Una vez que el Gobierno fracasó en su intento de descargar sobre los hombros de quienes perciben menores ingresos la financiación del déficit con el que se aprobó por parte del Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2019, empezó el forcejeo entre las distintas fuerzas políticas en su pulso con el Ministerio de Hacienda, afanado por cubrirlo. El primer paso que dio el Ministro fue desistir de su propuesta de bajar el IVA del 19% al 17% en los próximos dos años, que, por lo demás, nadie lo había pedido y en las actuales circunstancias agravaría el déficit, al tiempo que se redujo la meta de recaudo del Gobierno de los $14 billones iniciales a sólo algo más de los $7 billones (¡!).
A renglón seguido empezaron a barajarse varias alternativas, que fueron las que finalmente se aprobaron, entre ellas la de revivir el impuesto a los patrimonios que superen los $5.000 millones, con una tarifa de 1%, del cual se esperarían ingresos del orden de los $1.2 billones, 15% de impuesto a los dividendos superiores a los $10.2 millones, que tributarían $821.000 millones, aproximadamente, el restablecimiento del impuesto a la remesa de utilidades con una tarifa del 7.5%, que podría contribuir al recaudo con $820.000 millones, el IVA “plurifásico”, es decir gravando toda la cadena, tanto a las cervezas como a las gaseosas, del cual se esperan recaudar $910.000 millones.
Finalmente, se echó mano, otra vez, de una herramienta que en el pasado y se espera que ahora también ha rendido sus frutos. Me refiero a la a la reactivación del impuesto de “normalización tributaria” creado mediante la Ley 1739 en el 2014, en la cual la gestión de la DIAN es clave. Este impuesto sería complementario del impuesto a la renta y al patrimonio y recaería sobre aquellos contribuyentes que tengan a su haber activos que han omitido en sus declaraciones de renta o pasivos inexistentes al 1º de enero de 2019. Por este concepto se esperan y aspira a recaudar $1.000 millones, aproximadamente.
Esta encrucijada fiscal se complica cuando constatamos, como lo hizo la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), a la cual le invade la preocupación de que “ahora se tiene un Presupuesto General de la Nación del próximo año con un incremento del 1% del PIB, llevando el total del gasto público al 24.5% del PIB ($259 billones), con un 1.5% del PIB a la fecha desfinanciado”. Es de anotar que el descuadre no va a ser solamente en el Presupuesto General de la Nación sino en el Presupuesto del Sistema General de regalías (SGR), toda vez que bajo los efectos de la euforia del repunte reciente de los precios del crudo, que en un momento dado superaron la barrera de los US $80 el barril de crudo BRENT, se infló, pasando de $11.7 billones del bienio 2017 – 2018 a $19.2 billones para el de 2019 – 2020, pero inesperadamente ha sufrido una descolgada que supera el 30% en los últimos dos meses y nadie puede predecir qué va a pasar con los precios hacia el futuro.
ANIF no disimula su preocupación por la perspectiva un tanto sombría de las finanzas del Gobierno central, el cual “para abrir espacio a todo este gasto, el MHCP tuvo que recurrir a realizar operaciones de canje de deuda”, que no es nada distinto al vulgar jineteo y “así postergar amortizaciones por valor de $14.5 billones, lo cual implica incrementar la deuda en un 1.5% del PIB frente al MFMP – 2018”. Y concluye su análisis con un mensaje aturdidor, a propósito de la ley de financiamiento: “pesarán más los elementos que drenan el recaudo que los que lo impulsan y eso es grave”, sobre todo más allá del 2019. Lo advierten también los investigadores de la Universidad Nacional Javier Ávila y Jorge Armando Rodríguez, pues para ellos “el efecto neto sobre el recaudo se daría sólo en 2019 – 2020 y de manera decreciente (primer año, 1.3% del PIB y segundo 0.6%), mientras que a partir del 2021 el proyecto restaría ingresos, con lo cual, el efecto neto sería negativo y contribuiría a ahondar el déficit fiscal estructural…Las empresas tendrían un alivio cercano a los $18 billones”.
No quiero terminar este análisis sin destacar un hecho relevante de esta Ley y es que la peor parte del impacto infligido la lleva la clase media, habida consideración de que las deducciones a las que hoy tiene derecho y que fueron reducidas en la reforma del 2016 se vuelven a aminorar, pasando esta vez del 40% al 35% y, para rematar le quitan la renta exenta del 25% y su demoledor efecto retardado sólo se sentirá, como acaba de suceder, al momento de declarar renta. Y ello se explica porque en la práctica tales disposiciones a lo que conducen es a ampliar la base gravable y de ello se sigue un aumento del impuesto de renta a pagar por parte de la mayoría de los contribuyentes de la clase media, que hoy representa el 31% de la población. Y, como al caído caerle, elimina, además, ciertas rentas de trabajo exentas para algunos cargos, como son los gastos de representación de algunos funcionarios. Le asiste la razón al ex vicepresidente y Jefe natural de Cambio Radical Germán Vargas, cuando afirma que “la gran afectada con la reforma será la clase media, que después de haber soportado las dos últimas reformas ahora tendrá que asumir una mayor carga tributaria”. Más claro no canta un gallo!
