Entiende una porción cada vez mayor de la opinión colombiana que las insólitas objeciones por razones de inconveniencia de seis artículos del proyecto de ley estatutaria de la justicia Especial de Paz- JEP-, planteadas por el presidente Iván Duque, son meros pretextos para comenzar a volver trizas los acuerdos de paz, propósito capital del Centro Democrático y fundamento de su estrategia para mantenerse en el poder.
A este movimiento político y a su creador el expresidente Álvaro Uribe los tienen sin cuidado el bien supremo de la paz, los mandatos de la Carta Fundamental, la cosa juzgada constitucional, la suerte de las víctimas, la comunidad internacional como garante del acuerdo de paz, el derecho de los jóvenes a aspirar a un futuro promisorio en un país libre de confrontaciones y el dolor padecido por cientos de miles de conciudadanos a lo largo de casi 60 años de violencia ininterrumpida, ni la muerte que se ensañó e hizo presa fácil siempre a lo largo de más de medio siglo y casi que con exclusividad de los más débiles y vulnerables
Únicamente les importa cultivar, como lo han hecho con éxito electoral hasta ahora, un clima de inestabilidad, polarización y miedo (“hacer que la gente salga a votar verraca”) y atizar sin pausa el hervidero de odios que les permite fungir como falsos mesías y alimentar el sueño remoto de una reelección en cabeza propia hoy no permitida.
No están dispuestos a detenerse ante nada. Han elegido la vía del enfrentamiento institucional desafiando a la Corte Constitucional y al propio Congreso de la República, instancias superiores en las cuales la ley estatutaria había culminado su trámite jurídico.
Clarísimos los argumentos de la réplica televisada ejercida por la oposición. Las objeciones presidenciales “ponen en riesgo grave la separación de poderes y atentan contra la construcción de la paz
Las 6 objeciones de inconveniencia “necias e improcedentes” según muchos, fueron presentadas como lo afirma la oposición sin ninguna justificación que explique efectos dañinos en términos económicos, sociales y políticos.
Pretenden retrotraer ilegítimamente al país a un debate ya clausurado constitucionalmente y convertir las posturas ideológicas del Centro Democrático y sus caballos de batalla de campaña en arietes políticos para demoler los acuerdos de paz.
El Procurador, Fernando Carrillo, afirmó, por su parte, que el presidente Duque ha abierto un debate inoportuno e inútil, desconociendo abiertamente el rol de la Corte Constitucional, después de advertir al primer mandatario que la decisión de objetar soslaya el principio de respeto a decisiones autónomas de la justicia y pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como estado de Derecho.
Entre las voces más contundentes contra las objeciones presidenciales a la Ley estatutaria de la JEP se alza la del expresidente Cesar Gaviria quien asegura que tal decisión” pone en riesgo lo avanzado en materia de terminación del conflicto con las Farc, se constituye en un incumplimiento grave por parte del Estado de las obligaciones derivadas del acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de casi 10.000 excombatientes.”
Asumiendo una postura en defensa de la paz negociada que ha sido histórica en el liberalismo también manifestó” su total desacuerdo y el de su partido con el hecho de que, por la vía de objeciones presidenciales, calificadas de inconveniencia, se pretenda poner en discusión una decisión de la Corte Constitucional en clara violación de los principios de separación de poderes y de respeto por la cosa juzgada.”
La comunidad internacional reaccionó con celeridad y sin dubitaciones diplomáticas frente a las objeciones de Iván Duque y respaldó a la JEP. El sistema de Naciones Unidas y la Misión de Verificación en Colombia reiteraron la importancia «que tiene para la paz y la garantía de los derechos de las víctimas el pleno y libre funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.”
La Corte Constitucional cerró definitivamente otro frente de debate al ratificar esta misma semana que la JEP si puede ordenar pruebas para establecer las fechas de los posibles delitos que sustentan la extradición, pero no sobre la culpabilidad o inocencia del procesado. Y declaró inexequible el artículo que creaba una sala especial de Juzgamiento para militares.
Mantuvo un silencio ensordecedor ante la carta repleta de “peros”, muy propia de su estilo y de sus cuestionadas ejecutorias que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, le dirigió al presidente Duque para solicitarle entre líneas maliciosas que procediera a objetar la ley estatutaria de la JEP.
El acuerdo de Paz entró en arenas pantanosas. Si el Legislativo por mayoría rechaza las objeciones, Duque tendría que sancionar la ley. Si acepta los argumentos presidenciales y excluye los artículos objetados con modificaciones el texto volvería a ser remitido a la Corte para que haga una valoración de sus aspectos constitucionales.
Si, como es lo más probable, no se logran mayorías a favor o en contra de las objeciones el proyecto podrá debatirse hasta el 16 de diciembre y deberá ser archivado al igual que se haría si existiera discrepancia entre Cámara y Senado. Pero entre tanto queda en suspenso la aplicación de la Ley Estatutaria. ¿Quien aspira a maniobrar a sus anchas en este vacío? ¿Y cuáles serán las consecuencias? The Economist afirma con sobrada razón que Duque ha socavado el acuerdo de paz y que ello podría incitar a los guerrilleros a tomar las armas. Y la nación estaría condenada a la guerra perpetua que tan fervientemente añoran los enemigos de la paz.
