La ola de violencia azota a las regiones colombianas y la acción contundente del Estado parece desvirtuada. No obstante, algunos aciertos militares, todavía es indispensable fortalecer, sólidamente, la lucha frontal contra el crimen organizado.
Y así debe ser porque los bandidos se pasean como Pedro por su casa, los grupos ilegales se fortalecen de manera descomunal, la ‘pillería’ se apodera de los municipios, y el narcotráfico crece sin parar.
Las denominadas “disidencias” de las Farc, no son más que las mismas Farc, en su conducto regular: asesinan, extorsionan, traquetean, secuestran, y ejecutan todo tipo de vejámenes contra la población colombiana. Bien estimó el General Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, al manifestar que por unos 2.700 hombres está integrado ese brazo criminal. La situación es preocupante, porque allí se suman los genocidas del ELN, quienes, se fortalecieron desde el año 2010 por consecuencia de la negligencia del Gobierno de turno. A ellos también hay que derrotarlos en un bloque de suma verticalidad.
Y así es porque el combate debe dirigirse, implacablemente, frente a dos grupos terroristas de alta peligrosidad que, amenazan el orden y la estabilidad institucional. No puede permitirse, bajo ningún pretexto, que la subversión continúe floreciendo en estas tierras fértiles: hay que cortarla de raíz y la única vía es por medio de la fuerza institucionalizada. Y es que, ante semejante caos, no hay otra opción: el menester democrático radica en neutralizar a los genocidas, para garantizarles paz a todos los ciudadanos colombianos.
Por lo antecedente, es de vital importancia que el Gobierno Nacional, incremente de manera proba su pie de fuerza, en regiones como el Catatumbo, Arauca, Cauca, Meta, pero, principalmente, en el Bajo Cauca Antioqueño y en el Sur de Córdoba, donde se fortalecen de manera desconsiderada bandas criminales sumamente cobardes- por su accionar- como el Clan del Golfo y los denominados Caparrapos; estos últimos, supuestamente, disidentes de los primeros. Allí se disputan el botín por la minería ilegal, por la extorsión y el narcotráfico. Entretanto, han asesinado a importantes líderes de la región sin que ocurra absolutamente nada. La impunidad, hasta ahora, ha imperado. ¡Algo inadmisible!
Pero, para ser exactos, en Córdoba y en el Bajo Cauca Antioqueño- territorios agrícolas indiscutiblemente prósperos en su sistema productivo- pelechó la violencia durante más de 40 años, toda vez que no hubo presencia institucional, pues los grupos ilegales se tomaron el territorio para hacer de las suyas, intimidando a la población. Allí, acribillaron a líderes, empresarios, ganaderos, y políticos sin la más mínima compasión. Y nunca nadie hizo algo. Todos estaban permeados de temor. Ahora, será que el Gobierno Nacional, ¿permitirá que suceda lo mismo otra vez? No creemos que así sea.
Por ello, ante la precariedad de la coyuntura actual, es que la acción contundente del Estado no puede tambalear ni claudicar, con su ápice de rigor debido. La fuerza y la legitimidad para garantizar el bienestar social deben prevalecer ante cualquier amenaza, porque no existe criminal que pueda atemorizar a una región. La regla general es que el temor lo sientan ellos, como asesinos repudiables, y no los ciudadanos de bien, que trabajan por la sociedad. Por tal razón, deben tomarse todas las medidas necesarias, que garanticen la neutralización de los bandidos.
Históricamente, hemos comprobado como los criminales desfallecen cuando los combaten sin misericordia, ni consideración. Allí, de inmediato pierden vigor, y su causa se surte plenamente ineficaz. Empero, ocurre lo contrario, cuando las autoridades son dóciles en su accionar.
Nuestro mensaje es claro: deben organizarse varios bloques de la fuerza pública. El primero, debe ir dirigido a desbaratar a los disidentes de las Farc y a los Elenos. El segundo, debe despedazar a las bandas criminales del Clan del Golfo y Caparrapos. Solo así se podrá erradicar dicho flagelo. De no hacerlo, continuaremos con lo mismo. Además, hay que asignar mayores efectivos que militaricen el Sur de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño, dado que, hasta ahora, no lo han hecho. La población aclama por protección, y el Gobierno debe obrar con prontitud frente a dicha amenaza terrorista- criminal. ¡Es una obligación atender la solicitud ciudadana!
Nuestras fuerzas militares y de policía gozan de magno rigor y por ello no pueden desfallecer en la labor. Aun contamos con tiempo suficiente, para obrar en consecuencia. ¡Ya es hora de enfrentar con coraje y gallardía a esa maligna criminalidad!
