Una situación sin precedentes se vivió en la última semana entre el gobierno colombiano y la Organización de las Naciones Unidas, dos son las razones de éste desencuentro, por un lado, la Alta Consejera para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, presentó recientemente su último informe anual sobre Colombia y el segundo hecho, el que levantó más ampolla, el presentado por Michel Forst, relator para los Derechos Humanos del organismo internacional, donde el país queda mal parado en materia de seguridad nacional y por supuesto todo el gobierno en su conjunto.
Estos dos informes generaron todo tipo de reacciones, desde las más extremas lanzadas por una orilla ideológica del partido de gobierno que pidió el cierre de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, por considerar una intromisión en los asuntos nacionales, otros manifiestan que el organismo no comparo, ni pidió estadísticas al gobierno para tener una base de apoyo y contrastar cifras, otros por supuesto señalan a la ONU como una entidad sesgada, parcializada y que no da garantías, desde la Cancillería por ejemplo, se dijo que el informe fue desbalanceado, incompleto, ilimitado y superficial; otros que es una guarida politiquera con sesgo ideológico pasional, injerencia indebida en la soberanía nacional y demás. Todas estas afirmaciones, son descabelladas y desproporcionadas, hicieron literalmente que muchos dentro de la colectividad de gobierno entraran en “shock” colectivo.
Todos sabemos que lo que señalan desde diversos frentes los aliados del gobierno no es así, las Naciones Unidas siempre se ha caracterizado por ser un organismo serio, respetable, con presencia en la mayoría de países del mundo, y además un socio incondicional de Colombia, pues no es la primera vez que presentan estos informes.
Ahora, hay que aclarar a la opinión pública nacional que aquí no hay ninguna intromisión en temas nacionales, simplemente están haciendo una serie de recomendaciones de los estándares internacionales a los cuales se ha acogido Colombia desde 1997 por lo menos en materia de Derechos Humanos.
Lo que señala la ONU en sus informes son verdades plenas, la seguridad sí se ha deteriorado y efectivamente los rangos, entre el 2018 y el 2019 se aumenta en 56% el asesinato a líderes indígenas en el Cauca por ejemplo. Definitivamente los defensores de derechos humanos, los líderes de restitución y los ambientalistas, por su puesto los líderes sociales están en una situación muy complicada y en Colombia prácticamente se está haciendo costumbre amenazar y ejecutar a muchos líderes sociales incluyendo desmovilizados en proceso de paz, pero hay que abonarle al gobierno algunas cosas, como que está haciendo tareas de fortalecer esos comités de los defensores de Derechos Humanos, pero con una debilidad, que son más cargados de anuncios que de resultados.
Lo que señala los informes de la ONU son temas profundamente graves, el organismo internacional adelantó 1151 misiones a lo largo y ancho del territorio nacional para verificar las condiciones en terreno, eso arrojo que tan sólo el año pasado hubo 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, una cifra alarmante que desde el 2014 no se presentaba. Asimismo se presentaron en ese mismo año 108 asesinatos de defensores de derechos humanos. ¡Terrible!
La ONU también señala que tan sólo el 11% de los asesinatos de líderes sociales han sido esclarecidos, mientras tanto el Gobierno Nacional alega que es del 50%, la revictimización también se ha disparado sobre todo en mujeres lideresas.
Ahora bien, el informe de 24 páginas también incluye recomendaciones para que haya una profunda transformación del ESMAD y evitar malos procedimientos que conlleven a nuevas muertes como las sucedidas con el joven universitario Dilan Cruz, asesinado durante las movilizaciones de noviembre pasado. También alerta sobre lo sucedido con el caso del asesinato del reinsertado de las FARC Dimar Torres ocurrido en Norte de Santander a manos de un militar.
La violencia creciente en los territorios, también fue dada a conocer por la ONU y esa situación de recrudecimiento de la guerra en las regiones, sobre todo en las más apartadas se debe a la no implementación a fondo del proceso de paz. La impunidad que sigue reinando, el modelo de los PDET que no avanza como se debe, en fin, en ese último informe sobre derechos humanos, Colombia se raja de principio a fin y el gobierno, en vez de ser conciliador y facilitar el trabajo del organismo multilateral, asume una posición radical y grosera que deja mucho que decir.
Esa es la ambigüedad del gobierno que es prisionero de los sectores más radicales de su partido, a ellos no les gusta la JEP, no les gusta las Cortes, ahora no les gusta la ONU y al paso que vamos no les va a gustar nada, y eso es peligroso para nuestra democracia, para las instituciones legítimamente constituidas y por supuesto para el país. Ojalá hagan retiros espirituales y cambien de parecer.
