EL REPUNTE DE LA INDUSTRIA MINERA
Como dice la letra de Cantares de Navidad de la Billo´s Caracas Boys, “un año que viene y otro que se va”, momento oportuno para hacer un balance de prueba del desempeño de la economía en general y de uno de sus sectores más importantes, el de la industria extractiva en particular, en el año que termina, así como analizar sus perspectivas para el año que apenas empieza. Nos vamos a enfocar más específicamente en la industria extractiva, la cual se constituyó en una de las cinco locomotoras del crecimiento y la generación de empleo contempladas en Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Prosperidad para todos. Ya para el segundo cuatrienio de la administración Santos este sector dejó de ser el principal propulsor del crecimiento del PIB, que lo fue en el período anterior, siendo relevado por los sectores de la construcción y el financiero. En el Plan de Desarrollo 2014 – 2018 Todos por un nuevo país la industria extractiva perdió su dinamismo, se ha rezagado y marcha a remolque de ellos.
Las reservas probadas de recursos mineros, especialmente carbón, oro y ferroníquel, así como las reservas de hidrocarburos con las que cuenta Colombia siguen siendo muy limitadas, no obstante su potencial y prospectividad, por ello se suele decir que Colombia a pesar de ser un importante productor y exportador de los mismos, no se puede catalogar como país minero ni como país petrolero. Basta con decir que sumados, la participación de la explotación de minas y canteras, a duras penas llega en este momento al 6.03% del PIB. Más, sin embargo, este sector sigue siendo el principal renglón exportador y generador de divisas del país.
Como se recordará, Colombia se benefició del largo ciclo de precios altos de los commodities que se prolongó por espacio de una década que va desde el 2003 al 2012, año este a partir del cual se desplomaron todos ellos, excepción hecha del petróleo, cuya caída comenzó a mediados del año 2014. A guisa de ejemplo digamos que para el año 2011 el precio de la tonelada de carbón llegó a rozar los US $143.88 en julio de 2008, entre tanto el precio del barril de crudo llegó a su máximo histórico de US $145.29 el 7 de julio de 2008. Los mayores precios se tradujeron en mayor producción, mayores exportaciones, en más entrada de divisas tanto por las ventas en el exterior como por la afluencia de inversiones extranjeras en el sector y mayores ingresos tanto por concepto de impuestos como de regalías, amén de las mayores transferencias de ECOPETROL a la Nación como dividendos. Valga decir que entre 2001 y 2011 la extracción de carbón y oro crecieron el 95% y el 156%, respectivamente. En suma, este sector se convirtió en el gran dinamizador del crecimiento del PIB, el cual llegó a su culmen en el 2011 con una tasa de 6.7%. Como efectos colaterales de este período de vacas gordas la economía colombiana contrajo la enfermedad holandesa y terminó reprimarizándose, que fueron sus secuelas.
Pero, como dice el adagio popular, lo que por agua viene por agua se va, cuando la menor demanda de los países emergentes encabezados por China hizo que se contrajera el mercado y que los precios se deprimieran, las inversiones y los inversionistas extranjeros empezaron a alejarse y tanto la renta minera como la petrolera se redujeron a su mínima expresión. Y, como era de esperarse se desaceleró el ritmo de crecimiento del PIB, a tal punto que en los años subsiguientes el incremento del PIB se ha venido deslizando por una especie de tobogán, del 4.9% en 2013 al 4.4% en 2014 al 3.1% en 2015, al 2% en 2016, para recalar en el 2017 muy por debajo del 2%, la más baja tasa de crecimiento en lo corrido del siglo XXI.
Ya desde el 2012 Michael Reid, editor para las Américas de la revista inglesa The Economist, se planteaba que “el gran interrogante es si este gran ciclo de las materias primas, como lo llaman algunos, está llegando a su fin”. En efecto, a partir de ese año empezó la destorcida de los precios del carbón, del oro y el ferroníquel, los principales productos mineros exportables. Entre los años 2012 y 2014 los precios del carbón cayeron más del 38%, los del oro y el ferroníquel más del 24%, ya para julio de 2014 el precio de la tonelada de carbón había caído hasta los US $64.50 y siguió cayendo hasta tocar fondo en febrero de 2016 cuando se detuvo la caída en los US $41.38. Por su parte el precio del barril de petróleo de 42 galones empezó a caer desde mediados de 2014 cuando alcanzó los US $107.9 el WTI y US $115.2 el Brent, cerrando ese año en US $53.27 y US $56.82, respectivamente. El catalizador de la baja de los precios del crudo ha sido la sobreoferta del mismo por cuenta de la irrupción de EEUU como gran productor gracias a la revolución de los esquistos. La caída de los precios desalentó las inversiones en el sector y ralentizó la actividad, así la de producción como la de exploración, lo cual se tradujo en un choque externo muy fuerte, tanto mayor en la medida que no solamente cayeron los precios sino también la producción, concomitantemente con las exportaciones.
La industria extractiva se caracteriza por tener ciclos de precios altos y bajos, así como al largo ciclo de precios altos siguió el cuarto menguante para el sector, ahora desde el 2016 la actividad minera y petrolera ha empezado a repuntar junto con los precios. Entre enero y octubre de dicho año el precio del carbón térmico subió el 60% y desde entonces se ha sostenido la tendencia alcista, ya para mayo de 2017 el precio oscilaba entorno a los US $67.95 la tonelada, en septiembre se trepó a los US $82.74 y ya para noviembre cerró a US $83.78. Ello hizo posible que la producción de carbón en Colombia para el 2016 se elevara hasta alcanzar la cifra de 90.5 millones de toneladas, cifra record, aunque esta cifra se verá menguada en el 2017 debido a la caída de la producción del interior del país, que pasó de 10.7 millones de toneladas en 2016 a 6.5 millones en 2017, afectando el total que se calcula estará alrededor de las 88 toneladas. La baja sería mayor de no registrarse un incremento de 79.8 millones de toneladas en 2016 a 81.5 millones la producción de la región Caribe.
También repuntó la producción de oro en 2016 con 1´987.086 onzas, pero en el 2017 esa cifra se vio afectada por una baja de la producción total hasta 1´498.020, por cuenta de la reducción de la extracción ilegal del precioso metal, que pasó de 1´732.411 en 2016 a 1´212.687 onzas en 2017, mientras que la producción por parte de las empresas formalizadas subió de 254.675 onzas en 2016 a 285.332 en 2017. Ello se debe en gran medida a que la Agencia Nacional Minera (ANM) se resolvió a meter en cintura la extracción ilícita del oro, mediante el Decreto 1102 de 2017, al tiempo que viene promoviendo la formalización de la minería artesanal y ancestral mediante la aplicación de los decretos 480 de 2014 y 1949 de 2017, lo cual constituye un importante paso en la dirección correcta. Por su parte Cerromatoso S. A le ha sacado ventaja al repunte del precio del ferroníquel y después de obtener una producción de 37.092 toneladas en 2016 escalando su producción estimada hasta las 41.024 toneladas en 2017.
Se calcula que las exportaciones mineras crecerán este año el 40%, pasando de los US $8.934 millones a US $13.000 millones, que corresponden básicamente a carbón, oro y ferroníquel. En lo atinente a la inversión extranjera directa (IED) en minería, después del bajonazo entre 2015 y 2016, que se contrajo de US $533 millones a – US $97 millones, volvió a terreno positivo con un monto de inversión en 2017 de US $441 millones y se esperan inversiones del orden de los US $1.500 millones para el 2018. Dos renglones que empiezan a tener un peso importante en la balanza minera son las esmeraldas y el cobre. En el 2015 se produjeron 1´782.059 quilates bruto, en el 2016 2´025.681 y en el 2017 se proyecta una producción de 2´274.871 toneladas. En cuanto a la producción de cobre, esta pasó de 5.463 toneladas en 2015 a 8.493 en 2016 y se espera este año una producción de 9.253 toneladas.
SE REACTIVA LA INDUSTRIA PETROLERA
La industria petrolera recibió un rudo golpe con la caída de los precios del crudo, los cuales alcanzaron a rondar los US $24 a finales de enero de 2016, tardó en reaccionar y ello desalentó la actividad petrolera en todo el mundo y Colombia, que cumple el 29 abril de 2018 cien años desde que se perforó el primer pozo productor de hidrocarburos (Infantas No. 2), no fue la excepción. Posteriormente vendría una lenta recuperación aupada por el viraje de la OPEP, que cambió su estrategia de mantener su producción al tope y desde noviembre de 2016 tomó la determinación, en alianza con otro gran productor no miembro del cartel como lo es Rusia, de recortar la producción en 1.8 millones de barriles diarios para tratar de detener la caída de los precios. Y en parte lo han logrado, lo cual los ha llevado a prorrogar hasta finales de 2018 dicho acuerdo. Así lograron que el precio subiera un 82% entre enero de 2016 y enero de 2017 y que el precio promedio del barril de crudo en 2016 se situara en US $52.10. Para el 29 de diciembre de 2017 se cotizó el barril de crudo a US $59.78 el WTI y a US $66.60 el Brent y arrancó el 2018 en alza, al cotizarse el día 3 de enero en US $61.81 el WTI y US $67.92 el Brent. Es de anotar que la última vez que el precio del barril de petróleo estuvo alrededor de los US $60 fue entre mediados de 2005 y mediados de 2006.
La firma calificadora de riesgo Standard and Poor´s pronostica un precio del crudo de US $55 el barril para el 2018, no obstante dada su volatilidad y lo errático de su comportamiento cualquier cosa puede suceder. Si bien el susodicho recorte, la interrupción de suministros por distintos eventos imprevistos, amén de la caída temporal de producción e inventarios en EEUU y la perspectiva que favorece un crecimiento de la demanda favorecen el aumento de los precios, hay varios factores que conspiran contra la tendencia alcista de los precios. El principal de ellos es la agresividad de la política energética de Donald Trump quien no ha titubeado al advertir, a propósito del fracking que “producir más energía estadounidense es una parte central de mi plan para que EEUU vuelva a ser rico…Voy a eliminar las restricciones sobre la energía estadounidense y permitir que esta riqueza llegue a nuestras comunidades”. Es muy diciente que los EEUU hubiera alcanzado en septiembre de 2017 una producción de 9.5 millones de barriles/día, la más alta producción desde 2015 y según la Administración de la Información de Energía de los EEUU (EIA, por sus siglas en inglés), hace un año tenía 477 plataformas activas y el 1 de diciembre de 2017 ya tenía 749.
A consecuencia de la baja de los precios del crudo la inversión y la actividad exploratoria se vinieron abajo. El año 2016 tuvo la más baja rata de exploración onshore en 12 años. Si en 2010 se corrieron 19.986 kilómetros de sísmica 2D en el año 2016 sólo se corrieron 2.000 kilómetros y hasta octubre de 2017 sólo se habían alcanzado 929 kilómetros equivalentes onshore y nula actividad sísmica costa afuera, lo que contrasta con los 33.86 mil kilómetros 2D equivalentes totales en 2016. Con razón sostiene la Cámara Colombiana de servicios Petroleros (CAMPETROL) que el 2017 se posiciona como el de menor actividad sísmica desde que se llevan registros hace 17 años. Empero, según fuentes de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) se espera que en el 2018 las inversiones de la industria petrolera en Colombia fluctuará entre los US $4.500 millones y US $4.900 millones, 45% mayor que en 2017, enfocadas fundamentalmente a la exploración y extracción de crudos. Ello permite augurar que este sea el año de la recuperación de esta industria.
Resulta estimulante registrar que el número de taladros en los frentes de la actividad exploratoria ha aumentado sensiblemente, estamos hablando de 111 equipos, 70 equipos más que en octubre de 2016. También es de destacar como un hecho positivo los 41 pozos exploratorios perforados, de una meta de la ANH de 50 para todo el año, frente a 13 para el mismo lapso en 2016, de 21 perforados al cierre de 2016 y de los 5 pozos offshore que se planearon perforar en 2017, sólo resta uno que ya está en perforación. Pero, todavía estamos muy lejos de los 131 pozos que se perforaron en 2012. Dada la precariedad de las reservas probadas con las que se contaba al cierre de 2016 (1.665 millones de barriles), a las que hay que descontar aproximadamente 310.250.000 barriles, los que se extrajeron en el transcurso del 2017. Y descontemos también un año de los 5.1 años de autosuficiencia. De allí la urgencia de incorporar más barriles a las reservas, para espantar el fantasma de la pérdida de la autosuficiencia. Se ha venido haciendo un gran esfuerzo en el mejoramiento del recobro, pero ello aunque es necesario no es suficiente, requerimos, además de pasar reservas contingentes a probadas, nuevos hallazgos.
Como ya lo dijimos Colombia se ha visto afectada en esta coyuntura difícil de bajos precios por partida doble, porque además de la baja en la cotización del crudo, que participó con el 32.8% de las exportaciones en 2017 (US $9.883 millones de US $30.066 millones totales) la producción también ha descendido. La meta de producción promedio de un millón de barriles/día de petróleo es asunto del pasado desde 2016 cuando bajó a 885.000 y en 2017 se calcula en 864.000 barriles/día. Y la única manera de detener la caída de la producción y sostener un platteau mayor de los 840.000 barriles, que es la nueva meta para 2018 según el Plan Financiero 2018, es reponiendo y acrecentando las reservas probadas y en ese sentido la nueva frontera para lograrlo está en la apuesta por la exploración offshore, en donde ECOPETROL ya se ha anotado los primeros éxitos y en los yacimientos en rocas generadoras, más conocidos como no convencionales, desde donde sólo se pueden extraer las reservas de crudo y/o gas utilizando la controvertida tecnología de la estimulación hidráulica. Según estimativos de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) y ECOPETROL allí hay un potencial entre 3.000 y 5.000 millones de barriles, con lo cual se podría ampliar el horizonte de la autosuficiencia entre 8 y 12 años más.
UNA DIGRESIÓN
De otra parte, en perspectiva, en el mediano y largo plazo el futuro para el carbón y el petróleo no es alentador. Dos decisiones tienen en ascuas a la industria minero-energética: recientemente, en el marco de la COP23 un grupo de 20 países, encabezados, además de Canadá, por Holanda, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y Chile, que combinados representan el 35% del mercado de los carbones colombianos en 2016, anunciaron que dejarán de usar carbón para foguear sus térmicas generadoras de energía en la próxima década. Ellos conformaron la Alianza para el abandono del carbón. Y, como si lo anterior fuera poco la multinacional anglo-australiana BHP Billiton, la empresa minera más gigante del planeta, accionista de El Cerrejón, que había manifestado su apoyo al Acuerdo de París (COP21), a través de un documento de 22 páginas, anunció su retiro de la Asociación Mundial de carbón (WCA, por sus siglas en inglés) por su desacuerdo con su política frente al Cambio climático, al tiempo que propende por migrar hacia las energías renovables y limpias. Y ya en la COP21, con su estrategia de la descarbonización, como dice el director de Greenpeace Internacional Kumi Naidoo, “pone a la industria de los combustibles fósiles en el lado negativo de la historia« y a las compañías petroleras «en el lado equivocado de la historia”.
Y, para rematar, el Banco Mundial acaba de tomar una decisión de una gran trascendencia, la cual tendrá serias implicaciones, dándole la espalda y retirándole todo apoyo a las energías de origen fósil. Dejará de financiar los proyectos de exploración y extracción de petróleo y gas a partir del 2020 (¡!). Su Presidente Jim Yong Kim, hizo este anuncio con ocasión de la Cumbre de 127 estados que convocó el Presidente de Francia Emmanuel Macron en Paris con posterioridad a la COP23. Se comprometió, además, a cumplir el objetivo que se impuso el Banco de que un 28% de sus créditos a 2020 vayan dirigidos a acciones que estén alineadas con los objetivos que se establecieron en el Acuerdo de París que tiene por objetivo frenar el Cambio climático.
En este contexto se explica la afirmación de Simón Henry, Director financiero de la petrolera Royal Dutch Shell, refiriéndose a los hidrocarburos en el sentido que “la demanda alcanzará su nivel máximo antes que los suministros…Y ese pico comenzará entre 5 y 15 años a partir de hoy y será impulsado por eficiencia y sustitución”. Es decir, la teoría del pico o cénit, de Hubbert, que trataba de establecer el momento en que las reservas de hidrocarburos empezarían a declinar debe ser revaluada y reemplazarla por otra que sea capaz de vaticinar el año en que la demanda por los hidrocarburos empezará a caer. Y lo propio se prevé que va a ocurrir con la demanda por carbón. De hecho, de acuerdo con un estudio reciente del FMI, el consumo de petróleo crecerá en los próximos años a un ritmo del 50% del ritmo de crecimiento del PIB global y estima que hacia el año 2040 el precio del petróleo se estabilizará alrededor de los US $ 15 el barril (¡!). Y de ello debemos estar advertidos, la Transición energética y la migración hacia las energías alternativas, sobre todos aquellas que son renovables y limpias son una realidad y hay que atenerse a ella porque es inexorable. Estamos muy cerca de que se cumpla la premonición del ex ministro de petróleos y recursos minerales de Arabia saudita y ex secretario general de la OPEP Ahmed Zaki Yamani, cuando dijo que “la edad de piedra no terminó por la falta de piedras y la era del petróleo terminará mucho antes de que el mundo se quede sin petróleo”. Para esta transición nos tenemos que preparar. dx
LA AMENAZA QUE SE CIERNE
Pero, para seguir avante en el propósito de aprovechar el cuarto de hora que les queda al carbón y al petróleo se tendrán que superar dos escollos que tiene a la actividad extractiva en Colombia en ascuas: la inseguridad jurídica y la conflictividad social. En cuanto a la inseguridad jurídica manifiesta el Presidente de la Asociación Colombiana de Minería Santiago Ángel que “si las cortes siguen abriendo en forma retroactiva y parando los proyectos y las ampliaciones, no vamos a ver el año dorado del carbón en 2018”. Pero, la verdad sea dicha, una de las principales fuentes del activismo judicial y del exacerbamiento de los conflictos sociales en las regiones en donde operan las empresas extractivas es la falta de un ordenamiento territorial, dando lugar a un conflicto de usos y de ocupación del territorio y de contera un conflicto de competencias entre las entidades territoriales y el Gobierno central. Un ejemplo patético de ello es el lío que se ha armado alrededor de la tardía delimitación del Páramo de Santurbán. A esto se viene a añadir, en el caso de la minería, los vacíos jurídicos que deja el anacrónico Código de Minas, que no responde a las nuevas realidades.
Pero, indudablemente, el detonante de la inconformidad y la insatisfacción en las regiones productoras fue la expedición del Acto legislativo 05 de 2011, que reformó el régimen de regalías en detrimento de ellas, que ahora no se sienten bien compensadas con lo que reciben con el nuevo reparto de las mismas. Alegan y con razón que el mayor impacto económico, social y ambiental de la actividad extractiva se da en el territorio en donde operan las empresas. En su momento se adujeron razones de equidad para repartir la “mermelada” en toda la tostada nacional, pero el impacto no se reparte, se queda en las regiones productoras. Se pretextó también que el manejo de las regalías en las regiones era una fuente de corrupción, pero con el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) lo que se hizo fue vender el sofá de la infidelidad, porque la corrupción ha hecho metástasis y ninguna institución o rama del poder público ha escapado a ella. En su momento, ante la amenaza en ciernes del despojo desde las regiones clamaban porque le dejaran las regalías y se llevaran a los corruptos y lo que sucedió fue todo lo contrario, se llevaron las regalías y les dejaron a los corruptos!
Capítulo aparte merece la proliferación de consultas populares y acuerdos municipales en contra de la actividad extractiva. De los 1.122 municipios con los que cuenta el país, desde el año 2013 se han realizado consultas populares en 9 de ellos, en 127 de ellos están en curso iniciativas para prohibir la actividad extractiva a lo largo y ancho del territorio nacional, entre ellas 81 consultas populares y 46 acuerdos municipales aprobados, de los cuales sólo 9 han sido objetados. Las altas cortes le han dado un espaldarazo a estas iniciativas ciudadanas al disponer de una parte que son las entidades territoriales las competentes para determinar la viabilidad de la actividad extractiva en su territorio y de otra que el resultado de las consultas populares tienen efecto vinculante.
Es de anotar que la actividad extractiva ha sido y sigue siendo una de las más importantes fuentes de ingresos del Estado, así como del Gobierno central como de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) casi su única fuente de financiación de sus proyectos de inversión. En el año 2013, la actividad extractiva le llegó a significar al país entre impuesto de renta, regalías y dividendos la no despreciable suma de $29.8 billones, de los cuales $20 billones se apropiaron en el Presupuesto General de la Nación, representando el 29.3% de sus ingresos corrientes. Para ese mismo año el SGR recibió el remanente, es decir $9.8 billones. Es más, según la Contraloría General, entre 2012 y 2016 la actividad extractiva alimentó al SGR con $40.3 billones, de los cuales el 80.4% provinieron de la extracción de crudos y el 19.6% de la minería propiamente dicha. Y, según el Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Luis Guillermo Vélez, el freno de mano que le han impuesto las protestas, bloqueos y oposición a la actividad extractiva se han dejado de recibir ”por concepto de regalías cada año superarían los $226.000 millones y significarán para el país en los próximos cinco años un hueco fiscal de $1.2 billones”. De manera que quienes le dicen no, sin atenuantes, a la actividad extractiva en el país deberán decir también con qué otras fuentes de ingresos se van a suplir los que se dejarían de recibir si ella se paraliza, porque estamos hablando de un monto sustancial de recursos con los cuales se financia tanto el funcionamiento como la inversión del Estado.
LA NECESIDAD DE LA LICENCIA SOCIAL
Ello pone de manifiesto la importancia y la necesidad de la Licencia social, sin la cual los proyectos se tornan inviables y la forma de hacerse a ella por parte de las empresas es ganándose el asentimiento de las comunidades asentadas en el área de influencia de los territorios en donde operan, porque, a veces, como lo escuché en un Congreso gremial del sector, las empresas “no enamoran” y obras son amores y no buenas razones. Siguiendo con la metáfora, para que la industria extractiva seduzca tiene que tomar distancia y alejarse de la concepción extractivista, para la que sólo importa maximizar la tasa de retorno del capital invertido y las utilidades que le reporta esta actividad a las empresas, las cuales, como dijo en su momento el entonces Presidente de El Cerrejón León Teicher, “deben hacer lo máximo posible por las comunidades y no lo mínimo necesario”. Así y sólo así, concibiendo y construyendo espacios convergentes entre actividad extractiva, inclusión y cohesión social, podrá ser viable hacia el futuro.
Toda esta controversia gira alrededor del impacto económico, social, laboral y ambiental de la actividad extractiva en los territorios. A nuestro juicio el camino indicado es el que sugiere el Banco Interamericano de Desarrollo entre sus recomendaciones para “fortalecer la operación minero-energética sostenible del país a corto y mediano plazo”: dice que “la participación ciudadana es un requisito para una correcta gobernanza sectorial. El diálogo sólo es fructífero cuando está orientado a generar resultados”. Y para ello plantea la necesidad de tender “un puente de entendimiento entre Gobierno, empresa y sociedad civil”, pues sólo ello “permitirá el desarrollo sostenible y rentable de los proyectos sobre la base de que los recursos naturales no renovables son bienes públicos que generan valor para todos los ciudadanos”. Y, claro, no se puede perder de vista que, como lo planteó John Stuart Mill hace rato, en el siglo XIX, “la democracia no se reduce al Gobierno de la mayoría. Es necesario, además, que las decisiones sean fruto de una discusión pública vigorosa” e informada, añadiría yo. En este sentido me parece acertada la Estrategia para la Gestión Territorial Equitativa de la Actividad extractiva, que tomamos de las Naciones Unidas y pusimos en marcha a mi paso por el Ministerio de Minas, Energía e Hidrocarburos.
Y ese gran diálogo deberá conducirnos a un gran Acuerdo para que las empresas extractivas que operen en Colombia lo hagan con las mejores prácticas y con las más exigentes prescripciones ambientales, para que tengamos una actividad extractiva responsable, incluyente, resiliente y competitiva. Hay que desmarcarse de la falsa y simplista disyuntiva de oro o agua, petróleo o agua, porque no son excluyentes, de lo que se trata es de hacer compatible el desarrollo de la actividad extractiva con la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Al fin y al cabo dicha actividad es generadora de ingresos, divisas, empleo y sigue siendo una importante fuente de financiamiento del Presupuesto general de la Nación y de los presupuestos de las entidades territoriales. No vaya a ser que nos ocurra lo del soneto del Tuerto López, en el que “muchachas del pasado, melindrosas/ que, cuidando el tesoro más preciado/ se solían morir tuberculosas”. Resulta esperanzador que gracias al diálogo entre las partes concernientes se han logrado concertaciones en 146 municipios para darle vía libre a las actividades mineras y en 191 más para la extracción de hidrocarburos, eso sí de manera responsable y respetuosa del medio ambiente.
