Es sabido por todos que Venezuela, nuestra hermana república, vive una situación dramática en materia social, económica y política, y para agravar esto, los hechos confirman que está en peligro la democracia y el Estado Constitucional de Derecho: Una decisión judicial arbitraria del poder judicial en contra de la independencia de la rama legislativa saca a la luz pública el enemigo que acecha: la ideología y la política totalitaria.
La arbitraria decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contenida en las sentencias 155 y 156 de marzo pasado, disuelve el poder legislativo y se apropia de sus competencias, es un golpe burdo a los principios y valores del Estado Constitucional de Derecho y a la cultura jurídica y política del mundo civilizado. Esto es suficiente para que esos magistrados sean separados de sus cargos por violación a la Carta Política.
Los venezolanos defendieron la democracia y el Estado Constitucional de Derecho. La decisión fue reversada. No obstante, el peligro sigue acechando y los demócratas no podemos ignorar los intereses de la ideología y la política totalitaria que, con su pretensión de atornillarse en el poder público, lo destruyen todo.
El golpe burdo a los principios y valores del Estado Constitucional de Derecho lo propinó el poder judicial, lo impulsó el Gobierno Nacional desde la Presidencia de la República. La propia Fiscal General de la Nación criticó, indignada, la ruptura del hilo constitucional de la República de Venezuela y ordenó reversar la decisión y así se hizo ante la multitudinaria respuesta de la ciudadanía en contra de esa arbitrariedad.
Los hechos políticos demuestran que la independencia y división de los poderes públicos para la garantía de los derechos humanos en Venezuela no existen. Lo que hay en la actualidad es la concentración de esos poderes en el Ejecutivo que ordena y manda sobre los otros. Esto es totalitarismo y nuestro deber es redoblar esfuerzos para vencerlo. Es un compromiso ético.
Más grave es la perversión y la degeneración del derecho y las instituciones. Poner el derecho al servicio del totalitarismo es abrir la puerta a un ambiente de inseguridad a las libertades. Asimismo, poner el poder judicial al servicio de los intereses políticos de un gobierno es un atentado a la columna vertebral de una sociedad democrática: su Constitución Política. Por la vía de la arbitraria interpretación, el totalitarismo se sirve y no se debe permitir.
Luigi Ferrajoli, en toda su obra, insiste en que es la política la que debe estar limitada y gobernada por el derecho, no al revés, para así garantizar una zona en la que las mayorías y los poderes no puedan decidir, esa zona está entre la división y separación de poderes. Es una sabia lección que no se puede pasar por alto. El totalitarismo pone el derecho y el poder judicial al servicio de la política. Los degenera y los pervierte. Es necesario hacer frente común en contra de esa degeneración y perversión.
Bernd Rüthers en “Derecho degenerado. Teoría jurídica y juristas de cámara en el Tercer Reich” recuerda como el derecho, el poder judicial y los juristas estuvieron al servicio del nazismo, esencia del totalitarismo.
El artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela faculta la remoción de los cargos de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El poder ciudadano tiene la palabra en defensa de su Constitución Política.
