Si usted es mujer colombiana, joven, indígena o negra, campesina y tiene la condición de víctima de la violencia, está enfrentada a graves problemas en términos de desarrollo humano. Su probabilidad de vivir en la pobreza extrema es altísima. La opción de tener un empleo digno es muy baja. El acceso a los bienes públicos es limitado. Es casi seguro que sus hijos y nietos quedarán atrapados en la pobreza intergeneracional.
Esta es la cruda realidad social del país, donde alrededor de 13 millones de personas son pobres y de estas 4 millones están en la línea de la pobreza extrema, y salir de allí y escalar en la pirámide social es una proeza que muy pocos alcanzan a lo largo de su vida.
Las mujeres son las más golpeadas por la pobreza, el abandono y la marginalidad, lo cual las pone en condiciones de vulnerabilidad crítica. Algunos indicadores nos demuestran que esta afirmación es cierta.
El desempleo femenino en Colombia es un 30% más alto que el de los hombres. Si se trata de mujeres jóvenes, la tasa de desempleo es el doble del promedio general del país. La remuneración femenina es un 20% menor que la que le pagan a sus pares masculinos. El Estado no reconoce la ocupación de las mujeres en el cuidado del hogar. La pobreza femenina es un 25% más alta que la de los hombres cuando ellas son cabezas de familia y aumenta hasta el 40% cuando ellas son desplazadas por el conflicto interno. Si las mujeres son campesinas no tienen posibilidades de una pensión de vejez y corren, además, el riesgo de ser analfabetas. Y como si fuera poco, ellas también son las principales víctimas de la violencia física, sexual y armada.
Con un panorama de estas dimensiones, se entiende por qué Colombia figura entre los quince países más desiguales del mundo y el que menos avances muestra en la lucha contra la pobreza y la equidad en América Latina, de acuerdo con la CEPAL.
Las soluciones están en la definición y aplicación de políticas públicas que permitan zanjar las brechas de género en el país; una mayor participación política femenina; políticas públicas de inserción de las mujeres en el mundo laboral y empresarial; prevención de la violencia de género; protección a las mujeres cabeza de hogar; reconocimiento laboral y pensional del trabajo que realizan las mujeres al interior de sus hogares; eliminación de la brecha salarial; y castigo judicial para quienes propicien la discriminación por género.
Todas estas acciones se pueden lograr, siempre y cuando haya voluntad y liderazgo de las cabezas de los poderes públicos y de los partidos y movimientos políticos; de los dueños de los capitales productivos y de las organizaciones femeninas.
