Es un gran enredo político el que se crea luego de las decisiones del Consejo de Estado, que en un mes mantuvo a Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta, y declaró la nulidad de la elección del senador Antanas Mockus (por ser representante legal de Corpovisionarios, organización que contrató con el Estado poco antes de su elección), y de la representante Ángela María Robledo (por no renunciar un año antes a su curul por Alianza Verde para ser candidata vicepresidencial de Petro, y luego terminar en el congreso).
Por supuesto, esto ha generado un aire de persecución en la oposición que manifiesta sentirse acosada por decisiones que aparentemente se pasan por la faja a otros políticos, mientras a los opositores les interpreta la ley con toda su fuerza.
Pero, considero que detrás de estas decisiones hay un tema mayor, pues al sentarse a escuchar las diferentes interpretaciones jurídicas y políticas del tema, sale a relucir un tema común: Colombia necesita urgentemente una Reforma Electoral.
No es un argumento que intente justificar más leyes en el país del extremo santanderismo, es más bien la organización y coherencia de ellas.
Esto ocurre porque la desinstitucionalización del país a la que tantos temen, o afirman desde hace décadas que ocurre, es también consecuencia del desorden producido por un gran número de leyes que nacen a enfrentarse con el ordenamiento jurídico vigente, a manera de prueba y error, y que en lo político no guarda las prioridades de esas mismas leyes que todos los gobiernos dicen respetar hasta la saciedad.
Debo aclarar primero, que lo pertinente hoy, es acatar y respetar los fallos, sin importar la bandera y afinidad política que representen, y que contrario a lo que muchos piensan, Colombia se caracteriza en la región por un juego de poder que tiende bastante por la formalidad jurídica, como el respeto a la sentencia de la Corte Constitucional para evitar una segunda reelección de Uribe, el respeto a la existencia de la JEP a la que se ataca a través de otra formalidad jurídica como lo son las objeciones, y además, el respeto a las Cortes (imperfecto, pero respeto a sus decisiones al menos), mientras en otros países vecinos un choque de trenes puede significar la disolución de las mismas, aquí han perdurado casi tal cual, como se pensaron en la Constitución de 1991.
Reforma urgente
El caso de Mockus tiene una particularidad, y es que no prospera por pérdida de investidura, pero si por nulidad, con decisiones enfrentadas de dos salas del mismo Consejo de Estado, mientras el caso de Ángela María Robledo, es aún más particular, pues se trata de una persona que no se presentó a una elección al Congreso, pero que al resultar beneficiada con una curul por llegar a segunda vuelta presidencial con Petro, se le aplican las inhabilidades como a otros congresistas, lo que en resumidas cuentas, es un trampolín de interpretación jurídica muy debatible, más aún cuando el Estatuto de la Oposición por el que obtuvo su curul, no estaba vigente al momento de presentarse a la elección, así que ella no podía prever esa inhabilidad, máxime podía respetar (como lo hizo) las inhabilidades constitucionales para presentarse al cargo de vicepresidenta.
A propósito del Estatuto de la Oposición, este es otro caso de completo desorden jurídico, pasaron más de 25 años luego de ordenarse su creación en la constituyente, para que, al fin gracias al Acuerdo de paz con las FARC la clase política se pusiera de acuerdo en materializarlo.
La reforma es urgente, necesitamos aclarar todos estos choques del nuevo Estatuto con las demás normas que contemplan las inhabilidades, y las sanciones a su incumplimiento, es necesario reglamentar las inhabilidades contempladas en la constitución y en la Ley 1745 de 2011 (otra perla que no está reglamentada), y por supuesto, al trámite de la nulidad en el Consejo de Estado.
El Consejo Nacional Electoral no se salva, tan politizado y cooptado, requiere una reforma que siempre se ha trancado, y que debe incluir un consenso con las altas cortes, y finalmente, se debe frenar la escapada de candidatos a la recolección de firmas que generan costos al Estado, cuando al final reciben el aval de su partido político de origen, sin atentar claro está, con los independientes que quieran acceder sin ese apoyo.
Podría continuar con este desorden todo el día, pero para revertirlo a futuro, necesitamos una reforma, que no agregué más procedimientos, sino que los ordene para aclarar estos casos.
