En días pasados la Comisión Quinta del Senado, dio trámite en su tercer debate al proyecto de Ley 026 de 2019, “Por el cual se establecen mecanismos para promover la participación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos”, es una noble iniciativa que busca hacer justicia con nuestros campesinos colombianos.
Es decir, lo que se busca con éste proyecto es el fortalecimiento de la agricultura familiar y de las organizaciones campesinas, donde tengan mayor rentabilidad en la producción de alimentos, reducción en los gastos de transporte y por supuesto aumento en las ganancias de los productores.
Toda esta cadena de buenas prácticas, sin duda, favorecerá la asociatividad de las organizaciones, donde la planificación y la mejora en los procesos de producción de alimentos serán indispensables a la hora de ofertar los productos.
Pero además de todo esto, se aprobó una proposición muy importante, la cual pasa del 10 al 30% la compra de alimentos en programas institucionales del Estado, es decir, que por Ley todas las instituciones deberán comprar a las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria.
Hoy la demanda institucional es de $2,5 billones. A partir de esta norma, todas las entidades del Estado, las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, privadas y sociedades de economía mixta que desarrollen programas en que se ofrezcan o dispensen alimentos estarán en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios en un porcentaje del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.
Además, deberán, diseñar o adecuar minutas alimentarias y menús teniendo en cuenta el enfoque cultural y los hábitos alimentarios de la población de cada zona geográfica para la compra pública local de alimentos. Hay que aclarar, que todos los menús y minutas deberán priorizar el consumo de productos locales provenientes de los pequeños productores y de productores pertenecientes a la Agricultura Campesina, Familiar, o Comunitaria y sus organizaciones solidarias con enfoque diferencial.
El pago de los alimentos adquiridos será de contado y contra entrega del producto, para facilitar la dinamización de la economía en las regiones, hay que advertir también que harán planes pedagógicos y de seguimiento territorial en muchos aspectos como seguridad y soberanía alimentaria, agroecología y producción sostenible, prevención de pérdida y desperdicio de alimentos, formación en comercio justo y consumo responsable, fortalecimiento en el cumplimiento de normas para la comercialización y manejo de productos alimenticios, organización, gestión, logística, mercadeo, y financiación de proyectos agropecuarios, es decir, es una iniciativa integral, que además de estimular la compra del producto, motivará a nuestros pequeños productores y campesinos a volverse empresarios del campo, a innovar, a generar empleo y a impulsar un relevo generacional.
Entonces, es un avance muy significativo y un gran paso hacia esa justicia social con el campesinado colombiano y sobre todo con los pequeños y medianos productores, tan golpeados siempre por las malas políticas públicas agrarias.
Otras bondades importantes que contempla el proyecto que está a sólo un debate de ser Ley de la República, es que permite la participación de los pequeños productores agropecuarios, indígenas, afros o raizales cuyo sistema productivo pertenezca a la Agricultura Campesina Familiar o Comunitaria.
Nuestros campesinos, esos doce millones de hombres y mujeres que habitan la gran ruralidad colombiana y quienes todos los días de sol a sol labran la tierra para garantizar la seguridad alimentaria en los hogares de nuestro país, son verdaderos héroes, a ellos les debemos mucho. Y es momento de retribuirles su gran aporte a la Nación.
Esta es una iniciativa promovida por la Mesa Nacional de compras públicas, integrada por más de 30 instituciones y organizaciones y el programa #MesoAméricaSinHambre, en alianza con el Frente Parlamentario Contra el Hambre, por su puesto con el acompañamiento valioso de la FAO en Colombia.
Estaremos atentos al desarrollo del último debate, para que esta iniciativa salga adelante de manera exitosa y haga justicia con millones de colombianos que dependen su sustento del labrado de la tierra en todos los rincones de nuestro país.
