“Cada año ocurren dos temblores suaves, cada diez años un sismo fuerte y cada cien años hay probabilidades de que suceda un terremoto”. Esta es una hipótesis que hace doce años plantearon los especialistas que crearon para Bogotá el Plan de Respuesta por Terremoto (PRT). Traigo a colación esta cita, porque precisamente Bogotá sufrió el 21 de agosto de 1917 un terremoto que sembró caos y dejó destrucción.
Los estudios sobre peligro sísmico en la Capital la ubican en una zona de amenaza intermedia. Lo que quiere decir que aun cuando no estamos en alto riesgo, existe una vulnerabilidad que no exime a nuestra población de enfrentarse a una catástrofe con consecuencias sociales, económicas y ambientales. Puede pasar, como generalmente ocurre, cuando nadie se lo espera.
No se trata de ser alarmistas, sino de ser precavidos. Estudios de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica muestran que más del 60% de las edificaciones bogotanas no cumplen con las normas de sismorresistencia, debido a su antigüedad y a la informalidad con que muchas fueron construidas, especialmente en las zonas periféricas. Una parte de estas edificaciones podrían resultar afectadas si ocurre un gran terremoto en Bogotá.
La ciudad se ha venido preparando para disminuir las consecuencias de un movimiento telúrico de más de siete grados en la escala de Richter. Desde 1984 contamos con una norma de construcción antisísmica y se realizan simulacros para crear conciencia y preparar a las personas frente a la ocurrencia de este fenómeno.
Se están ejecutando proyectos para atender las consecuencias que se puedan derivar de emergencias, calamidades y/o desastres, entre ellos de un gran terremoto. Las acciones desarrolladas son muy bien intencionadas, pero deben revisarse y figurar en la primera línea de interés institucional, lo cual significa más presupuesto y más personal especializado.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, que es la autoridad técnica Distrital en materia de riesgos inminentes, tiene un presupuesto anual de $15.000 millones para responder ante las emergencias y la prevención del cambio climático. Posee 2.000 kits compuestos por sábana, frazada y almohada y en contrato una disponibilidad de 1.000 más. Ambas cifras son insuficientes para preparar a una ciudad de ocho millones de habitantes frente a un desastre de grandes proporciones.
También preocupa que Bogotá únicamente tiene una relación de 1.8 camas por cada mil habitantes, cuando la norma internacional recomienda que en ciudades tan pobladas como la nuestra, haya al menos 4 camas por cada mil personas. Frente a una gran emergencia, podríamos quedar cortos en la atención de los heridos. En Bogotá hay una oferta de 14.756 camas, de las cuales 3.100 hacen parte de la Red Pública Distrital.
La ciudad debería reflexionar sobre el personal que se tiene para atender un gran desastre. Bogotá cuenta con 600 voluntarios en la Defensa Civil, 691 en la Cruz Roja y 142 en Bomberos. Estas cifras parecen no ser suficientes. Pero lo más grave, es que no hay planes consistentes y permanentes para formar más voluntarios en las diferentes localidades, en las empresas, en los colegios, en las instituciones públicas, en la Policía y en el Ejército.
Es necesario pensar, así mismo, en el montaje y funcionamiento de alojamientos temporales; en más centros de acopio; en mejorar los alcances y periodicidad de los simulacros; en desarrollar más acciones de sensibilización para fortalecer la memoria y reacción colectivas; en tener un modelo de atención con más recursos y más personal; y en poder actualizar la información sobre el estado de las edificaciones.
De lo que se trata es de proteger la vida y la salud de las personas y, en lo posible, evitar o disminuir al máximo los daños de los bienes frente a un gran terremoto, como esos que han sufrido en los últimos años ciudades como México y Santiago. En Bogotá ya se cumplieron cien años, y de ser cierta la advertencia de los expertos, estaríamos cercanos a un evento ante el cual podemos estar mejor preparados.
