El informe de Derechos Humanos –DDHH- presentado por la ONU ha generado rayos y centellas como para alquilar balcón.
Palabras como las del senador Ernesto Macías que sugiere cerrar la oficina de Naciones Unidas en Colombia, son insultantes y poco atinadas, pues con ello nos estaría conduciendo a posicionarnos al lado de Siria, Afganistán, Irán y demás países que se reconocen en el mundo por violar los Derechos Humanos y por su impunidad.
Lo que resulta lamentable y penoso es que el Gobierno colombiano olvide que las Naciones Unidas tienen una oficina que es la del Alto Comisionado para los DDHH – ACNUDH – en distintos países, cuyo objetivo es velar por la protección y el disfrute de esta clase de derechos en el mundo, y como tal, proteger los tres pilares de esta institución internacional que son: la paz y la seguridad, los Derechos Humanos y el desarrollo.
Es penoso que la diplomacia colombiana olvide las funciones propias de las Naciones Unidas y de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH, la cual proporciona a esta institución internacional la información que requiera en esta materia, y a la vez recibe en cada país, las denuncias individuales sobre estas violaciones.
Resulta populista que el Gobierno Duque diga que la ONU está inmiscuyéndose en los asuntos internos del país o violando su soberanía, cuando esta institución tiene la facultad de hacer evaluaciones y dar directrices sobre los Derechos Humanos al Ejecutivo para una mejora de los mismos en el país.
No es entendible como un país como Colombia con tradición de violación de Derechos Humanos a lo largo de su historia, y con un doble discurso por la paz, reaccione de manera anti-democrática, negándole la entrada al funcionario diplomático de las Naciones Unidas, que cumple con sus obligaciones, solo porque al Gobierno no le gusta que le digan la verdad.
Lo interesante del tema es que el representante de la Cruz Roja Internacional en Colombia en noticias del diario El Espectador de fecha 5 de marzo del año en curso, hizo el balance del año 2019, y lanzó una alerta por el aumento de víctimas de artefactos explosivos, casos de desaparición y aumento de personas confinadas por la presencia de actores armados. Es decir, con la administración Duque ha existido un retroceso en términos de paz.
Esperamos que este informe de la Cruz Roja Internacional en el país, no le genere bravuconadas al Gobierno nacional, sino por el contrario le sirva para reflexionar y ejecutar políticas públicas para solucionar esta grave problemática.
No podemos olvidar que en el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper Pizano tuvo un escándalo por violación a los DDHH; y como consecuencia de ello, ese Gobierno solicitó la creación de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH con atribuciones más fuertes y decisorias que las normales en contraposición a lo que pedían las ONG de ese entonces, que era el nombramiento de un relator de la ONU.
A partir del año 1997, “las denuncias que recibiera el Alto Comisionado en materia de violación a los DD. HH., irían directamente a la Comisión y serían divulgadas internacionalmente, con el aval de una autoridad de Naciones Unidas”[1], por lo cual eso es lo que hizo Michel Forst el relator de las ONU el 4 de marzo en Ginebra.
Como si fuera poco, en la noticia del diario El Tiempo de fecha 6 de marzo titulada: “Investigan causas del asesinado de la ex integrante de las FARC en Bogotá”, con ello parecería ser que se inició un exterminio contra este grupo, con lo cual es lamentable para la democracia, la que se caracteriza por su pluralidad ideológica y tolerancia.
Lo aberrante del tema es que según la noticia de prensa de la revista Semana del 2 de febrero 2020 titulada “Querían borrar por completo mi informe”: relator de la ONU sobre el Gobierno”, como bien lo señala su título, el Gobierno Nacional quería eliminar completamente el informe del relator, el cual tenía solamente un diagnóstico y una evaluación de los homicidios de los defensores de los derechos humanos, apropiándose de esta manera funciones que no le corresponden.
La sensación que queda es que la democracia colombiana es cada vez más débil y actuamos como en una dictadura. Me pregunto entonces, ¿Qué clase de diplomacia tenemos?, ¿Á donde hemos llegado? Estamos peor que Venezuela. Al menos en el vecino país se reconoce que hay una dictadura.
No podemos confundir la diplomacia y el Derecho Internacional con la ideología partidista y los odios y amores de un sector político; eso sería terminar con el buen nombre que logró del país en la anterior administración y llevarnos al aislamiento.
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[1] El Tiempo, “COMISIONADO DE DD. HH. PARA COLOMBIA”, 20 de abril de 1996
