El sainete en que se convirtieron las votaciones del fast track se cerró con broche de oro con el espectáculo de la votación de las llamadas Circunscripciones Especial para la Paz. Quiero aprovechar estas líneas para hacer un recuento de los atropellos y de los absurdos en este episodio, para que a todos quede claro la magnitud de la desinstitucionalización y del abuso al que ha llegado un gobierno que ha fracasado en todas sus políticas.
Para comenzar, tras el primer debate en el Senado, en la conciliación, el ponente, Roy Barreras, incluyó cuatro grandes micos que hacían inaceptable el proyecto. La mayor de las “perlas” era que las curules ya no tenían que ser destinadas a víctimas, sino que sólo una de cada dos personas que se presentaran debía serlo, lo que quiere decir que la otra persona podía ser cualquier jefe político, o testaferro de las Farc, o narcotraficante no enjuiciado. Cualquier ciudadano colombiano podría ocuparlas. Eso confirmaba que el nombre de las víctimas iba a ser utilizado para sumarles 16 curules más a las Farc o a las organizaciones criminales operantes en las zonas de las circunscripciones.
Ese día, se abrió el registro, con el argumento de que se estaba verificando el quórum, y, en mitad de la votación, se dijo que se estaba votando la conciliación, lo cual consta en las grabaciones de varias cámaras. Sin embargo, se cerró el registro cuando no se tuvieron los votos requeridos. Al día siguiente, el doctor Barreras, con su habitual cinismo, pretendió que se habían subsanado todos los “micos” (aunque se mantenía la idea de que las curules sólo serían para corregimientos y no para cascos urbanos) y se abrió de nuevo el registro. Este se cierra por falta de quórum. Al siguiente día, tampoco se alcanzó el quórum.
Luego, llegó el martes 28, cuando, efectivamente, se produjo la votación. El resultado fue de 36 votos a favor y 17 en contra. En esa ocasión, voté positivamente, porque me había comprometido a ello si se permitía la participación de grupos de desmovilizados que llevaran más de 20 años reintegrados a la sociedad, como es el caso del EPL, el grupo que secuestró a mi madre y que, tras la reinserción, en 1989, mostró tal compromiso con la paz, que hasta mi propio hermano Guillermo, nombró a uno de sus directivos en su gabinete de la Gobernación de Antioquia.
Ese día, el registro se cerró con suficiente quórum, pero no alcanzó la mayoría absoluta. Y, según amplia jurisprudencia, la iniciativa fue hundida, pues, si logrado el quórum, un proyecto, como éste, de acto legislativo, no lograba mayoría absoluta de los votos, no se entiende como no aprobado, sino como hundido.
Pero, por arte del bilibirloque, que es la costumbre del senador Barreras y del Ministro del Interior, Guillermo Rivera, volvieron a abrir el registro, para pretender la votación de un acto legislativo que se había hundido.
Dado esto, con temor a incurrir en un prevaricato, me ausenté de la votación. Y, en esta votación espuria, no se alcanzó la mayoría, ni siquiera con toda la maquinaria de los Ministros de Hacienda, del Interior, del Trabajo, de Agricultura , y de varios viceministros, presentes en la plenaria (esta presión chantajista, que ha sido hecho reiterado en todas las votaciones importantes desde que estoy en el Congreso, es la misma que ha llevado a que dos ministros del gobierno Uribe estén en prisión desde hace años).
Pero, de manera increíble, una vez que todos habíamos asumido que se había hundido por cuarta vez el dichoso proyecto, encuentro a un energúmeno Roy Barreras reclamándole al Secretario del Senado, doctor Gregorio Eljach (quien hace las veces de notario y que lleva más de dos decenios desarrollando trabajo legislativo) que la mayoría absoluta, o sea la mitad de los votos más uno, debía sacarse de un total de 99 senadores, y no de 102, porque había tres “sillas vacías” (del Partido de la U, el del Presidente y el del señalado senador) . Pero resulta que la figura de “la silla vacía” tiene que ser dictaminada y, efectivamente de esas tres curules, solo una se ha perfeccionado. Amén de la jurisprudencia clara invocada, en la plenaria del pasado, por el mismo secretario Eljach, que confirma que «la silla vacía» no afecta el quórum, pero no los requisitos de la mayoría absoluta para las aprobaciones.
Y, a pesar de todo esto, el Presidente, en su arrogancia, afirma que la iniciativa fue aprobada, sin entender que otra vez fue vencido y que nadie cree que su interés por las víctimas sea verdadero. Así, pretende firmar un acto legislativo que, claramente, será declarado inexequible por la Corte Constitucional, salvo que esta renuncie al poco prestigio que le quede y decida hacerse el hara-kiri.
No me detendré a justificar el hundimiento de un proyecto que no solo jamás pensó en las víctimas, sino que, como todo el acuerdo de La Habana, fue camuflado de una buena intencionalidad, para, descaradamente, atrapar la ilusión de los más necesitados (las víctimas colombianas en los territorios más victimizados) y terminar empoltronando a los victimarios desde la institucionalidad.
Pero, como no cesa nuestro afán por lograr la representación real de las víctimas, basados en una solicitud de varios partidos, logramos radicar el Proyecto de Acto Legislativo 11 de 2017, que busca que, efectivamente, se aseguren 16 curules para víctimas en el Congreso. Diez de ellas irían para las víctimas de las Farc, en compensación por las diez, horrorosas, que se les regalaron, absurdamente, a sus victimarios, y seis de una circunscripción de orden nacional que funcionarían de la misma forma en que lo hacen las de los afros o las de los indígenas.
Esperamos que este proyecto sea debatido y votado con la prontitud que se requiere y que los partidos mantengan el compromiso con las víctimas, para que el próximo 20 de julio seamos testigos de la investidura congresional de los representantes más dignos, elegidos por las propias víctimas, que tendrán el papel inmenso de llevar en el Congreso la representación de todos sus compañeros de infortunio, frente a sus victimarios.
