En una publicación de 1997, Will Kymlicka y Wayne Norman debatían a propósito del concepto contemporáneo de ciudadanía. En su criterio, la visión clásica que divide el origen histórico y evolución del concepto de ciudadanía a partir de la adquisición de derechos civiles (XVIII), políticos (XIX) y sociales (XX), tuvo como efecto la creación de una visión que consideró estas tres condiciones como necesarias y suficientes para integrar una comunidad política. El efecto, afirmaron, fue la visión alrededor de una ciudadanía pasiva, con baja participación e incidencia en la esfera pública, y nulas responsabilidades.
En Colombia, una discusión alrededor de este concepto tiene plena vigencia. El nuestro es un país que atraviesa el periodo de transición propio del cierre de un prolongado conflicto armado irregular y el inicio de una nueva etapa en la que, si bien no se anula la existencia de conflictos en sí mismos, es posible la superación no violenta de estos. Por supuesto, como todo periodo de transición, este supone dificultades, eventuales retrocesos, y fuerzas políticas que se resisten a los cambios.
Pese a todo esto, es innegable que la suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera trajo consigo un nuevo horizonte político y la posibilidad de construir un sentido de comunidad política diferente. La manifestación tangible de esto es el cambio de los temas alrededor de los cuales gravitala agenda política nacional: situación económica, empleo, salud, seguridad urbana, y corrupción, son los temas que, aunque añejos, han cobrado relevancia entre la opinión pública. El efecto es concreto: pese a la persistencia de la violencia en algunas regiones, la centralidad del conflicto armado irregular despareció.
Este nuevo horizonte ha requerido de un agenciamiento político en el que la ciudadanía ha sido el factor decisivo, no obstante su variada manifestación. Pasar de 6.377.482 de votos a favor de la paz el 02 de octubre en 2016, a 8.034.189 por una candidatura de izquierda que por primera vez alcanzó segunda vuelta, para llegar a los 11.520.676 de votos alcanzados el pasado 26 de agosto muestra, aunque sea de manera no homogénea, la evolución política y capacidad de movilización libre e independiente de la ciudadanía.
La movilización social es otra manifestación de este nuevo horizonte político. No sólo aumento en número, sino que, de acuerdo con las cifras de la Fundación Ideas para la Paz, la protesta social adquirió un carácter menos violento y con mayor disposición al diálogo. Las movilizaciones sociales pasaron de 294 en 2013 a 561 en 2016, siendo el Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia y Bolívar los lugares en los cuales se concentró la mayor movilización social, y las concentraciones, marchas y manifestaciones artísticas los repertorios de protesta que más han crecido en relación con los bloqueos y manifestaciones que derivan en violencia.
La movilización en defensa de los acuerdos de paz una vez derrotado el Sí en el plebiscito en 2016, el paro cívico que se realizó entre el 16 de mayo y el 7 de junio en Buenaventuray el paro del magisterio que duró 37 días, ambos en 2017, así como las concentraciones del pasado 06 de julio a raíz de los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, muestra la revitalización ciudadana y el crecimiento de las agendas que se apartaron de esa centralidad que significa la existencia de un conflicto armado irregular y en el que la persistencia de condiciones de inequidad, pobreza, la ausencia de condiciones básicas de salud, educación y servicios públicoshan adquirido pleno sentido como bandera colectiva.
Visto en ese contexto y en esa nueva perspectiva que trajo consigo la firma del acuerdo de paz es que, pese a no pasar el umbral por un apretado margen, la Consulta Anticorrupción constituye un avance significativo en el largo plazo. Por supuesto, en esto también hay que hacer un ejercicio pedagógico, justamente, entre esa ciudadanía activa y libre que se viene manifestando electoral y mediante la protesta social, esa misma que puede permitir la construcción un nuevo pacto ético, social y político que nos permita superar, no sólo la polarización de la que tanto se ha dicho, sino el viejo país que se cimentó entre la cultura del narcotráfico, las prácticas clientelistas, y la alternancia liberal – conservadora.
Un nuevo país está surgiendo, y aunque este no sea irreversible y quienes promueven la violencia busquen retornar al pasado, persistir en este camino nos puede llevar a la recuperación social necesaria que privilegie la vida y el bienestar para las mayorías. En ese nuevo horizonte, será necesario que las ciudadanas activas, las mismas que recuperaron la plaza pública, el voto informado y programático, la manifestación social consciente, crezca en amplitud y extensión. La paz no está al final del camino, es el camino en sí mismo. Contribuyamos, quienes creemos en la democracia, en esa nueva perspectiva en 2019.
