Por enésima vez la corrupción vuelve a ser el tema que nos llama a escándalo y genera aspavientos durante un día.
Pero nada cambia. La percepción de la ciudadanía mejora pero las prácticas para combatir el flagelo no producen resultados. Se trata de un fenómeno sistémico con el cual armónicamente convivimos y que permea toda nuestra vida social.
Mientras multitudes salen a las calles en Latinoamérica y en el resto del mundo para protestar contra los corruptos, aquí se convocan movilizaciones a través de las redes sociales y se publican páginas enteras de periódico para desprestigiar a los jueces e impedir que la justicia opere y que la conducta de los sindicados “excelentes” pueda ser escrutada por la jurisdicción competente.
Es de tales dimensiones y llega a tan elevadas esferas la corrupción que el acceso a la primera magistratura del Estado parece fungir como trampolín para terminar en prisión. Luis Inacio Lula da Silva batalla detrás de las rejas para lanzar su candidatura a la presidencia. En Panamá Roberto Martinelli está preso, Dilma Roussef fue apartada del cargo, Pedro Pablo Kuczynski se vió forzado a renunciar, Ollanta Humala y su esposa luego de meses de prisión están siendo enjuiciados en libertad, los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes y Francisco Flores resultaron procesados al igual que los ex primeros mandatarios de Costa Rica Rafael Angel Calderón y Miguel Angel Rodriguez, Alejandro Toledo lleva meses prófugo de la justicia y Alan García está siendo investigado junto con Toledo y Kuczynski por lavado de activos. Mariano Rajoy fue despojado de su investidura por un escándalo de corrupción en su partido.
Pero aquí ni la corrupción ni el delito comportan consecuencias políticas. Aunque Procurador, Fiscal y Contralor en Colombia no cesan de denunciar las prácticas perversas que terminan por sustraer billones de recursos públicos destinados a cubrir las necesidades vitales relacionadas con la salud de lo alimentación de los niños, la salud y la infraestructura, la verdad es que a nuestros electores les importa muy poco, los deja indiferentes. De no ser cierta esta afirmación ¿cómo se explica que los colombianos acaben de reelegir en cuerpo ajeno al gobierno más corrupto de la historia de la República?
Sumidos en una polarización que no permite razonar, entre el odio y el revanchismo alimentado contra las FARC, el abismo ético cavado por el narcotráfico, la falta de justicia y la desconfianza en las instituciones, la cultura del atajo, y las profundas desigualdades e inequidades que nos agobian, la corrupción campea como telón de fondo del acontecer cotidiano sin incomodar verdaderamente a nadie.
Qué otro país puede vanagloriarse de haber reinstalado en el poder y con más de 10 millones de votos a un partido que, por delitos cometidos entre 2002 y 2010, vio ingresar a la cárcel a: tres ministros: Andrés Felipe Arias, (Agro Ingreso seguro) Sabas Pretelt y Diego Palacios, por corrupción a congresistas para conseguir la reelección presidencial; a dos exdirectores del DAS, Jorge Noguera condenado a 25 años y María del Pilar Hurtado a 14 respectivamente, por sus nexos con el paramilitarismo y las chuzadas ilegales a la Corte Suprema de justicia y a políticos y periodistas.
¿En cuál otro lugar del planeta funcionarios de tan alto rango como Bernardo Moreno y Alberto Velásquez, Secretarios de la Presidencia, han sido condenados a 8 y 5 años de cárcel por chuzadas y corrupción de parlamentarios, sin que los votantes de su sector político expresen la más mínima sensación de repudio?
¿O dónde más pueden pasar de agache, sin repercusiones en los guarismos electorales, figuras tan representativas de un gobierno como Mario Uribe (7 años y seis meses de prisión por sus nexos con Salvatore Mancuso), Luis Guillermo Giraldo, promotor de la segunda reelección presidencial o militares de la más alta graduación como el general (r) Flavio Buitrago Delgadillo, condenado a 9 años de prisión por haber recibido dineros de narcotraficantes o el edecán presidencial general Mauricio Santoyo, quien confesó su apoyo a paramilitares y purga una pena de 13 años en los Estados Unidos.
Paramilitarismo, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, grandes males que durante decenios han atenazado al país, vertido ríos de sangre y provocado destrucción y muerte a cientos de miles de nuestros compatriotas.
Ahora mismo el Centro Democrático que viene por todo, se está jugando a fondo para quedarse con la Contraloría General. La elección se ha convertido en un sainete. Para qué sirve la escogencia de candidatos por medio de un proceso de selección que aunque corra a cargo de una prestigiosa universidad a todas luces no es objetivo ni está basado en la meritocracia porque allí ya están legitimados y en primera fila aquellos que por sus ejecutorias no deberían estar en la lista de los elegibles y nadie ignora que al final el Congreso terminará votando por el nombre que está cantado desde el principio y cuya elección como con meridiana precisión lo expresó el Contralor saliente Edgardo Maya podría significar “poner a un corrupto a manejar la Contraloría,” que “ es lo mismo que nombrar de director de un jardín infantil a un violador”.
