La convocatoria para una asamblea nacional constituyente toca las puertas del Parlamento y de la Nación colombiana porque existe la necesidad inaplazable de reformar la administración de justicia.
Tal convocatoria para reformarla tendría un objeto muy limitado porque un país territorialmente inmenso como el nuestro, necesita ajustes constitucionales que permitan que la reforma a la justicia que se piensa hacer no permanezca anclada en el modelo de Estado centralista y de tan fuerte presidencialismo que tenemos.
Entre otros asuntos, porque no es difícil comprender que una de las fallas graves de la administración de justicia está relacionada con el modelo centralista que tiene el sistema judicial que lo ha vuelto lento y tardío, con decisiones que no se dictan en términos de equidad.
Justicia tardía es injusticia manifiesta. Es el modelo centralista de administración de justicia el que está en crisis y la ha convertido en un aparato pesado que actúa con lentitud.
No sólo la justicia está en crisis. El modelo de reparto de las transferencias también lo está. No es razonablemente justo que en el nivel central, en rigor, la Presidencia de la República, sea la que administre, directa o indirectamente, el 90 % de los recursos estatales y, por el contrario, las regiones no lo hagan, cuando estos bienes provienen directamente de los territorios.
En otras palabras, los recursos son producidos por las regiones y se les expropia de su titularidad y administración, privándoseles de su autonomía.
De hecho, la Región Caribe desde hace más de un siglo reclama la autonomía que le fue arrebatada en la reforma constitucional de 1886, tal exigencia la reafirmó con el Voto Caribe el 10 de marzo de 2010. Allí se puso de presente la reforma del modelo de Estado. Hoy se siguen escuchando voces autorizadas como la de Sofía Gaviria, parlamentaria ilustre del Partido Liberal, que reclama la adopción del modelo federal. Y dice, no es Antioquía federal, sino Colombia federal.
La necesidad de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, con un mayor objeto de transformación constitucional, es reclamada por el propio exhorto emanado del Consejo de Estado dirigido a la Procuraduría General de la Nación, para que modifique la estructura y misión de la institución y así adecuarla al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la Procuraduría General de la Nación se está trabajando para dar respuesta a la necesidad del ajuste institucional al Sistema Interamericano.
Asimismo, el Parlamento está en crisis. Esta en seria crisis de legitimidad y requiere de una gran cirugía que fortalezca su autonomía e independencia del Ejecutivo nacional y del presupuesto de la Nación. De la misma manera, están en crisis los partidos políticos y el ejercicio mismo de la política. El clientelismo y la corrupción han llegado a un elevado crecimiento que los hace incontrolable. El Congreso no ha logrado la reforma política.
Es una reforma seria, a fin de que se consoliden las instituciones y las hagan sólidas. La misma Carta Política debe ser fortalecida para una paz larga y duradera. La soberanía reside única y exclusivamente en la nación y de esta emanan los poderes públicos. Se requiere de una Constitución rígida que no pueda ser reformada a diestra y siniestra por el Parlamento y los Gobiernos de turno. Se requiere, con urgencia, de una asamblea nacional constituyente que reforme la Constitución y la lleve a refrendación popular.
