Tomado de El Espectador
Un deliberado intento de engaño a la Corte Suprema de Justicia acaba de fracasar en la figura de Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, después de que el alto tribunal ratificó la pena a 40 años de prisión contra el único condenado que hubo, Héctor Paul Flórez. A él, hasta donde llega la información que se conoce, la justicia le probó haber sido uno de los sicarios que disparó contra el dirigente conservador el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la universidad Sergio Arboleda en compañía de su asistente, José del Cristo Huertas Hastamorir.
Fueron varios los intentos que en representación de otros miembros de su familia hizo el abogado Gómez Martínez de torcerle el cuello a la justicia, con una finalidad puramente monetaria, si hemos de creerle al mismo demandante cuando el 2 de noviembre de 2018, en un nuevo aniversario de la inmolación de su tío y el mismo día que pidió revisión del fallo que encontró responsable del crimen a su ‘cliente’, afirmó sin ruborizarse que “una vez sea fallada a su favor esta demanda, Héctor Paul Flórez reclamará al Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a una defensa justa y al debido proceso”. (Ver noticia).
Por eso dije en columna anterior que Álvaro Gómez debe de estar revolcándose en su tumba, pues es impresentable que su familia como parte civil haya logrado la condena del asesino a 40 años y más de 20 años después, ya consumado el propósito de desviar la investigación, el sobrino de la víctima aparezca defendiendo a uno de los sicarios. El Consejo de la Judicatura tendría aquí un caso elocuente para investigar y juzgar a Enrique Martínez Gómez por conflicto de intereses.
Pero ahí no para la cosa, porque el pasado domingo 17 de febrero se presentó una situación que escapa a toda lógica: en horario AAA durante su emisión de las 7 de la noche, Noticias Caracol presentó un reportaje de casi 6 minutos, donde en tono de primicia nacional mostraban de refilón un informe de la Dirección de Policía Judicial que probaría que la investigación por el crimen había sido desviada y –en reminiscencia de un capítulo de Los Informantes de 2014- presentaban a Héctor Paul Flórez como un angelito a quien la justicia convirtió en “chivo expiatorio”. La prueba reina que quisieron presentar como hecho sobreviniente fue un documento que todo el tiempo estuvo incorporado al proceso, pero en la nota lo hicieron figurar como si fuera el hallazgo judicial del siglo. (Ver informe de Noticias Caracol).
Lo sorprendente está en que luego de machacar sobre la injusticia que se habría cometido con tan larga condena, la inocente reportera (ella sí) afirma que “a Héctor Paul le queda un último recurso: la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos la suerte del único condenado por el magnicidio”.
Lo que no se dice allí es que once días antes de la presentación de ese reportaje, el miércoles 6 de febrero, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández la sala penal de la Corte Suprema ya había rechazado la acción de revisión en la que Enrique Gómez pedía tumbar la condena, mediante un documento de 32 páginas donde refuta uno a uno sus argumentos, basada en que los elementos aportados como prueba sobreviniente ya habían sido tenidos en cuenta en otros estrados judiciales: “no es novedoso el contenido de las declaraciones rendidas por los testigos a los que alude la defensa”.
Pero en desarrollo del citado reportaje, que coincide con la llegada a ese noticiero de Mauricio Gómez Escobar, periodista estrella del mismo e hijo de la víctima, se le escucha orondo a su primo Enrique afirmar que “hay documentos que fueron ocultados hasta hoy (…) hace menos de cinco o seis meses por la Policía, y los vinimos a conocer por otras fuentes”.
La piedra del escándalo reside en que habiendo fallado la Corte sobre las pretensiones del demandante y luego de haber sido notificado, Enrique Gómez asaltó la buena fe del noticiero cuando once días después desconoció (u ocultó, aquí sí) la providencia “no susceptible de ser recurrida”, y dio declaraciones que engañaron o confundieron a la opinión pública, pues hizo creer que el recurso de reposición interpuesto aún seguía su curso: “mientras el país espera por el recurso ante la Corte, la Fiscalía avanza en la investigación por la presunta desviación de esta investigación (sic)”, dice la engatusada autora del reportaje, cuyo nombre no aparece quizá por vergüenza propia.
La providencia de la Corte Suprema se traduce en que la condena a 40 años de cárcel contra Héctor Paul Flórez -de los cuales pasó 23 en la cárcel y hoy está en libertad condicional- es cosa juzgada. En otras palabras, que a Enrique Gómez Martínez y demás deudos esa platica se les perdió.
Remato esta columna con el párrafo final de un equilibrado artículo de Semana en su última edición, donde en una primera parte le quitaron al suscrito columnista la palabra de la boca, pero en la segunda no: “Todo lo anterior arroja dos escenarios diametralmente opuestos. Por un lado, no tiene lógica pensar que a la sala penal de la Corte Suprema le interese desviar la investigación de un crimen de esa trascendencia nacional. De ser así, esta sería una teoría de conspiración que a nadie le cabe en la cabeza. Por otro lado, igual de improbable es que la familia del inmolado líder conservador encabece un movimiento para reivindicar la inocencia de quien según la justicia es el autor material”. (Ver artículo).
Aquí entre nos, eso de “igual de improbable” también podría ser sometido a revisión, pues en la práctica lo han venido haciendo. Sobre todo desde lo mediático, con agresivas acusaciones contra el gobierno de Ernesto Samper para lograr que el magnicidio se configure como crimen de Estado (detrás de lo cual habría otro jugoso botín), y donde la voz cantante de tal despropósito siempre ha sido la columnista conservadora María Isabel Rueda, quien acostumbra recurrir a los buenos oficios de sus invaluables amigos, las vacas sagradas del periodismo nacional.
Sea como fuere, si la conspiración para ocultar a los verdaderos responsables del asesinato de Álvaro Gómez no proviene de la Corte Suprema, se hace casi de Perogrullo inferir que podría provenir de los parientes de la víctima…
DE REMATE: En días recientes se hizo viral la noticia de una estafadora conocida como ‘la mona Jaller’, quien al momento de su captura afirmó saber quién mató a Álvaro Gómez, y agregó: “aténganse a las consecuencias”. El periodista Mauricio Collazos de RCN Radio le preguntó si algún político tendría que preocuparse, y la señora respondió: “Pregúntele a Pastrana”. A continuación el analista Jorge Restrepo, al informar desde su cuenta de Twitter sobre esa entrevista, incurrió en grave falta a la ética periodística cuando en trino suyo –que también se hizo viral- puso en boca de su colega Collazos una pregunta que este no formuló: “¿Quién tiene que preocuparse, acaso Horacio Serpa?”. El primero en pedir rectificación debería ser el periodista afectado, negando enfáticamente haber dicho eso. Si no lo hace, debe ser que no le ve problema a que su nombre sea utilizado por un superior suyo para confeccionar una noticia falsa.
