El escenario político colombiano de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores para el 2019, ofrece aristas complejas de análisis desde el espectro político, una de ellas -a mi parecer la más importante- el enfrentamiento por segunda vez en la historia colombiana de un partido político nutrido de excombatientes de grupos subversivos vs partidos políticos tradicionales para ocupar cargos de elección popular.
El primer episodio de este enfrentamiento se vivió con el M-19, después de la entrega de armas por parte de esta organización guerrillera en 1990, fueron favorecidos con un indulto que les posibilitó el restablecimiento de sus derechos constitucionales y la exención del pago de cárcel para los integrantes de dicha organización guerrillera; estos elementos permitieron que los líderes políticos del M-19 participaran en elecciones legislativas y de alcaldes. Derivadas de estas el comandante Carlos Pizarro obtuvo el tercer puesto a la alcaldía de Bogotá, mientras otros integrantes como Vera Grabe y Evert Bustamante obtuvieron curules en la cámara de representantes. Esta misma fuerza política denominada la Alianza Democrática M-19 después del asesinato de Carlos Pizarro, obtuvo 19 escaños en la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, siendo superada por el partido conservador. Este panorama puede ser interpretado como la aceptación generalizada del pueblo colombiano para dar la oportunidad a ex-combatientes de esta desaparecida guerrilla a que participaran abiertamente de la contienda electoral del país.
Actualmente las Farc no cuentan con este mismo grado de aceptación, después de la firma del acuerdo de paz entre este grupo guerrillero y el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como se denomina el partido político de esta organización, no goza aprobación en el grueso de los colombianos, demostrado en el rechazo social a la candidatura de Rodrigo Londoño a la presidencia de la república; y de igual manera el rechazo a las actuaciones de varios excombatientes que ocupan cargos en el legislativo primario colombiano. Pero ¿cómo entender estas dos actitudes del pueblo colombiano con 27 años de diferencia frente a dos grupos guerrilleros que han asumido el paso de las armas a la vida civil a través de la negociación política? Esta pregunta puede ser abordada desde los siguientes elementos:
- La intensidad del conflicto. Mientras en el imaginario colombiano la toma del palacio de justicia fue el acto más cruel que llevó a cabo el M-19, los actos de las Farc como secuestros, carros bombas, atentados medioambientales, desapariciones forzosas, siembra de minas, tomas guerrilleras entre otras juegan un papel determinante que aboca los idearios de justicia en los electores por encima del resarcimiento de sus actos. Aunado a esto la percepción que el acuerdo de paz, si bien no les dio el indulto, si puso en entredicho los procesos de justicia amparados por el estatuto de Roma.
- La pérdida del aval social de los movimientos guerrilleros. Mientras en la década del noventa las guerrillas contaban con un apoyo ciudadano por pensar que estos grupos subversivos luchaban por liberar al pueblo de la opresión capitalista, recientemente las estrategias que uso las guerrillas de las Farc se esgrimieron contra la misma ciudadanía, lo que generó un descrédito con respecto a sus fines y medios.
Estas aristas para comprender la complejidad de los procesos de paz en Colombia demuestran lo dinámica que es la política. El espectro político brinda múltiples fenómenos que se deben interpretar a la luz de los contextos espacio temporales que han atravesado el país. El acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc es una posibilidad para los académicos, estudiosos e intelectuales a que ayuden a dilucidar las relaciones de poder que mueven la realidad política contemporánea. Los colombianos tenemos una responsabilidad política apremiante con el país, elegir los próximos mandatarios locales (alcaldes y gobernadores), quienes asumirán carteras regionales enormemente polarizadas por el proceso de paz, la corrupción y la falta de eficacia gubernamental en las zonas en las que ya las Farc no ejerce influencia.
