Las consultas populares se han convertido en el mecanismo de defensa de los municipios contra las consecuencias de la minería en sus territorios, pero también amenazan con frenar la exploración y producción de petróleo en el país.
Es cierto que muchos municipios mineros o petroleros se quedaron con el pecado y sin el género: con los perjuicios ambientales y sociales y sin solucionar sus necesidades básicas, como salud y acueducto. Sin embargo, si la riqueza minera y petrolera no sirvió para que esos municipios salieran de la pobreza, no es culpa del petróleo ni de la minería sino de los corruptos que se apropiaron de esa riqueza.
A la fecha 2 municipios le han dicho que no a la explotación de hidrocarburos en su territorio (Tauramena, Cumaral), 4 han rechazado la minería (Pijao, Cajamarca, Cabrera y Piedras) y otros 2 (Arbeláez y Jesús María) se oponen tanto al petróleo como a la minería). Además otros 36 municipios están preparando consultas populares cuyo resultado también se prevé contrario a los proyectos mineros o de hidrocarburos.
Hay todo un debate constitucional sobre si la decisión sobre los proyectos de petróleo o minería corresponde a los municipios o a la Nación, pues la Corte ha señalado que la participación ciudadana es un derecho fundamental que debe garantizarse en todas las etapas del proceso minero, pero también ha establecido que el proceso participativo debe ser bien informado.
Sin entrar en honduras jurídicas, hay un aspecto fundamental de la participación que hasta ahora ha sido ignorado: las consultas son un derecho, pero también imponen deberes y tienen consecuencias. Por eso cuando se pregunta a los ciudadanos si dicen Si o No a una decisión –por ejemplo a la explotación de petróleo- también se les debe informar de las consecuencias de esa decisión
¿Cuáles deben ser las consecuencias de decidir no ser un pueblo petrolero? Por lo menos dos. La primera, que se debe renunciar a recibir regalías de hidrocarburos producido en otros municipios. Sería absurdo e injusto que un municipio no quiera asumir los costos de la actividad petrolera –que los tiene pero son controlables-, pero si espere que otros municipios asuman esos costos y le compartan las regalías y otros beneficios sin ninguna contraprestación.
Ahora bien, si la decisión de no permitir la explotación de hidrocarburos la toman todos los municipios de Colombia, ninguno tendrá que asumir esos costos, pero como en el clásico dilema del prisionero, tampoco habrá regalías para ninguno.
La segunda consecuencia es más radical, pero totalmente lógica. Si un municipio rechaza la producción hidrocarburos en su territorio debe entenderse que rechaza también el consumo de gasolina, diesel y gas, y por lo tanto a los municipios que han dicho No en las consultas no debería volver a despachársele ninguno de esos combustibles y deben volver a los vehículos de tracción animal, a cocinar con leña o a buscar fuentes de energía alternativa.
De nuevo es absurdo e injusto que, por razones políticas, ambientales o étnicas, en un territorio se quiera prohibir una de las etapas de la producción de combustibles, la perforación y explotación de los pozos, pero se quiera utilizar y gozar de los beneficios del producto final pasándole la factura de los costos de la producción a otros municipios.
Las consultas populares son un derecho fundamental pero se deben asumir sus consecuencias. Hay que recordar que un principio esencial de la Constitución es que mi derecho de dar un puño llega hasta donde empieza la nariz del otro.
