil que venia ajustándose a los desafíos de una salida negociada al conflicto colombiano, entendía que la convivencia ciudadana debe ser el gran hilo conductor tal y como lo establecen los principios fundamentales de la Constitución de 1991.
Con la estigmatización de la protesta social, la expedición del decreto de incautación de dosis mínima a la luz del nuevo código de policía, entre otros, demandado por inconstitucional, la reciente violenta golpiza a jóvenes ocurridos en un SRPA, no son hechos aislados a ¿un posible retroceso para la consolidación de una nueva policía? Si bien es cierto que en nuestro país el rol de la fuerza Policial ha estudo marcado por secuelas de la represión y la discriminación, debemos cerrar filas contra el regreso del abuso policial y la pérdida de confianza con la ciudadania que tanto le ha costado a esta institución.
Estoy convencida con conocimiento de causa, que existe dentro de la Fuerza Pública una línea de mando comprometida con una política de respeto y promoción de los derechos humanos, que ha reconocido por ejemplo en el pasado, la violación al Derecho Internacional Humanitario.
La fuerza de consolidar la Paz requiere de la Policia Nacional. Significa abordar las nuevas conflictividades sin perder esa identidad que ya he señalado y reitero busca romper el desprestigio social que la ha lesionado históricamente. El proceso de pacificación y la forma en cómo resolvemos nuestros conflictos requiere del cuerpo policial. Hasta ahora no conocemos si existirán cambios en la estructura orgánica a propósito de las declaraciones del nuevo ministro de Defensa en su discurso de posesión “las Fuerzas Armadas recobrarán su carácter combativo”.
Sin duda, se trata entonces de uno de los esfuerzos mas estratégicos de direccionamiento en el marco de su actuación, donde el papel de la Procuraduria General de la Nación en sus funciones preventivas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia serán concluyentes en advertir y vigilar bajo la garantía de los derechos humanos, de cara hacia la planificación estratégica que deberá construir el sector defensa en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
