Se reglamentó legislativamente el proceso de regionalización política. La descentralización se fortalece y se crean las condiciones legales para que las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) puedan transformarse en entes territoriales. El presidente de la República, Iván Duque, cumplió su palabra y sancionó la Ley 1962 de 2019. Es un gran acto de gobierno, el mejor de su mandato.
La Ley 2962 o Ley de Regiones es un texto que permite abrirle paso a un proceso real de democracia política a lo largo y ancho de Colombia. Esta norma, en sí misma, no es la solución al necesario proceso de democratización que, con urgencia reclama el país. No obstante, sin esta, no es posible avanzar en la construcción de una experiencia política regionalista. Esta Ley permite debilitar la concentración de poderes públicos que facilita la corrupción.
La centralización propia del modelo de república unitaria que se impuso desde la reforma constitucional de 1886 y la conciencia política autoritaria que engendra la concentración de poderes tienen más de un siglo de estar imperando. La centralización ha fomentado las guerras civiles, la desigualdad, la miseria en las regiones, mayor corrupción en la Nación y una democracia débil.
En contra de la centralización política y por la descentralización política, como una forma para construir una Nación democrática en la que se pueda vencer la corrupción, hemos venido luchando hace tiempo desde las regiones. Desde estos territorios se ha tenido claro el pensamiento del historiador liberal y católico, John Dalberg–Acton, profesor de la Universidad de Cambridge, quien afirmó: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
No es que el poder corrompa per se, es que el poder tiende a corromper y lo hará a quienes son proclives a ello. La centralización política en la Nación corrompe absolutamente porque concentra el poder en pocos. Esto ha ocurrido y ocurre. En contra de la corrupción no existe medicina mejor que la presencia activa del ciudadano.
Su presencia se garantiza con la descentralización. Por esto, la mejor alternativa en la lucha contra la corrupción política, administrativa y judicial no es otra que la descentralización en una sociedad civil organizada como Estado Constitucional de Derecho. La corrupción no se derrotará aumentando penas ni haciendo que las prisiones sean centros de deshumanización y menos dificultando el proceso de resocialización del condenado.
La lucha contra la corrupción no es un problema de populismo punitivo, es un asunto de democracia política, civil y social, y se vence o reduce en la medida en que se democratice una nación. Su origen está en la concentración de poderes.
Esta es la importancia de la Ley de Regiones, del proceso de regionalización. Es un excelente instrumento contra la corrupción. Los constituyentes de 1991 lograron que el tema de la regionalización se incorporara en la Constitución Política en los artículos 306 y 307. Es incuestionable que esta norma es el mejor acto de gobierno.
Nota. Hoy recuerdo con inmensa gratitud a los constituyentes Orlando Fals Borda, Juan B. Fernández, Julio Salgado Vásquez y Alfonso Palacio Rudas. Desde la eternidad ven con alegría la sanción de la Ley de Regiones. Honor a su memoria regionalista y por la democracia.
