Las acciones emprendidas por parte del gobierno Duque frente al último informe presentado por el relator de las Naciones Unidas Michel Forst se asumen como una torpeza en materia política, la negación a las cifras presentadas respecto a la persecución y asesinato de lideres sociales en el país, pone en evidencia la ineficiencia de la política de Estado de cara a la protección de derechos humanos en las zonas donde el conflicto interno armado se ha recrudecido, lo que demuestra que las nuevas dinámicas de la violencia, sumadas a viejos comportamientos de los actores armados, dibujan un complejo mapa de grupos armados más desestructurados que dificulta el nivel de análisis de la situación, como la intervención humanitaria por parte de los organismos nacionales e internacionales.
Al informe de la ONU, se le suma el informe presentado por el Comité Internacional de las Cruz Roja (CICR), el cual expresa que los abusos de la guerra en el país no han menguado y tienen una configuración distinta en cada región del país. A lo largo de 2019, el (CICR), documentó 987 violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. El 77% de estos casos se refieren a amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, actos de violencia sexual, usos de armas no regladas por el Derecho Internacional Humanitario y el reclutamiento de menores, entre otros hechos de suma gravedad.
Querer deslegitimar estos informes, más que emprender acciones de negociación y colaboración reciproca entre el gobierno nacional y los organismos humanitarios internacionales deja muy mal parado al estado colombiano frente a la comunidad internacional, ya que al haber padecido el Conflicto Interno Armado más largo de la historia y la firma del acuerdo de paz, obliga a que Colombia asuma compromisos multilaterales para la protección de los Derechos Humanos desde la asignación de los recursos necesarios para la creación e implementación de políticas públicas que le permita desde las acciones institucionales llegar a territorios como Santander, Chocó, Antioquia, Nariño y Putumayo donde el conflicto se ha reactivado de manera diametral.
Es importante además recordar que la labor de un relator de las Naciones Unidas, es independiente a los gobiernos y tiene como fin recabar, recibir, examinar información, así como responder a la misma, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; establecer una cooperación y entablar un diálogo con los gobiernos y otros agentes interesados en la promoción y aplicación efectiva de la Declaración; recomendar estrategias eficaces para proteger mejor a los defensores de los derechos humanos y dar seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones.
El gobierno Duque en materia de Relaciones Internacionales, deberá repensar su política, con lo cual más que deslegitimar y atacar a los organismos avalados por el multilateralismo, deberá brindarles seguridad para su accionar, lo que le permitirá seguir abriendo puertas para el apoyo a los procesos intrínsecos de los acuerdos de paz y la protección de los defensores de los derechos humanos, ya que el proceso de paz cabe además señalar que ingreso por vía constitucional como compromiso de Estado, lo que lo dota con la suficiente fuerza jurídica y política para su implementación, más allá de los intereses de gobierno, es decir este no se configura desde el péndulo electoral, sino desde todo el andamiaje político del estado.
