En época de pandemia son muchos los que le quieren sacar provecho a la contingencia, desde carteles que acaparan todos los elementos básicos de protección, hasta quienes ponen las ambulancias al servicio público de pasajeros para evadir la norma, también los especuladores de los precios en los productos básicos de la canasta familiar y así en muchos otros sectores. Lo que refleja sin duda, corrupción a gran escala.
En el caso del nivel institucional, pues el panorama no es distinto. Muchos corruptos están de fiesta en varias regiones del país, contratando millonarios recursos para diferentes programas sociales encaminados a atender la crisis, pero en medio de su “esfuerzo” aprovechan para planillar mercados con sobrecostos, para beneficiar de ayudas a personas que no lo necesitan, y ni qué decir de los millonarios recursos que se invierten en los Programas de Alimentación Escolar –PAE-, muchos de esos recursos terminan dilapidándose y quedándose en los bolsillos de unos pocos inescrupulosos que juegan con el erario haciendo un festín con los recursos públicos que son de todos.
Pero en este escenario de la contingencia, también encontramos muchas empresas de servicios públicos que hoy juegan con la necesidad de la gente, abusando de las tarifas e incluso anunciando que van a promediar el pago de las mismas con meses donde no teníamos contingencia, afectando así a muchos sectores que hoy no tienen la misma capacidad de pago que en tiempos de normalidad. Especialmente me refiero a las empresas del servicio de energía, que han cometido muchos abusos en Colombia e incluso en estas circunstancias de la pandemia.
No solamente las hidroeléctricas han abusado del cargo de confiabilidad, también hace un par de años ocurrió la misma situación con las termoeléctricas las cuales obtuvieron recursos superiores a los $16 billones.
En medio de la crisis ciertas empresas como CELSIA en el Tolima aprovecharon la interpretación del artículo 146 de la Ley 142 del 93 de Servicios Públicos; para tratar de abusar con los comerciantes, con los hoteleros, con los restaurantes y en fin con la gente que se dedica a la prestación de servicios turísticos muy importantes en el sur oriente del Tolima, como Melgar, Carmen de Apicalá, Icononzo, Prado, etc, y que haciendo pretexto con el tema de que no podían revisar los consumos con personal presencial de la empresa, les iban a aplicar promedios de los últimos meses, es decir, en el mes de marzo querían calcular promediando con meses de temporadas altas, cuando los establecimientos no tienen ocupación hotelera, ni los restaurantes la clientela habitual y así querían cobrarles tarifas con promedio correspondientes a los meses de diciembre y enero que son de altísima ocupación. Ese abuso no lo toleró la gente y por eso, junto a varios dirigentes del Tolima impulsamos un debate en la última semana en la Comisión Quinta del Senado para exponer está y otras situaciones a la Ministra de Minas, a la Superintendente de Servicios Públicos, y al Director de la CREG.
Pero no sólo CELSIA en el Tolima, muchas empresas en Colombia han abusado con la trepada de las tarifas en los recibos de servicios públicos, constantemente recibimos quejas de situaciones similares en departamentos como el Cauca, el Huila, el Meta, en fin en muchas más regiones donde las tarifas por estos días llegan por las nubes sin que haya poder humano para regular esas situaciones. Por eso instamos a los organismos correspondientes a controlar y sancionar las alzas en el servicio de energía que se vienen presentando y denunciando a lo largo y ancho del país y por supuesto también que se apliquen los subsidios correspondientes a los estratos 1, 2 y 3.
Temas como el incremento en el valor del cargo fijo o en el valor del kilovatio que en muchas regiones prácticamente se ha doblado el precio, sin duda alguna tiene que sancionarse. Muchas familias que antes pagaban, por ejemplo, en promedio 80 o 90 mil pesos mensuales, ahora el valor del servicio se les duplicó y según la Resolución 058 del 2020, las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica no podrán realizar incrementos del valor del costo unitario, a menos que sean diferidos posteriormente.
En el caso de la compañía CELSIA, pues ya entró al radar del control del Ministerio de Minas, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la CREG y del Congreso de la República, y hoy esa empresa tiene que empezar a rectificar y ofrecer mejor servicio, pero servicio de calidad, sin abusos y con tarifas justas.
Estaremos muy atentos a hacerle seguimiento a este y otros temas de interés nacional, porque no es justo que hoy muchas personas, muchas empresas oportunistas se aprovechen del difícil momento de la gente para darles un golpe de gracia a sus bolsillos y debilitando aún más la precaria situación económica de las familias colombianas.
