La controversia está abierta sobre si el fracking es bueno o malo para el medio ambiente y para la salud de las personas. Porque lo que sí está claro, es que es un gran negocio económico.
Miremos el tema por el final. El gobierno nacional, Ecopetrol y toda la cadena de valor que hay alrededor del crudo, reclama que el fracking debe ser aprobado y aducen dos argumentos básicos: que esta técnica no representa ningún daño para el ambiente y las comunidades y que la economía del país se verá altamente favorecida porque aumentarán tres veces las reservas de petróleo. De esto se deriva, dicen ellos, la garantía de que los territorios podrán seguir recibiendo regalías y la industria demandando el empleo de miles de personas.
La preocupación de estos actores es que las reservas de petróleo se agotarán en siete años y si esto ocurre habrá necesidad de importar el crudo y la totalidad de sus subproductos, comenzando por la gasolina. Mientras que con el fractura hidráulica se podrá recuperar el petróleo que se encuentra atrapado en las rocas del subsuelo.
Al otro lado de la controversia, están quienes han levantado su voz de preocupación por la inminente aplicación de esta técnica en el Magdalena Medio y muy seguramente después en todas las regiones productoras de petróleo.
Las críticas que se hacen, principalmente, es que existe el peligro real de que se afecte el suelo por los vertimientos químicos y se contaminen las fuentes de agua, con claros perjuicios ambientales y sociales. Además, hay sospechas de que se incrementarían los riesgos sísmicos debido a la manera como se ejecuta esta técnica de fracturación de rocas.
Así mismo, se afirma que en Colombia no se ha hecho un estudio serio y consistente sobre los efectos del fracking y que lo único que hay son unas recomendaciones hechas por una “Comisión de Expertos” al gobierno, sobre cómo aplicar este método de explotación petrolera, sin que sus indagaciones y recomendaciones sean concluyentes, entre otras razones, porque los análisis fueron superficiales en comparación con los estudios efectuados en países como Estados Unidos.
Contrastando con las recomendaciones de los expertos colombianos, la poderosa Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, concluyó en un estudio, que duró seis años, que el fracking sí ha afectado las fuentes de agua en sus cinco etapas: adquisición, mezcla de químicos, inyección en pozos, manejo del agua producida, reuso y disposición de aguas residuales.
Por su lado, las autoridades ambientales de Colombia, que tienen que ver con el cuidado de los recursos naturales y con la expedición de las licencias, han demostrado, de acuerdo con sectores ambientalistas y líderes políticos, que no poseen la independencia suficiente para enfrentar las presiones de los grupos interesados en que el fracking sea una realidad.
Ya en el pasado, con la ocurrencia de graves daños ambientales ocasionados por fallas técnicas en la explotación del petróleo, tanto el Ministerio del Ambiente como la ANI y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se han quedado atascados en la maraña burocrática y sus pronunciamientos y sanciones no han sido ejemplarizantes, lo que envía un mensaje de debilidad y desinstitucionalización en la vigilancia de la industria petrolera.
El fracking ha generado ruido en todos los países en que se ha practicado. Y Colombia no es ni será la excepción. Lo más sensato es que el gobierno promueva una investigación independiente de largo plazo que consulte a las comunidades; que los investigadores no tengan vinculación con las grandes industrias del sector; que haya total transparencia en las actuaciones de quienes intervengan en el estudio; que se publique toda la información de manera constantemente; y que se tengan en cuenta en los análisis todas las normas legales y los riesgos ambientales y de salud.
El presidente Iván Duque prometió en campaña electoral que no permitiría el fracking en Colombia y debería cumplir su palabra, por lo menos mientras hay recomendaciones técnicas y científicas concluyentes sobre la viabilidad o no de su aplicación. Él debe tener en cuenta que las comunidades cercanas a los campos petroleros y los colombianos en general, no están dispuestos a jugarse la diversidad biológica ni la riqueza hídrica al país, al permitir la introducción de un modelo técnico que despierta tantas dudas.
La promesa del entonces candidato Iván Duque sobre no permitir el fracking, se enfrenta a las presiones que está recibiendo hoy como Presidente de la República. Por eso su actitud dubitativa, que se traduce en no impartir órdenes claras sobre cómo actuar frente a la técnica de fractura hidráulica para obtener más barriles de petróleo. Esto ha facilitado, por ejemplo, que su Ministra de Minas esté liderando el fracking e incentivando a muchas empresas de hidrocarburos a que empiecen a preparar sus propuestas para obtener las licencias que les permita hacer las explotaciones inicialmente en el Magdalena Medio y en un tiempo no muy lejano en Meta, Casanare y Arauca..
Un grupo de parlamentarios recientemente envío una carta al Presidente señalándole que “el país carece de estudios a profundidad que permitan tener conocimientos biológicos, geológicos, hidrológicos, ecosistémicos, cartográficos e hidrogeológicos del territorio, lo que potencia los riesgos que la implementación de esta actividad pueda tener y limita la capacidad de prevenir y mitigar sus impactos”.
Además, el representante liberal del Meta, Alejandro Vega, prepara un debate de control político sobre el fracking, para que los funcionarios del Estado respondan sobre cuál es el compromiso institucional frente a este tema. El debate está servido.
